Sánchez se queda aislado en su campaña abortista: solo un país lo blinda en su Constitución
El intento de Sánchez por blindar el aborto en la Constitución requerirá una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado para ser aprobado, estando destinado al más completo fracaso
Este pasado jueves, el Ejecutivo de Pedro Sánchez intentaba dar un paso más hacia su cultura de la muerte. El Congreso de los Diputados tumbaba las enmiendas presentadas por PP y Vox para intentar que el aborto no se incluya como derecho constitucional.
La iniciativa, que solo conseguía 171 votos a favor, era rechazada tras los 177 votos en contra del resto de la Cámara Baja. A pesar de que el texto continuará con su tramitación parlamentaria, Sánchez necesitará una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado para ser aprobado, por lo que el blindaje del aborto en la Constitución estará destinado al más completo fracaso.
El objetivo del Ejecutivo español radica en una reforma del artículo 43 de la Constitución Española, impulsada por el propio Gobierno con el objetivo de blindar este derecho. Tal como señalaba el Partido Popular, esta vía no deja de ser un «claro fraude de ley, inequívocamente definido en el artículo 6.4 del Código Civil, que bajo la apariencia de licitud persigue esquivar la aplicación de la norma establecida para el caso».
Asimismo, los populares añaden que el Gobierno que lidera Pedro Sánchez hace un «uso instrumental por motivos estrictamente de oportunidad política del procedimiento de reforma y del propio contenido sustancial de la misma», buscando «un beneficio electoral», y asegura que es «un fraude constitucional».
El caso francés
En todo el planeta, únicamente Francia ha blindado el aborto tras elevarlo a rango constitucional como una «libertad garantizada». Esta reforma, aprobada en marzo de 2024, surgió como una respuesta directa a la revocación de la sentencia Roe v. Wade en Estados Unidos en el año 2022, permitiendo que cada estado prohíba o restrinja el procedimiento.
Actualmente, el artículo 34 de la Constitución francesa es el que otorga este estatus especial, diferenciándose de otros países donde el aborto es legal pero depende exclusivamente de leyes ordinarias. Aunque el plazo legal en Francia es de 14 semanas, su inclusión en la Carta Magna establece un precedente global a favor de la cultura de la muerte, amparándose en la supuesta protección de las mujeres frente a posibles retrocesos en sus derechos fundamentales.
Por su parte, en países como México o Colombia, sus Cortes Constitucionales han dictaminado que el acceso al aborto es un derecho derivado de otros principios constitucionales. En el país mexicano, esta práctica está blindado por la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En cuanto a Colombia, su Corte Constitucional le otorgó en 2022 un estatus de protección máxima, mientras que en las últimas semanas se han reportaron iniciativas gubernamentales enviadas al Congreso con el objetivo de elevar formalmente este derecho al texto constitucional.
