Keir Starmer, ex Primer Ministro británico, junto con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español y líder del PSOE
Una práctica que, a través de la observación, he podido identificar –en reiteradas ocasiones– es que cuando el Gobierno legaliza una atrocidad, acto seguido, procede a decretar una retahíla significativa de prohibiciones.
Un ejemplo de rabiosa actualidad sería el del recién dimitido primer ministro de Reino Unido, el laborista Keir Starmer, quien ha aprobado una medida para restringir severamente el uso de las redes sociales a menores de dieciséis años. A esto, cabe añadir que, hace poco tiempo, sacó adelante una ley para despenalizar el crimen de la eutanasia en Gran Bretaña.
En síntesis, esto es una demostración, entre la marabunta, de cómo quienes despenalizan –con además libertino– prácticas tan grotescas y aberrantes como la de la eutanasia, acto seguido, optan por penalizar –con resabios autoritarios– rituales propios de la vida privada de las personas, como lo es la utilización de las redes sociales.
En España, verbigracia, el Gobierno de Pedro Sánchez promulgó, hace relativamente poco, la sórdida, macabra y abominable ley de eutanasia, para prohibir recientemente las denominadas «terapias de conversión»; las cuales ni voy a defender, ni a criticar, puesto que desconozco con detalle cómo funcionan; pero sí que puedo decir que, si el Poder Ejecutivo es capaz de abolir un régimen terapéutico –por disparatado que resulte– que contradiga los cánones de su ideología woke (habida cuenta de que ellos fomentan y legalizan un sinfín de cosas de dudosa legitimidad), ¿Qué no serán capaces de censurar después?
En otras palabras, los denominados progresistas dan rienda suelta al libertinaje, para, después, abrir la veda del «liberticidio». Por algo, he sentenciado en otros de mis ensayos que «el libertinaje es la antesala del totalitarismo; y el relativismo, la estación anterior del puritanismo». En mi artículo Una definición completa de la palabra libertad, publicado en este medio de comunicación, esgrimo una floresta de ejemplos al respecto.
A lo dicho, es preciso añadir que una trampa que nos suelen tender es la de prohibir cosas aparentemente dignas de ser prohibidas, para, una vez superado ese obstáculo, adquirir un estatus de legitimidad que les permita censurar un sinnúmero de aspectos adicionales.
Un ilustrativo ejemplo de lo que acabo de exponer: es verdad que la utilización abusiva de las redes sociales está causando un daño irreparable en muchos menores de dieciséis años (y de mayores, huelga subrayar), pero los progresistas se sirven de esta realidad para aplicar dos recetas aún más perniciosas, que son la de prohibir lo que hacen las personas con su teléfono móvil y la de allanar el camino a otras prohibiciones con peores intenciones que la citada.
Algo parecido creo que sucede con las denominadas «terapias de conversión». Desconozco en qué consisten, pero mi olfato intuitivo me dice que algún que otro disparate llevará implícito, lo cual le da carta de legitimidad al Estado para ponerse a prohibir otras prácticas que sean bastante más sanas y razonables que a las que acabo de hacer alusión; esto unido a que los wokistas no son, precisamente, los más indicados para predicar en contra de doctrinas y de regímenes terapéuticos que rebasen las fronteras de lo que debería de ser o no legal.
Dicho esto, procedo a incidir en la definición de una palabra bastante esclarecedora a este respecto, que es «sofisma»; la cual le es atribuida a toda mentira con apariencia de verdad. En el terreno de la práctica, un sofisma es un conjunto o totalidad doctrinal que mezcla postulados buenos y malos, para, a través de enfatizar los buenos, las gentes terminen por aceptar, también, los malos. En resumidas cuentas, consiste en que acaben por digerir «el pack entero», después de haber sacado a relucir los razonamientos más benignos (o menos perversos, según el caso).
Así pues, los ejemplos que he esgrimido ut supra en torno a Keir Starmer y Pedro Sánchez podrían calificarse, a mi juicio, como «sofismas jurídicos», por despenalizar aberraciones de corte libertino, para después penalizar cosas con resabios totalitarios; cosas a prohibir que, para más inri, llevan mezcladas postulados buenos y malos (por lo que, en este caso, el sofisma surtiría sus efectos maliciosos por partida doble).
En este sentido, recuerdo cuando el Gobierno de Zapatero sacó adelante la ley contra la violencia de género. Al principio, hizo hincapié en una propuesta más que razonable, que era la de defender a las mujeres de ser agredidas físicamente por sus maridos (o, más bien, por «sus parejas», como dicen las lenguas modernas). A base de poner el acento en una medida aparentemente plausible y bienintencionada, nos inocularon el veneno de la ideología de género; es decir, indujeron a la sociedad a comulgar con «el pack entero», con el conjunto o la totalidad doctrinal, véase con el sofisma.
Algo similar podríamos decir de todas las ideologías y filosofías modernas: exponen teorías aparentemente razonables, para después alentarnos a que nos adhiramos al conjunto, a la totalidad doctrinal, al «pack entero». Por esto, llegué a la conclusión, en otros de mis artículos, de que «todos los ‘ismos’ son sofismas; y todos los sofismas, ‘ismos’».
Como colofón, reconozco que me acaba de venir a la memoria que la tesis principal de este escrito no es invención mía, puesto que Aldous Huxley, en su celebérrima novela Un mundo feliz, ya nos advirtió de aquellos que aprobarían leyes libertinas para después proceder a las prohibiciones. De hecho, el escritor Juan Manuel de Prada, en uno de sus artículos, publicó una lista de leyes confiscatorias que habían sido aprobadas prácticamente al mismo tiempo que otras que liberalizaban derechos sexuales. Todo esto, desde mi perspectiva, nos aboca a aquello que Étienne de la Boétie calificó como servidumbre voluntaria, es decir, a la esclavitud elegida voluntariamente.
Iba a terminar mi disertación en el párrafo anterior, pero mi condición de columnista caprichoso me espolea a agregar la siguiente apreciación: ¿No os habéis dado cuenta, venerables lectores, que tanto Keir Starmer como Pedro Sánchez han decretado su panoplia de prohibiciones justo en los umbrales de su declive político? ¿Pretenderán poner en práctica aquel dicho de «morir matando»? ¿Querrán dejar una huella indeleble –o muy difícil de borrar– antes de ser condenados al ostracismo?
