Los abogados del matrimonio que encerró a sus hijos cuatro años en Oviedo niegan que haya una 'casa de los horrores'

La Audiencia Provincial de Oviedo inicia este martes el juicio contra un matrimonio acusado de haber mantenido a sus tres hijos encerrados durante cerca de cuatro años en su vivienda situada en las afueras de la capital asturiana. El proceso judicial se está celebrando a puerta cerrada por decisión del tribunal, que ha considerado que la gravedad de los hechos y la condición de menores de edad de las víctimas aconsejan preservar su intimidad y evitar posibles perjuicios derivados de la publicidad del procedimiento.

En concreto, la sala ha acordado restringir el acceso al juicio al estimar que una vista pública podría provocar efectos «del todo desfavorables» para los niños. De este modo, se pretende proteger su situación personal y garantizar que el desarrollo del proceso no suponga un daño añadido para quienes han sufrido los hechos investigados.

Los acusados, un hombre alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad alemana y estadounidense, permanecen en prisión provisional desde finales de abril del pasado año. Ambos fueron detenidos el día 28 de ese mes después de que una denuncia presentada por vecinos alertara de lo que ocurría en la vivienda familiar. Dos días después de su arresto, el juez decretó su ingreso en prisión a la espera de juicio.

Según sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación, los progenitores habrían mantenido a sus tres hijos confinados en el interior del domicilio desde diciembre de 2021 hasta abril de 2025. Durante todo ese periodo, los menores –dos gemelos que actualmente tienen ocho años y otro niño de diez– habrían permanecido aislados del exterior debido al temor infundado de sus padres a un posible contagio.

El relato del Ministerio Público describe una situación de aislamiento absoluto. Los padres habrían impedido cualquier contacto de los menores con otras personas, no solo de manera presencial, sino también a través de cualquier medio de comunicación. De este modo, los niños habrían quedado completamente apartados de la vida social, educativa y sanitaria durante años.

La Fiscalía sostiene que esta conducta supuso privar a los menores de aspectos esenciales para su desarrollo. Entre ellos figuran la educación, la atención médica y las relaciones sociales y emocionales propias de la infancia. El encierro prolongado, según se recoge en la acusación, generó una situación de grave desprotección para los tres hermanos.

Como consecuencia de ese aislamiento, los menores nunca llegaron a ser escolarizados en España. De hecho, los dos gemelos no sabían leer ni escribir cuando fueron descubiertos los hechos. Tampoco existía un seguimiento sanitario regular que permitiera controlar su estado de salud o su evolución durante esos años.

Por estos hechos, el matrimonio se enfrenta a penas que, en conjunto, suman 25 años y cuatro meses de prisión para cada uno. La Fiscalía les atribuye delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y detención ilegal, al considerar que el encierro prolongado y las condiciones impuestas a los menores constituyen una vulneración grave de sus derechos y de su bienestar.

Los abogados niegan que haya una casa de los horrores

Los abogados de la defensa de los padres se han mostrado confiados en que «haya un procedimiento absolutorio» para sus clientes, porque han asegurado que consideran que «este asunto debió llevarse por la vía de los servicios sociales, nunca del derecho penal».

«Es una situación muy compleja. No hay ninguna casa de los horrores. Eso no existe. Aquí lo que ha habido es una situación de aislamiento voluntario. Una familia que no ha abandonado a sus hijos, sino todo lo contrario. Se ha volcado en sus hijos de una manera quizás extravagante o heterodoxa, lo podemos llamar, pero desde luego no criminal», explicó el letrado de la madre, Javier Muñoz.

C.S, de 54 años, y M.A.S., de 49, se enfrentan a acusaciones por los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia. Para ellos se pide una pena de más de 25 años de prisión. En declaraciones a los medios antes del inicio del juicio, tanto Muñoz como la letrada del padre, Elena González han indicado que su estrategia de defensa «pasa por exponer un estudio detallado de las circunstancias» por lo que «realmente confían en que va a haber un pronunciamiento absolutorio»

Han explicado que es el caso de «una familia que decidió aislarse desde el mundo por las razones que se verán en el juicio» e insisten en que este caso se debería haber enfocado «desde el principio de una manera gradual a través de los servicios sociales, que son los que tendría que haber intervenido, no la policía, ni siquiera la justicia». «Eso es precisamente lo que se va a tratar de acreditar aquí en el juicio. Ellos no son los delincuentes», han insistido los letrados.