El Gobierno pone vigilancia por la llegada de inmigrantes en zonas donde dice que no hay presión migratoria

El Ministerio de Interior, regido por el socialista Fernando Grande-Marlaska, ha adjudicado un contrato por valor de 2,2 millones de euros para los suministros y los servicios necesarios para atender el incremento de la llegada de migrantes a las costas de las Islas Baleares, lugar que el Gobierno considera que no tiene la presión migratoria suficiente como para tomar medidas.

En concreto, y según consta en la adjudicación consultada por El Debate, el servicio se basa en el suministro e instalación de una estación sensora para el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), en el Faro de La Mola, sito en la isla de Formentera (Islas Baleares).

Como justificación de contrato, y a pesar de no contar con memoria justificativa ni con pliego de prescripciones técnicas, Interior destaca en el documento la «emergencia para la contratación de los suministros y servicios necesarios para atender el incremento de la llegada de migrantes a las costas de las Islas Baleares».

Asimismo, consta en el pliego que la situación requiere «extrema urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el comprador», ya que «la presión migratoria en las Islas Baleares ha experimentado un notable incremento, reflejo del aumento de los flujos migratorios hacia el archipiélago».

A pesar de estas actuaciones, el Gobierno que lidera Pedro Sánchez ha mantenido en distintas ocasiones que Baleares no se encuentra en una situación de presión migratoria equiparable a la de Canarias, motivo por el que ha rechazado aplicar determinadas medidas excepcionales reclamadas por las instituciones del archipiélago, como la declaración de contingencia migratoria.

Esta postura contrasta con la defendida por el Govern balear, que asegura que la ruta argelina ha incrementado de forma notable la llegada de inmigrantes irregulares en los últimos años y denuncia la saturación de los recursos de acogida. Desde el Ejecutivo autonómico han reclamado en reiteradas ocasiones más medios materiales y humanos, así como un mayor respaldo del Estado para hacer frente al aumento de desembarcos.

Aunque el Ejecutivo central no niega la llegada de inmigrantes a Baleares, sostiene que la situación no reúne los criterios exigidos para activar mecanismos extraordinarios como los aplicados en otros territorios especialmente afectados por la inmigración irregular.