Una modificación de Sánchez en la ley VioGén favorece las denuncias falsas: «Que se pasee por un juzgado»

El Ministerio de Interior tiene registrados en el Sistema VioGén 104.187 casos activos de víctimas de violencia de género, de los que 53.866 son con menores a cargo, según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Respecto a las denuncias, tal y como consta en el último informe elaborado por el Consejo del Poder Judicial, en 2024 se registraron un total de 199.094, lo que supone un aumento del 48 % respecto al año 2018.

Aunque el Gobierno achaca este aumento de denuncias a las medidas sociales y de concienciación sobre la violencia de género que ha elaborado el Ejecutivo en los últimos años, la realidad es que a través de modificaciones de las leyes y de reales decretos, el Gobierno que lidera Pedro Sánchez ha favorecido la proliferación de denuncias falsas o instrumentales, tal y como han denunciado a este medio abogados especializados en la temática.

En primer lugar, el Real Decreto 664/2024 de 9 de julio, por el que se regulan las ayudas económicas a víctimas de violencias sexuales, y por el que se modifica el Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, señala que las mujeres víctimas de violencia de género pueden acceder a subvenciones ya no únicamente con la sentencia condenatoria del agresor, sino que simplemente con la presentación de la denuncia o de la orden de protección basta para percibir esta entrega dineraria sin contraprestación.

Según reza el texto legislativo, promulgado en 2024 bajo el liderazgo de Sánchez, «se acreditarán mediante una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien mediante el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género», señala la ley.

Asimismo, también podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente o por cualquier otro título. Esto se traduce en que no es necesaria ni la sentencia condenatoria y la denuncia para que una mujer pueda acceder a las ayudas por violencia de género.

Por otro lado, el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, incluye también ciertos beneficios para las víctimas de violencia de género.

«Las personas que hayan agotado la duración máxima del subsidio que en cada caso corresponda por ser víctimas de violencia de género o sexual, podrán acceder de nuevo al mismo si lo solicitan, acreditando cumplir los requisitos exigidos, una vez transcurridos tres o más años desde el nacimiento del primer derecho a la renta activa de inserción como víctima de violencia de género», señala la norma.

Denuncias instrumentales

Carmen Sánchez Durán, abogada en ejercicio desde hace más de 30 años, especializada en violencia de género y familia, ha explicado en declaraciones a El Debate que «lo que llevamos viendo en los últimos años es que hay un incremento de las denuncias de violencia de género que se pueden llamar instrumentales, es decir, que lo único que quieren conseguir no es la condena del agresor, sino también obtener un beneficio simplemente por el hecho de estar en este procedimiento judicial», sentencia esta letrada.

Lo que habría que hacer es un seguimiento de esos procedimientosCarmen Sánchez DuránAbogada especializada en violencia de género

Esta experta sostiene que no solo obtienen beneficios económicos, sino también tanto en oposiciones como en planes de empleo. «Lo que habría que hacer es un seguimiento de esos procedimientos que se inician en las comisarías y en la Guardia Civil y ver cómo concluyen», expresa Sánchez Durán.

Asimismo, insta al poder legislativo y ejecutivo «a que se pasee por los juzgados o se pase por la Policía Nacional, por la UFAM o por la Guardia Civil para que vea el perfil de muchas de estas mujeres que denuncian delitos de violencia de género».