La UE aprueba una normativa contra la moda rápida y el desperdicio alimentario

El Parlamento Europeo dio luz verde este martes, en Estrasburgo, a una nueva legislación destinada a frenar el despilfarro alimentario y los residuos textiles, con especial atención a aquellos vinculados a la moda rápida, es decir, la producción masiva y de bajo coste, mayoritariamente procedente de China.

Sin introducir modificaciones, la Eurocámara ratificó de forma definitiva el texto previamente negociado con los Estados miembros, consolidando así un acuerdo que fija metas obligatorias para los países de la Unión Europea (UE) en la reducción de desechos, aunque sin detallar las medidas que deberán aplicarse.

Según los datos aportados por la propia UE, cada ciudadano europeo genera anualmente una media de 130 kilogramos de residuos alimentarios y aproximadamente 15 kilogramos de residuos textiles. En este último ámbito, el reciclaje es prácticamente inexistente.

El nuevo marco normativo establece que, para el año 2030, cada Estado miembro deberá haber recortado en un 30 % los desperdicios alimentarios generados por la distribución, el sector de la restauración y los hogares. Además, se exige una disminución del 10 % en los residuos originados en los procesos de transformación y producción de alimentos, tomando como referencia los niveles anuales registrados entre 2021 y 2023.

A fin de cumplir con estos objetivos, que resultan menos exigentes que los propuestos hace año y medio en la primera lectura del texto, los gobiernos nacionales dispondrán de libertad para diseñar estrategias de prevención adaptadas a las características de su respectivo sector agroalimentario.

«La idea es adoptar soluciones específicas (...) valorizar las frutas y verduras ‘feas’ [que la gran distribución no pone en sus estantes], aclarar el etiquetado, donar los productos no vendidos pero aún consumibles» a los bancos de alimentos y entidades benéficas, explicó la eurodiputada polaca Anna Zalewska (ECR), autora del informe legislativo.

Pese a ello, la normativa no impone ninguna obligación específica al sector agrícola, lo que ha suscitado críticas por parte de varias organizaciones no gubernamentales, como WWF, que han lamentado esta omisión.

La nueva legislación también modifica una directiva vigente desde 2008 relativa a los residuos, incorporando por primera vez la industria textil en el marco normativo. Así, conforme al principio de «quien contamina paga», las empresas textiles deberán responsabilizarse de la recogida, clasificación y reciclaje de las prendas una vez finalizado su ciclo de vida, así como de los costes derivados de dicho proceso.

Será, no obstante, competencia de cada Estado miembro determinar el alcance y las condiciones económicas de las obligaciones que deberán asumir los productores en esta materia.