El riesgo invisible que nos está fracturando

Durante años hemos hablado de desigualdad como el gran riesgo global de nuestro siglo. Pero hay otro factor que no solo la acompaña, sino que la intensifica: la polarización social. No es una consecuencia anecdótica del debate político; es el resultado de transformaciones económicas, tecnológicas y culturales que están reconfigurando nuestras democracias.

El Global Risks Report 2026 sitúa la polarización social como uno de los principales riesgos sistémicos a corto y medio plazo. No se trata de un mal clima parlamentario. Hablamos de fracturas estructurales que erosionan la gobernabilidad, debilitan la cohesión social y reducen la capacidad de los Estados para planificar a largo plazo.

Aunque este informe tiene una mirada global, España no se ajena a esta dinámica. Los indicadores internacionales la sitúan entre los países con mayores niveles de polarización social, a la altura de Estados Unidos o Colombia. El dato sorprende, incomoda y nos debería obligar a repensar en nuestro contexto: por qué estamos en esta situación.

La polarización no surge en el vacío. Se alimenta de un modelo productivo que cronifica la precariedad, de una vivienda inaccesible para la juventud, de trayectorias laborales intermitentes y de una percepción creciente de que el esfuerzo no garantiza estabilidad. España mantiene una de las tasas de desempleo juvenil más altas de la Unión Europea, una cifra que no solo habla de precariedad económica, sino de incertidumbre vital. Y esto, junto con que más del 60 % de la juventud menor de 34 años viven con sus padres, principalmente debido a ingresos insuficientes e inestabilidad laboral, genera un clima de desencanto generalizado con las instituciones y con los referentes sociales tradicionales.

Cuando amplias capas sociales perciben que las instituciones no ofrecen horizontes de futuro, la desconfianza se convierte en terreno fértil para discursos simplificadores y excluyentes. La polarización es, en muchos casos, la expresión política de una inseguridad material no resuelta.

Este deterioro de la confianza tiene efectos directos sobre la capacidad de impulsar transformaciones estructurales. La transición ecológica, la reducción de desigualdades o la defensa de los derechos humanos requieren consensos amplios y estabilidad institucional. Sin cohesión social, cualquier reforma profunda queda expuesta a bloqueos permanentes.

La tecnología amplifica este escenario. Los algoritmos premian la confrontación y convierten la indignación en modelo de negocio. Pero la tecnología no es neutral ni inevitable: puede utilizarse también para generar participación, acceso a conocimiento y oportunidades económicas si existe voluntad política y orientación pública clara.

Desde la cooperación al desarrollo observamos cómo la polarización agrava las brechas sociales existentes. Los colectivos más vulnerables quedan atrapados entre narrativas enfrentadas que raramente abordan las causas estructurales de su exclusión. Por eso la cohesión social no es un concepto abstracto: es una condición material para el desarrollo.

La tecnología forma parte del problema, pero también puede ser parte de la solución. Proyectos educativos, culturales y digitales bien orientados pueden convertirse en puentes de cohesión. La cuestión no es rechazar la innovación, sino orientarla hacia el fortalecimiento de la igualdad.

En un país donde los indicadores muestran tensiones crecientes, las organizaciones sociales como Ayuda en Acción tenemos una responsabilidad clara: contribuir a reconstruir espacios comunes desde lo educativo y lo cultural, como facilitadores de oportunidades.

Uno de nuestros grandes riesgos es la normalización de la división como forma de convivencia y de negocio. Frente a eso, la cooperación, la inclusión y la defensa de los derechos humanos nos puede abrir un camino de estabilidad, de prosperidad y de futuro.