El Gobierno tiene que gastar 71 millones para solventar los fallos de las pulseras antimaltrato que negó

El Consejo de Ministros, a petición de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha aprobado un acuerdo para modificar los límites de gasto y así poder contratar el servicio del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual, conocidas como las pulseras antimaltrato.

Este nuevo contrato, cuyo coste asciende a 71.369.269,41 de euros, surge después de que la Fiscalía General del Estado alertase en su memoria correspondiente al año 2024 de fallos en las pulseras telemáticas, que dejaron a las mujeres desprotegidas durante meses y provocaron el sobreseimiento y archivo de numerosas causas.

Además, cabe destacar que desde el Gobierno, en concreto desde el Ministerio de Igualdad, del que depende el sistema de seguimiento, se negaron en primera instancia los fallos en las pulseras, que posteriormente fueron reconocidos, pero aclarando que el problema estaba solventado. Según ha podido comprobar El Debate a través de usuarios del sistema, las pulseras, a día de hoy, siguen fallando.

El periodo de ejecución del contrato abarcará los ejercicios 2026 a 2029. El precio final se divide en tres partidas diferentes, correspondiendo 59.280.321,89 euros al servicio integral del sistema de seguimiento correspondiente al servicio de explotación de sistema, al servicio de telecomunicaciones y al servicio de operación, así como instalación, desinstalación y mantenimiento de sets de dispositivos electrónicos y los restantes 12.088.947,52 euros a la adquisición de nuevos dispositivos.

Asimismo, otros 2.847.485,28 euros irán destinados a prórrogas de contratos de prestación de servicios, actualmente en vigor, relativos, entre otros, al portal estadístico, al mantenimiento de aplicaciones y a servicios de creatividad, para los ejercicios 2026 y 2027.

Los 50 millones de Montero

En noviembre del año 2023, con el Ministerio de Igualdad todavía bajo el liderazgo de Irene Montero, se adjudicó este mismo contrato a Vodafone por 50.075.078,29 euros. El Debate informó ya en julio del año 2023 que la licitación se produjo después de que la que fuera delegada del Gobierno en Violencia de Género, Victoria Rosell, emitiera un certificado en el que admitía que «la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género carece de los medios personales necesarios para la prestación del servicio del sistema de seguimiento por medios telemáticos».