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Miembros de la Cruz Roja atienden a varios inmigrantes en la playa del TrampolínEuropa Press

Los inmigrantes lesionan a trabajadores del servicio de ambulancias de Ceuta: «Han cruzado todas las líneas rojas»

Han demandado escoltas policiales obligatorias y sistemáticas para todas las dotaciones en avisos de zonas de alta conflictividad

La situación sanitaria en Ceuta es insostenible. Al grito de auxilio de los médicos y los ciudadanos se ha sumado la sección sindical de UGT-SP Sanidad, que ha denunciado este lunes que las agresiones al personal del servicio de ambulancias en Ceuta por parte de los migrantes que permanecen en la ciudad «han cruzado todas las líneas rojas» al haber lesionado ya a varios trabajadores.

En un comunicado al que ha accedido Europa Press, el sindicato sostiene que este personal está siendo «brutalmente atacado» durante sus intervenciones en la vía pública, «unas agresiones físicas graves que ya han provocado lesiones directas y las consiguientes bajas laborales» en la plantilla.

Ante esta situación de «violencia física extrema», el sindicato exige de manera «inmediata y sin dilaciones» a los máximos responsables de la sanidad, al Ingesa y a la Delegación del Gobierno que intervengan para garantizar, por encima de todo, la integridad física de las personas trabajadoras de las ambulancias.

«Quienes operan en estos vehículos prestan un servicio esencial de asistencia en primera línea y se encuentran en un estado de desprotección absoluto ante emboscadas y agresiones en entornos no controlados. No es admisible que atender una emergencia sanitaria en Ceuta suponga terminar en el hospital o de baja médica», ha señalado el sindicato.

Por ello, ha demandado escoltas policiales obligatorias y sistemáticas para todas las dotaciones de ambulancia en avisos de zonas de alta conflictividad y protocolos inmediatos de acompañamiento y protección jurídica y psicológica integral para los compañeros que se encuentran actualmente de baja laboral por estos ataques.

UGT ha añadido que «la salud y la vida de los trabajadores no se negocia», por lo que exige a la Administración el «blindaje» de inmediato de la seguridad de estos profesionales en las calles.