La defensa del matrimonio que encerró a sus hijos en Oviedo niega una detención ilegal y alegan miedo a la covid

La defensa del matrimonio acusado de mantener encerrados a sus tres hijos durante casi cuatro años en una vivienda situada a las afueras de Oviedo sostiene que los hechos no constituyen un delito de detención ilegal. Según su versión, el aislamiento se debió a una decisión voluntaria motivada por el «miedo insuperable» que los padres desarrollaron tras haber contraído el covid-19.

Así lo explicó este miércoles Javier Muñoz, uno de los abogados defensores, a su llegada a la segunda y última sesión del juicio que se celebra a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Oviedo. Durante esta jornada está previsto que declaren los progenitores.

El letrado rechazó además la denominación mediática de «la casa de los horrores» con la que se ha descrito el caso desde que salió a la luz. En su opinión, esa expresión responde a una visión distorsionada de lo ocurrido. «Aquí lo que habido es una familia con comportamiento disfuncional, con un comportamiento anómalo, pero, desde luego, no criminal», afirmó.

La defensa sostiene que el matrimonio, de origen extranjero y con dificultades con el idioma, optó por aislarse voluntariamente en su domicilio tras enfermar de coronavirus. Según el abogado, esa decisión derivó en un confinamiento autoimpuesto en el que los padres optaron por educar a los menores en casa.

En la misma línea, el abogado de la madre aseguró que los progenitores crearon una «célula en la que vivieron aislados», aunque insistió en que los niños no estuvieron detenidos ilegalmente. A su juicio, los menores podían moverse libremente dentro de la vivienda y, por tanto, no se puede hablar de privación de libertad.

Ese aislamiento, añadió, se produjo por un «miedo insuperable e irracional» tras haber contraído la enfermedad y haber permanecido enfermos durante un periodo prolongado. De acuerdo con esta versión, esa situación dificultó además que los padres pudieran regularizar su situación administrativa en España.

La defensa también trató de desmontar la imagen de abandono que, según afirma, se ha trasladado públicamente. El abogado aseguró que los tres menores estaban aseados y «no presentaban malformaciones». Asimismo, sostuvo que el estado de la vivienda no era el que se ha descrito en algunos relatos mediáticos. Según indicó, el domicilio tenía áreas «perfectamente ordenadas» y otras con «mucha acumulación de enseres», algo que, en su opinión, no constituye un delito.

«Es una situación extraordinaria, anómala, extraña, pero no constitutiva de delito. Tener la casa desordenada no es un delito y no escolarizar a los hijos en un centro oficial no es un delito, puede ser una infracción administrativa y puede ser reprochable desde el punto de vista personal o social, pero no jurídico», subrayó el letrado.

Por su parte, la abogada del padre, Elena González, defendió que la vía penal no es la adecuada para abordar un caso de estas características. A su juicio, el proceso judicial ha provocado consecuencias especialmente graves para la familia. «Se ha desmembrado una familia», afirmó.

Ambos abogados coincidieron en señalar que el comportamiento del matrimonio pudo ser «anómalo» o poco habitual, pero rechazaron que se trate de una conducta criminal. «No es una situación ortodoxa, pero, desde luego, no es una situación criminal. Es una cuestión puramente asistencial de una familia con problemas y un comportamiento anómalo», insistieron.

Frente a esta postura, la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el Gobierno del Principado de Asturias, mantienen una acusación muy grave contra los progenitores. Ambos solicitan penas de 25 años y cuatro meses de prisión por delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.

El Ministerio Público sostiene que los padres mantuvieron a sus hijos encerrados entre diciembre de 2021 y abril de 2025 debido a un «miedo infundado a un hipotético contagio». Durante ese periodo, según la acusación, los menores no fueron escolarizados ni recibieron ningún tipo de seguimiento sanitario.

Los tres niños, dos gemelos que entonces tenían ocho años y un hermano mayor de diez, habrían permanecido completamente aislados del exterior. Siempre según la versión de la Fiscalía, se les habría impedido mantener contacto con otras personas, tanto de forma presencial como a través de cualquier medio de comunicación.

Actualmente, los menores se encuentran bajo la tutela del Gobierno asturiano, mientras el tribunal deberá decidir si los hechos constituyen los delitos que sostienen las acusaciones o si, como defiende la representación legal del matrimonio, se trata de un caso de comportamiento familiar anómalo que no encaja en el ámbito penal.