Ana Redondo, este jueves, en Miranda de Ebro
El Tribunal de Cuentas señala a Igualdad por asignar cientos de contratos a dedo sin justificar
el Ministerio de Igualdad coló como contratos menores adjudicaciones que realmente deberían haber sido tramitadas a través de los procedimientos ordinarios
El Tribunal de Cuentas, principal órgano fiscalizador de nuestro país, ha señalado directamente al Ministerio de Igualdad de la socialista Ana Redondo, bajo cuyo mandato el Tribunal sostiene que se ha adjudicado cientos de contratos a dedo sin justificación suficiente.
Así se desprende de su informe de fiscalización de la contratación menor vinculada al área de gasto 2 «actuaciones de protección y promoción social» de los Presupuestos Generales del Estado, en su ejercicio del año 2024, en el cual audita este tipo de gasto público.
En concreto, este órgano sostiene que de los 221 contratos analizados, un total de 144 tenían un valor estimado de entre 14.500 y 14.999 euros (impuestos indirectos excluidos), muy próximo al límite máximo de 15.000 euros establecido. Además de esta práctica recurrente en el departamento de Redondo, consta en el documento oficial que en el 68,05 % de esos expedientes no ha quedado constancia de cómo se realizó el cálculo del presupuesto.
«Esta omisión incumple la obligación que establece el apartado 2 del precitado artículo 118 de la Ley (de subvenciones) que exige 'la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada' no solo 'la necesidad del contrato' sino, además, 'que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior', circunstancia que no se puede comprobar si no se incluye una explicación motivada del cálculo del presupuesto o de los criterios aplicados para fijar su valor estimado», reprende el Tribunal de Cuentas.
Puedes descargar el pdf desde aquí: INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN MENOR
Por otro lado, el órgano de fiscalización afea que «en 104 contratos de los 221 fiscalizados (el 47,06 %), se hizo un uso inadecuado de la figura del contrato menor para la cobertura de necesidades de carácter recurrente y/o previsibles que pudieron y debieron ser programadas por el órgano de contratación con la suficiente antelación utilizando los procedimientos ordinarios de adjudicación».
Esto quiere decir que el Ministerio de Igualdad coló como contratos menores, es decir, asignados normalmente a dedo y con unas exigencias de transparencia bastante escuetas, contratos que realmente deberían haber sido tramitados a través de los procedimientos ordinarios. «Su empleo pone de manifiesto una falta de previsión y una deficiente planificación por parte del órgano de contratación», estima.
Además, el Tribunal de Cuentas reprocha que en 38 expedientes (el 36,54 %), la utilización de la contratación menor se justificó en el hecho de que se trataba de un contrato transitorio o «puente», que resultaba necesario llevar a cabo para garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones y servicios mientras finalizaba la tramitación del procedimiento abierto que se encontraban en curso.
