Fuga de sanitarios y financiación de la universidad

Es conocido el dato del constante goteo de profesionales del campo de la salud, que cada año abandonan España para irse a trabajar a otros sistemas sanitarios en busca de mejores condiciones, y no sólo salariales. En 2023 se registraron 1.473 solicitudes de certificados de buena conducta para trabajar en el extranjero, emitidos por el Consejo General de Enfermería. Esa cifra bajo a 1.134 en el año 2.004, pero entre enero y junio de 2025, ya se han registrado más de 1.000 solicitudes de enfermera/os españolas que desean trabajar fuera de España, que nos va a llevar a el año con mayor número histórico de emigraciones sanitarias.

En el caso de los médicos la cifra baja, aunque sigue siendo preocupante. En 2023, cerca de 500 médicos solicitaron el certificado de idoneidad profesional, y fueron dados de baja en sus colegios para trabajar en el extranjero. En 2024, estas bajas descendieron a 395 tras el trámite del certificado, según datos oficiales del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

Estos datos permiten realizar dos tipos de reflexiones. La primera, la que podría resultar más inmediata, es la que denota la precariedad de nuestro sistema sanitario en cuanto a condiciones laborales, que hace que perdamos profesionales en uno de los servicios públicos más esenciales de nuestro sistema. Lo primero que a una persona con sentido común le vendría a la cabeza, es que hay que reordenar las prioridades de gasto de nuestras administraciones públicas, y debe priorizarse el gasto en lo esencial, dejar en un segundo plano lo accesorio, y eliminar el superfluo, sobre todo cuando tiene una naturaleza clientelar o electoralista. Analizar la eficacia y eficiencia de nuestro gasto público, y sobre todo ejecutar decisiones coherentes con ese análisis, es una grave asignatura pendiente de nuestra política.

La segunda línea de análisis tiene que ver con la financiación de la universidad española. Debe repararse en que aproximadamente el 80 % de esos 2.000 profesionales de la salud que cada año vuelan de nuestro sistema sanitario, han estudiado en universidades públicas españolas, y que el 90% de los costes de sus estudios son sufragados por todos los contribuyentes, lo que, a «grosso modo», cada año puede suponer que vuelen de nuestro sistema sanitario, profesionales cuyos costes de formación han supuesto para las arcas públicas españolas (mayoritariamente de las CC.AA.), no menos de 100 millones de euros.

Si se cambiara el modelo de financiación de la docencia de la universidad pública en España, y se pasará de financiar a la universidad, a financiar directamente a los alumnos, mediante préstamos avalados por las CC.AA., y contingentes a la renta, es decir: que sólo devolvieran los alumnos, una vez que comenzaran a tener ingresos, y sólo cuando superaran un cierto umbral (devolución, por ejemplo, de un 10% de los ingresos que superen los 22.000 euros anuales), no solo las universidades públicas aumentarían enormemente su capacidad de obtener ingresos (la contrapartida de que la financiación fuera los alumnos directamente, sería el que las universidades públicas podrían cobrar tasas mucho más elevadas, que cubrieran los costes reales de la docencia), sino que la competencia entre ellas se incrementaría, y además, se paliaría el enorme problema de inversión baldía que lleva consigo la fuga de profesionales, que por otro lado, en su derecho están.

Si, además, se extendiera este sistema de préstamos contingentes a la renta a los alumnos de las universidades privadas, no solo se conseguiría incrementar mucho más la competencia interuniversitaria, con todos los grandes beneficios que ello supondría de lucha por la innovación, y por la mejora de los servicios universitarios, sino que además permitiría, el que alumnos que se quedan sin plaza en determinadas universidades públicas, pudieran cursar su carrera en una privada sin necesidad de recurrir a un préstamo convencional, si es que está al alcance de sus familias, claro está. Este es el modelo que siguen muchos sistemas universitarios anglosajones. El sistema inglés (el resto de los países del Reino Unido lo han hecho parcialmente) adoptó este modelo plenamente en el año 2012, año en el que cambio el sistema de financiación de la docencia, pasando de las universidades a los estudiantes.

Pero para afrontar este tipo de cambios tan drásticos en España se requiere no solo visión de futuro, sino sentido de Estado, capacidad de consenso, superando polarizaciones y electoralismos, y además mucho coraje para combatir todas las resistencias que indudablemente este tipo de cambios podría originar.

Fernando Lostao Crespo es doctor en Derecho y profesor de la Universidad CEU San Pablo