El CIS refleja una mayoría contra la prostitución mientras el Gobierno sigue bloqueando la reforma

La Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha reclamado al PSOE y al PP que alcancen un acuerdo para poner fin a la prostitución tras conocerse los resultados de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la percepción social de esta realidad en España.

La organización subraya que «Los resultados de la encuesta del CIS interpelan al PSOE y al PP para llegar a un acuerdo que de respuesta a lo que la mayoría de la sociedad española demanda respecto a la violencia de la prostitución, la trata y la pornografía», según declararon a Europa Press. A su entender, los datos evidencian una demanda social clara que debería traducirse en un pacto parlamentario entre las dos principales fuerzas políticas.

El estudio, promovido por el Ministerio de Igualdad a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, indica que el 68,9 por ciento de la población considera que la prostitución es «una forma de violencia contra las mujeres». La encuesta se realizó a 10.019 personas, un volumen que, según las abolicionistas, respalda la relevancia de las conclusiones.

Desde la Alianza sostienen que estas cifras demuestran que la sociedad española «va por delante del Parlamento» y que existe una «mayoría social» que exige actuar contra la prostitución, la trata y la pornografía. En este sentido, recuerdan que la suma de escaños de PSOE y PP permitiría impulsar reformas en esa dirección y apelan a ambos partidos para que respondan a lo que consideran una «demanda mayoritaria de la ciudadanía».

En particular, dirigen su mensaje al PSOE: «El Partido Socialista no puede seguir atado a las imposiciones de una minoría parlamentaria que no quiere actuar frente a una demanda social mayoritaria. Es el momento de que priorice los intereses de la infancia y de las mujeres», recalcan.

Por su parte, la Comisión 8M ha expresado una posición distinta. En declaraciones a Europa Press, advierten de que la prostitución es «compleja» y que «no puede abordarse de manera simplificadora». A su juicio, el Ministerio de Igualdad estaría incurriendo en esa simplificación «con encuestas que obvian la diversidad de situaciones y problemáticas en las que se ejerce la prostitución».

La Comisión recuerda que en el movimiento feminista han coexistido históricamente distintas posturas, «trabajando siempre desde la diversidad en las múltiples cosas que unen a los feminismos». Además, subraya que el colectivo de mujeres que ejercen la prostitución es «muy diverso» y reconoce la «situación de vulnerabilidad que sufren y las múltiples violencias a las que están expuestas, tanto físicas como institucionales». Añaden que «Muchas de ellas son migrantes, personas trans y no binarias, discriminadas por el racismo, la xenofobia, la transfobia y los discursos de odio. Están altamente desprotegidas y sus derechos son vulnerados, también por las instituciones».

En esta línea, critican el impacto de la legislación sancionadora en materia de seguridad ciudadana, las dificultades derivadas de la Ley de Extranjería y la exclusión de derechos sociales básicos. «Sobre todas estas cuestiones, el Ministerio de Igualdad no hace nada», denuncian.

Asimismo, cuestionan la modificación de las órdenes ministeriales que regulan subvenciones para programas de prevención e investigación de la violencia y apoyo a víctimas de trata, al exigir que las entidades reconozcan que la prostitución constituye una forma de violencia contra las mujeres.

Por último, reclaman la presentación de una Ley integral de Trata y contra todas las formas de explotación, «mil veces anunciada pero nunca presentada», y que se elabo