Los médicos se han mostrado muy críticos con el registro de objetores del Gobierno.
El Colegio de Médicos de Madrid rechaza el registro de objetores por vulnerar derechos fundamentales y la libertad de conciencia
El Colegio hizo un llamamiento a las autoridades competentes para que reconsideren esta iniciativa, apelando a su responsabilidad institucional
Desde el Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) se ha manifestado una firme oposición a una propuesta que, según la institución, supone una amenaza directa contra el derecho a la objeción de conciencia, un principio consagrado tanto en la Constitución Española como en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. A juicio del Colegio, este derecho constituye un pilar esencial de la libertad individual y profesional, que debe poder ejercerse sin temor a represalias, señalamientos ni discriminación.
El presidente del ICOMEM, el doctor Manuel Martínez-Sellés, expresó su preocupación ante esta medida, advirtiendo de sus posibles consecuencias. En este sentido, señaló que «obligar a los médicos a inscribirse en una lista por razones éticas o de conciencia sienta un peligroso precedente». Según recalcó, «este tipo de medidas no solo atentan contra los principios constitucionales, sino también contra la ética médica y los códigos deontológicos que rigen nuestra profesión». Con estas declaraciones, el responsable del Colegio pone de relieve el profundo malestar que esta iniciativa ha generado entre los facultativos.
En su comunicado, el ICOMEM recordó que el derecho a la objeción no se limita a la negativa a realizar determinadas intervenciones que contradigan los valores o creencias del profesional sanitario. También implica la garantía de que ejercer dicho derecho no dará lugar a consecuencias adversas. Por ello, alertan de que cualquier mecanismo que facilite el señalamiento, la coacción o la discriminación de los médicos objetores resulta inaceptable en un Estado de derecho.
Asimismo, la corporación médica madrileña subrayó que la propuesta en cuestión podría abrir la puerta a una politización de la medicina, utilizando a los profesionales sanitarios como instrumentos de una agenda ideológica, en lugar de preservar su independencia y compromiso con el paciente. Esta instrumentalización, según denuncian, supondría un serio riesgo para la autonomía profesional y la integridad del acto médico.
En este contexto, el ICOMEM quiso reiterar su compromiso con la defensa de la libertad de conciencia, la autonomía profesional y el respeto a los derechos fundamentales de todos los médicos. Una postura que, en sus palabras, responde a la necesidad de mantener la confianza en el sistema sanitario y garantizar que los profesionales puedan ejercer su labor con plena libertad y respeto a sus convicciones.
Por último, el Colegio hizo un llamamiento a las autoridades competentes para que reconsideren esta iniciativa, apelando a su responsabilidad institucional. En su declaración, exhortó a los responsables políticos a actuar con prudencia y a establecer un marco normativo que garantice el respeto y la protección de todos los profesionales sanitarios, sin exclusiones ni imposiciones. De este modo, aspiran a preservar un entorno donde los médicos puedan ejercer su vocación con dignidad, sin verse sometidos a presiones externas ni cuestionamientos por motivos de conciencia.