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(Un hombre sostiene un cordero antes de sacrificar al animal para la fiesta del cordero en CeutaEuropa Press

Solicitan la nulidad del contrato que destina más 2,8 millones para celebrar la Fiesta del Cordero en Ceuta

Abogados Cristianos denuncia irregularidades en la adjudicación y sostiene que el contrato fue formalizado pese a existir un recurso pendiente que suspendía legalmente el procedimiento

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la adjudicación del contrato relativo a la gestión de los mataderos eventuales habilitados en la Ciudad Autónoma de Ceuta con motivo de la Fiesta del Cordero. La entidad sostiene que el procedimiento seguido por la Administración presenta irregularidades relevantes y pide que se revise la adjudicación.

Junto a este recurso, la organización solicita la suspensión cautelar de los contratos previstos para los años 2027, 2028 y 2029. A su juicio, la tramitación del expediente no habría respetado las garantías exigidas en materia de contratación pública, lo que, según denuncia, justificaría la paralización preventiva de los efectos del contrato mientras se resuelve el fondo del asunto.

El contrato cuestionado fue adjudicado por un importe superior a los 2,8 millones de euros. Su finalidad es la instalación y gestión de siete mataderos móviles destinados al sacrificio ritual islámico durante la celebración de la Fiesta del Cordero, una festividad incluida en el calendario autonómico de Ceuta como día festivo.

Abogados Cristianos considera que la adjudicación incurre en defectos de especial gravedad. Entre ellos, señala que el contrato fue formalizado cuando todavía permanecía pendiente de resolución un recurso especial en materia de contratación. La fundación recuerda que, en este tipo de supuestos, la legislación prevé la suspensión automática del procedimiento, por lo que entiende que la firma del contrato no debería haberse producido en esas condiciones.

La entidad también cuestiona la motivación de la adjudicación y afirma que existen datos económicos que, en su opinión, no resultan compatibles con el presupuesto de licitación. Según sostiene, la Administración no habría ofrecido una explicación suficiente sobre esas diferencias ni habría justificado de forma adecuada los elementos que determinaron la adjudicación del servicio.

Otro de los puntos centrales de la denuncia se refiere al bienestar animal. La organización advierte de posibles incumplimientos de la normativa europea y nacional aplicable a esta materia. En concreto, afirma que los pliegos del contrato no garantizan de manera suficiente la adopción de medidas técnicas orientadas a reducir el sufrimiento de los animales durante los sacrificios rituales. Asimismo, sostiene que no queda acreditado que los adjudicatarios cuenten con la formación específica exigible para desarrollar este tipo de prácticas.

Según los datos aportados por la organización, alrededor de 40.000 personas han participado en este ritual islámico, en el que se han sacrificado más de 4.000 animales. La Fiesta del Cordero figura como festivo en el calendario autonómico de la Ciudad Autónoma de Ceuta, una decisión que Abogados Cristianos también ha combatido mediante una campaña de recogida de firmas.

En esa iniciativa, la fundación reunió más de 19.000 apoyos a favor de eliminar este festivo local. La entidad enmarca ahora el recurso judicial dentro de esa misma línea de actuación y denuncia lo que considera un trato desigual por parte de las administraciones públicas hacia las distintas tradiciones religiosas.

La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha afirmado que «mientras se persigue cualquier símbolo cristiano en nombre de la neutralidad institucional, se destinan millones de euros de dinero público a promocionar rituales islámicos bajo procedimientos plagados de irregularidades jurídicas».

Castellanos ha añadido que «Las administraciones parecen empeñadas en discriminar nuestras raíces mientras conceden privilegios y financiación pública a prácticas religiosas ajenas a nuestra tradición».