Los abusos en centros de menores por los que el PSOE no pide perdón: «Cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella»

Tras la eutanasia de Noelia Castillo, las agresiones sexuales en los centros de menores vuelven a estar en el punto de mira, después de que la joven de 24 años afirmase que intentó quitarse la vida después de sufrir abusos por parte de compañeros en el centro de menores catalán en el que estuvo internada varios años.

A partir de la revisión de datos oficiales, se concluye que no existe una cifra oficial, única y cerrada sobre el número de agresiones sexuales específicamente dentro de centros de menores. Sin embargo, según datos recogidos por El País, solo entre 2019 y 2025, más de 1.100 menores tutelados por las administraciones autonómicas denunciaron abusos sexuales, muchos de ellos vinculados a entornos institucionales o de protección.

Además, estudios de organizaciones como ANAR reflejan un incremento muy acusado de las agresiones sexuales a menores, que han crecido más de un 350 % en los últimos 15 años, lo que sugiere una peligrosa tendencia al alza. En concreto, las agresiones sexuales detectadas por esta entidad aumentaron un 55,1 % en los últimos 5 años, mientras que por cada caso en 2008, se registraron 4,5 en 2023.

En este contexto, los últimos grandes escándalos de agresiones a menores tuteladas estaban precisamente bajo la protección de Gobiernos del PSOE o del nacionalismo. Mientras el Ejecutivo central de Pedro Sánchez pretende que se pida perdón por la colonización o por los abusos en el seno de la Iglesia católica, el PSOE calla ante las agresiones sexuales que se han producido bajo su propia tutela.

El escándalo del exmarido de Oltra

Según informa Alberto Caparrós, delegado de El Debate en la Comunidad Valenciana, en esta región «el que fuera marido de la entonces vicepresidenta y consejera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, fue condenado a una pena de cinco años de cárcel por los abusos sexuales cometidos contra una menor tutelada por la Generalitat».

En concreto, explica Caparrós, «Luis Eduardo Ramírez Icardi era educador en el centro de menores en el que produjeron los hechos que le llevaron a la cárcel. Ahora, la propia Oltra ha sido procesada por un Juzgado de Valencia por el supuesto encubrimiento de los abusos de su exmarido, con quien estaba casada en el momento de consumarse. En aquellos años, la Generalitat estaba presidida por el socialista Ximo Puig», especifica.

Asimismo, expresa que «pese a su situación procesal, Oltra ha anunciado su regreso a la política activa (dimitió tras haber sido imputada) y optará a la Alcaldía de Valencia por las filas de Compromís en las próximas elecciones municipales. Tanto su propio partido como el PSOE y el resto de fuerzas de la izquierda han aplaudido el retorno de Oltra», señala el delegado en Comunidad Valenciana.

La sentencia del Supremo

Tal y como consta en la sentencia del Tribunal Supremo que ratificó la condena al exmarido de Oltra, a la que ha accedido El Debate, la menor a la que agredió «era castigada frecuentemente a dormir en una habitación separada, ubicada en el primer piso de la Residencia y alejada varios metros del 'hogar' en que pernoctaban el resto de menores acogidos».

Entre el año 2016 y 2017, Ramírez Icardi «desempeñaba el turno de noche en aquella época, acudía a la habitación de la menor cuando esta se hallaba castigada, teniendo la misma dificultad para conciliar el sueño, por sus miedos por lo que reclamaba la presencia del educador e incluso le pedía que le hiciera un masaje pues confiaba en el mismo».

Tras la petición de la menor, procedía el agresor a «masajearle en la zona del cuello y la espalda y, una vez creía, que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación».

Las menores tuteladas de Baleares

Por otro lado, y según informa Mayte Amorós, delegada de El Debate en las Islas Baleares, «el escándalo de explotación sexual de menores en Baleares estalló en la Navidad de 2019 con la violación grupal de una niña de trece años tutelada por el IMAS». Sin embargo, recuerda que, «a pesar del goteo incesante de casos de abusos y explotación sexual a menores tuteladas y de desapariciones, el Gobierno de izquierdas de la época de Francina Armengol se negó a investigar este asunto a fondo».

«El PSOE y Podemos lograron que la comisión de investigación mutara en un paripé político que acabó eximiendo de responsabilidad a los cargos públicos y concluyó que la culpa de estos casos era de la sociedad. Nadie dimitió; al contrario, el presidente del IMAS, Javier de Juan, fue ascendido», relata Amorós.

En este contexto, y ante este escándalo nacional, «en 2022 una misión del Parlamento Europeo tuvo que desembarcar en la isla para sacarle los colores a un Ejecutivo de izquierdas, que 'miraba hacia otro lado', según denunciaron monitores y educadores sociales citados por los europarlamentarios, mientras los centros de acogida se convertían en caladeros para proxenetas», explica la delegada en Baleares. Finalmente, «el informe de la Eurocámara detectó graves deficiencias y exigió la transparencia que el Govern de Francina Armengol había negado», apunta.

«Si el armengolismo quedó marcado por la ignominia de abandonar a aquellas niñas a su suerte, el actual Ejecutivo del PP de Marga Prohens lidia con una bomba de relojería logística. El aumento exponencial de menores extranjeros que llegan en pateras desde Argelia ha dejado los centros desbordados que están al 1.000 % de su capacidad, ante una presión migratoria a la que el Gobierno de Pedro Sánchez 'da la espalda', denuncian los gobiernos insulares del PP», concluye Amorós.

La primera sentencia de las menores de Baleares

Según reza la sentencia del Tribunal Supremo relativa a la prostitución de estas menores tuteladas por el Ejecutivo regional de Armengol, el agresor mantuvo «contactos con menores de edad, concertando citas con las mismas con el fin de satisfacer su ánimo libidinoso. Dichos encuentros han tenido lugar en distintos hoteles de donde él mismo se encontraba alojado y donde las menores accedían sin ser registradas como huéspedes en el establecimiento», explica la resolución judicial.

Asimismo, El 27 de abril de 2019 mantuvo un encuentro con una de las menores, de 16 años de edad en esa fecha, y con otra, «de 14 años de edad en esa fecha, si bien el acusado creyó que era mayor de 16 años, sin que llegara a comprobar tal hecho pese a poder hacerlo», reza la sentencia.

El encuentro tuvo lugar en el hotel donde se alojaba el procesado. La primera menor «llegó sobre las doce de la noche, subió a la habitación y mantuvieron relaciones sexuales con penetración vaginal a cambio de dinero (unos 600 €) y consumieron cocaína. También le regaló ropa», señala.

Además, sobre las 6:00 horas «llegó a la habitación la segunda , que había mantenido encuentros previos con él unas seis veces. Consumieron cocaína, fotografió a las dos menores en el interior de un yacusi con fajos de dinero en las manos. En una ocasión le regaló 2.000 € y le compró ropa. Ella le pidió que le recargara el móvil, un coche, ropa y dinero para obtener el D.N.I.», expresa.

Los casos de Cataluña

Tal y como informa Guillermo Altarriba, delegado de El Debate en Cataluña, en esta comunidad «el caso que llamó la atención sobre las grietas del sistema de protección de menores fue el de una niña de 12 años que estaba bajo la guardia y custodia de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat».

Según explica, entre 2020 y 2021, «la menor fue captada por una red de pederastas en Barcelona y sufrió violaciones de forma reiterada durante un año y medio, sin que los mecanismos de supervisión públicos detectaran ni frenaran los hechos a tiempo, a pesar de la existencia de alertas previas de su madre y de su escuela», señala.

En esta misma línea Altarriba recuerda que «la polémica sobre los fallos estructurales de la DGAIA se sumó a otro escándalo, destapado por un demoledor informe de la Sindicatura de Cuentas, que alertaba de más de 167 millones de euros en 'pagos indebidos'». Tras este escándalo, «en 2025, el gobierno de Salvador Illa decidió suprimir la DGAIA y crear un nuevo organismo para sustituirla, con las siglas DGPPIA, que busca subsanar un vergonzoso historial de tensiones internas, corrupción administrativa y graves fallos en la protección de los menores tutelados», informa.