Adolescente con un teléfono móvil
El Consejo de Europa contradice a Sánchez y aboga por no prohibir las redes sociales a los menores
«Insto a la cautela al imponer prohibiciones generales. El enfoque de restringir el acceso no debe desviar la atención de garantizar que las plataformas respeten los derechos humanos», señaló
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, abogó este lunes por que las plataformas que controlan las redes sociales «rindan cuentas» y modifiquen sus algoritmos, antes de plantearse prohibir el acceso a niños y adolescentes, como se pretende en ciertos países, como en España.
«Insto a la cautela al imponer prohibiciones generales. El enfoque de restringir el acceso no debe desviar la atención de garantizar que las plataformas respeten los derechos humanos», señaló O’Flaherty, en un comunicado.
El comisario realizó estas declaraciones cuando ciertos países europeos quieren prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años.
Francia, por ejemplo, está en proceso de aplicar esa prohibición, que entraría en vigor a partir del próximo 1 de septiembre, a falta de un voto en el Senado, tras la luz verde de la Asamblea Nacional francesa.
El responsable de Derechos Humanos del Consejo de Europa dijo compartir los motivos para ese veto (evitar a los niños contenidos violentos, sexuales o angustiantes, el engaño pederasta o la desinformación), pero alegó que una simple prohibición exime de su responsabilidad a las plataformas que gestionan las redes.
«Los Estados deberían exigir a las plataformas que prevengan y mitiguen los riesgos para los derechos de la infancia desde su diseño y por defecto, y hacer que las plataformas rindan cuentas por sus fallos», subrayó O’Flaherty.
El comisario celebró la Ley de Servicios Digitales (DSA) promovida por la Comisión Europea -que incluye sanciones para las plataformas incumplidoras- y demandó «una regulación integral» de los algoritmos que manejan las redes y que llevan a sus usuarios menores a contenidos potencialmente nocivos.
«Antes de considerar una prohibición, los gobiernos y parlamentos deberían hacer una pausa y actuar con cautela. Deberían consultar a expertos, a la sociedad civil y a los propios niños, y asegurarse de que las propuestas cumplan con los derechos humanos. La fuente del daño radica en el diseño y los incentivos de las plataformas. Ese debería ser el enfoque primordial de la regulación», concluyó.
