El Tribunal de Cuentas señala a Irene Montero por usar fondos covid para crear puestos de trabajo sin justificarlos

El Tribunal de Cuentas ha señalado al Ministerio de Igualdad, entre otros departamentos, por crear nuevos puestos de trabajo con los fondos europeos destinados a la pandemia de la covid, esquivando el Real Decreto Ley 36/2020 que fijaba como prioridad en la gestión del personal asignado a ejecución de los fondos, «el aprovechamiento del talento de las personas al servicio del departamento».

Así consta en el informe de fiscalización sobre el grado de ejecución de los programas de gasto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Unión Europea para los años 2022 y 2023.

En concreto, el órgano de control externo argumenta que según establece el artículo 30 del Real Decreto Ley, «la cobertura de las necesidades de personal relacionadas con el incremento de carga de trabajo provocado por la gestión de proyectos financiables con fondos europeos ligados a la ejecución del PRTR se realizará preferentemente con los efectivos del departamento ministerial u organismo encargado de su gestión».

En el caso del Ministerio de Igualdad, la creación de puestos ha tenido lugar en las unidades responsables de la gestión de los programas del Plan de Resiliencia. Además de desobedecer al Real Decreto Ley, Igualdad no especificó «las funciones asociadas a dichos puestos ni en el IPE ni en los documentos que integraban el expediente relativo a su creación», reza el documento.

Contratos a dedo sin justificar

En esta misma línea, y tal y como informó recientemente este periódico, el Tribunal de Cuentas también señaló al Ministerio de Igualdad porque «en 104 contratos de los 221 fiscalizados (el 47,06 %), se hizo un uso inadecuado de la figura del contrato menor para la cobertura de necesidades de carácter recurrente y/o previsibles que pudieron y debieron ser programadas por el órgano de contratación con la suficiente antelación utilizando los procedimientos ordinarios de adjudicación».

Esto quiere decir que el Ministerio de Igualdad coló como contratos menores, es decir, asignados normalmente a dedo y con unas exigencias de transparencia bastante escuetas, contratos que realmente deberían haber sido tramitados a través de los procedimientos ordinarios. «Su empleo pone de manifiesto una falta de previsión y una deficiente planificación por parte del órgano de contratación», estima.

Además, el Tribunal de Cuentas reprocha que en 38 expedientes (el 36,54 %), la utilización de la contratación menor se justificó en el hecho de que se trataba de un contrato transitorio o «puente», que resultaba necesario llevar a cabo para garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones y servicios mientras finalizaba la tramitación del procedimiento abierto que se encontraban en curso.

Por otro lado, consta en el documento que en el 68,05 % de esos expedientes no ha quedado constancia de cómo se realizó el cálculo del presupuesto. «Esta omisión incumple la obligación que establece el apartado 2 del precitado artículo 118 de la Ley (de subvenciones) que exige 'la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada' no solo 'la necesidad del contrato' sino, además, 'que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior', circunstancia que no se puede comprobar si no se incluye una explicación motivada del cálculo del presupuesto o de los criterios aplicados para fijar su valor estimado», reprende el Tribunal de Cuentas.