Una sede con más de medio siglo de historia en juego

El Gobierno Central quiere reorganizar el uso de la histórica sede del Colegio de Médicos de Madrid en la calle Santa Isabel, un edificio declarado Bien de Interés Cultural que pertenece al Paisaje de la Luz, para dar espacio al futuro Museo Nacional Cajal. Lo grave es que la Administración está alterando de forma unilateral una situación que se ha mantenido durante más de 56 años. Nuestro inmueble está vinculado al Colegio desde 1970, cuando un convenio suscrito por el que entonces era nuestro presidente con el Ministerio de Educación y Ciencia y la Universidad de Madrid estableció las condiciones de utilización del edificio y encargó al Colegio la conservación de su zona histórico-artística. Desde entonces, el Colegio ha cumplido escrupulosamente estas obligaciones y ha realizado grandes inversiones en obras de conservación, rehabilitación, infraestructuras y equipamiento.

La Orden ministerial de 27 de julio de 2026 modifica ahora ese escenario. Deja sin efecto el régimen de uso anterior, redistribuye los espacios entre el futuro Museo Nacional Cajal, las zonas compartidas y aquellas que seguirán en manos del Colegio, y concede al Colegio una nueva autorización por solo 25 años. Para el Colegio de Médicos, el problema no es únicamente la pérdida de espacios: también están en juego inversiones todavía no amortizadas, compromisos adquiridos con terceros y puestos de trabajo vinculados a las actividades que se desarrollan en la sede.

Un convenio firmado por tres partes no podía quedar extinguido unilateralmente por una sola de las instituciones implicadas. Además, existe un dictamen de la Abogacía General del Estado de 2005 reconociendo la existencia de un título jurídico que permite al Colegio de Médicos de Madrid ocupar nuestro inmueble, señalando las distintas y complejas vías legales para poner fin a la actual situación. Pues bien, ninguna de ellas coincide con la utilizada ahora.

Hay también una cuestión patrimonial especialmente relevante. Al tratarse de un Bien de Interés Cultural, el cambio de uso del inmueble requería la autorización de la Comunidad de Madrid, algo que no consta en la Orden ministerial. Por este mismo motivo el Ministerio no se puede atribuir la competencia para autorizar futuras obras sobre el edificio.

A todo ello se suma la clara ruptura de la confianza legítima en un momento de enfrentamiento del Gobierno Central con la clase médica. Durante décadas, la Administración ha mantenido una relación estable con nosotros mientras desde el Colegio asumíamos la conservación del edificio y realizábamos importantes inversiones. Esta nueva e inexplicable decisión, altera de manera abrupta ese marco sin ofrecer ningún tipo de compensación a los médicos madrileños.

El conflicto tiene, además, una dimensión práctica inmediata. La pérdida de espacios afectaría a nuestras actividades formativas, culturales y científicas y podría obligar a reorganizar departamentos y personal. También la ejecución de las obras necesarias para instalar el Museo generarían incomodidades y situaciones complicadas para nuestros colegiados.

Por eso, desde nuestra junta directiva, hemos pedido a la Audiencia Nacional que suspenda cautelarmente la ejecución de la Orden Ministerial mientras se resuelve el litigio. Nuestra pretensión es conservar provisionalmente la situación existente y evitar que la ejecución de la decisión administrativa haga irreversible un conflicto que ahora deberá dirimirse en los tribunales.

La cuestión de fondo va más allá de quién ocupa cada sala. Se trata de determinar cómo puede una Administración modificar de forma unilateral el destino de un edificio público histórico cuando existe un convenio de más de medio siglo, inversiones millonarias y obligaciones de conservación asumidas durante décadas. Esa es, en último término, la controversia que tendrá que resolver la Justicia.