El caos de Igualdad en tiempos de Montero, desde dentro: «Me dieron una hoja en blanco»

El Ministerio de Igualdad durante la etapa de Irene Montero trabajó, según el testimonio de una extrabajadora del departamento a El Debate, sin una base técnica definida y con una organización interna deficiente en momentos clave. «Me dieron una hoja en blanco», resume sobre el encargo que recibió a finales de octubre de 2021, cuando fue contactada para colaborar en un trabajo técnico para el departamento.

De acuerdo con su relato, no existían borradores previos ni documentos de referencia sólidos sobre los que trabajar. La única documentación facilitada fueron algunos estudios del Instituto de las Mujeres que, según el propio organismo, no resultaban adecuados para la redacción normativa. «No había nada hecho», insiste. La ausencia de material previo obligó a iniciar el trabajo desde cero, sin una estructura definida ni una línea técnica clara por parte del ministerio.

El encargo inicial consistía en la elaboración de un esquema técnico, una suerte de estructura básica del texto sobre el que en ese momento se debía legislar, ya que Montero, tras el caos de la ley del 'solo sí es sí', decidió externalizar este servicio y dejar que fueran otros los que le redactaran las leyes. «Me di cuenta de que me estaban pidiendo mucho más», reconoce esta fuente. Ese giro supuso asumir tareas de mayor profundidad sin que, según denuncia, se produjera una adaptación formal del encargo ni de sus condiciones.

Otro aspecto relevante es el sistema de comunicación utilizado durante el proceso, ya que, según esta fuente, «había muy pocos correos electrónicos. La mayoría de las conversaciones eran por WhatsApp y Telegram», señala. El uso de estos canales, ajenos a los procedimientos habituales de la Administración, dificultaba la trazabilidad de las decisiones y el seguimiento documental del trabajo realizado.

En este contexto, el desarrollo del trabajo avanzó sin una base técnica previa ni directrices claras. «Era empezar desde cero», insiste. Durante el proceso, además, trasladó objeciones a determinadas propuestas por considerar que carecían de encaje jurídico o institucional. Algunas de estas advertencias, según su versión, no fueron atendidas.