Inmigrantes esperando para la regularización extraordinaria
El Gobierno gasta dos millones en pagar las horas extra que los funcionarios han hecho por la regularización
Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, la preocupación por la inmigración se ha incrementado 4,5 puntos
El Consejo de Ministros ha acordado una transferencia de crédito de más de dos millones de euros para poder pagar las horas extra que han trabajado los funcionarios durante el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.
Así consta en la Referencia del Consejo de Ministros, donde se concreta «una transferencia de crédito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para financiar las gratificaciones por servicios extraordinarios para atender los trabajos fuera de la jornada como consecuencia del Plan de choque para el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras, por importe de 2.220.750 euros».
Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la preocupación por la inmigración se ha incrementado 4,5 puntos en el mes de julio, coincidiendo con el proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Gobierno. Este asunto es citado en el 23,4 % de los cuestionarios y escala del tercer al segundo puesto de la tabla de problemas del país.
Esta encuesta se realizó entre el 1 y el 6 de julio, es decir, el trabajo de campo dio comienzo justo un día después de que concluyera el plazo dado para que los inmigrantes que cumplieran los requisitos presentaran la documentación para pedir su regularización.
En esas fechas también continuaba la polémica surgida en torno a la llamada ley de nietos, que es una disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite a hijos y nietos de exiliados españoles obtener la nacionalidad como medida de reparación histórica.
El proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno concluyó con un total de 1.174.978 solicitudes registradas, una cifra que prácticamente duplica las previsiones iniciales del Ejecutivo y que convierte esta medida en la mayor regularización de extranjeros llevada a cabo en España.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destacó que el elevado volumen de peticiones refleja la existencia de una importante bolsa de población en situación administrativa irregular y defendió que el procedimiento permitirá aflorar empleo, reforzar la protección de derechos y mejorar la integración social de los beneficiarios.
Una vez cerrado el plazo de presentación, el departamento que dirige Elma Saiz continuó con la tramitación de los expedientes, recordando que la admisión a trámite conlleva la concesión de una autorización provisional de residencia y trabajo mientras se resuelve cada solicitud.