Montero contrató de forma irregular a la clínica abortista a la que Mónica García deriva a las mujeres de Melilla

en el año 2009, cuando la todavía ministra María Jesús Montero ejercía como consejera de Salud de la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud –dependiente de la Consejería que regía Montero– adjudicó de forma irregular un contrato millonario a Atocha Ginecológica SL, clínica abortiva que ahora utiliza la ministra de Sanidad, Mónica García, para derivar a las mujeres de Melilla que quieren abortar.

En concreto, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla anuló en 2009 el procedimiento por el que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) adjudicó a Clínica Triana SL y Atocha Ginecológica SL la gestión del «Servicio de interrupción voluntaria del embarazo» en situación de riesgo, tal y como reveló en su momento El Mundo.

Según el citado juzgado, el proceso por el que ambas clínicas abortivas accedieron al contrato millonario de la Junta de Andalucía se realizó de forma irregular, ya que, a juicio de la Justicia, el único objetivo era beneficiar los «intereses particulares» de los propietarios de las clínicas.

Asimismo, el juez dictaminó que la Administración andaluza actuó «ilegalmente» y acusó al Servicio Andaluz de Salud de utilizar «de forma torcida» su poder. Por otro lado, tachó su decisión de «arbitraria e irrazonable» porque vedaba «toda oportunidad de concurrir a los demás aspirantes y asegurando que el concurso se adjudicase a esas concretas empresas».

Ahora, nueve años después, el Ministerio de Sanidad de Mónica García ha adjudicado a Atocha Ginecológica SL el servicio de interrupción voluntaria del embarazo a pacientes derivadas por la Gerencia de Atención Sanitaria del INGESA en Melilla, tal y como informó recientemente El Debate.

El contrato ha sido adjudicado a esta clínica abortiva de carácter privado por un total de 104.962,7 euros, con un valor estimado de 213.095,28 euros. Según consta en el Pliego de Prescripciones Técnicas, consultado por este medio, el servicio comprende la asistencia de consulta médica, estudio y valoración del facultativo, las analíticas, la técnica de IVE, la gammaglobulina anti-Rh, la monitorización cardíaca sistemáticas, las pruebas ecográficas y el seguimiento posterior al aborto.

Esta no es la primera vez que Mónica García recurre a esta clínica para derivar a las mujeres de Melilla que quieren abortar. Tal y como consta en la Plataforma de Contratación del Estado, en enero del año 2023 el Ministerio de Sanidad, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, también adjudicó este mismo contrato a Atocha Ginecológica SL.

En el anuncio de adjudicación se concreta que el servicio fue encomendado a esta clínica privada por valor de 95.226,26 euros y especifica que la única oferta recibida fue precisamente de Atocha Ginecológica SL.

Para mayor vínculo con el actual Ejecutivo central, este periódico ha podido comprobar en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSAP) que en junio del año 2022 el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública entregó otros 5.341,19 euros a esta clínica en subvención sin contraprestación.