Prostitutas en un bar de alterne
La prostitución, una actividad que se mantiene estable en España a pesar de los intentos del PSOE por abolirla
Los socialistas han intentado suprimir esta actividad sin éxito en paralelo a los escándalos que han salpicado a algunos de sus dirigentes
la prostitución vive en un limbo legal en España. No está prohibida como tal: por cuenta propia y entre adultos no está penalizada de forma directa en el Código Penal español. No está prohibida, pero el proxenetismo y la trata de seres humanos sí que están penados por ley como delitos graves, con penas de prisión que van desde los dos a los cinco años.
El PSOE ha impulsado sin éxito varias iniciativas legislativas cuyo objetivo era la abolición de la prostitución en España mediante reformas legales. Sin embargo, los socialistas no han podido llevarlo a cabo debido a la negativa de distintos grupos parlamentarios. Y todo ello pese a que en los últimos años se ha hecho público que varios dirigentes socialistas han solicitado y consumido servicios relacionados con la prostitución.
Las cifras sobre la prostitución en España son un tanto confusas y difíciles de calcular, habiendo mucha opacidad sobre este asunto y debido a que no todo el que haya consumido este tipo de servicios está dispuesto a admitirlo. Sin embargo, en España sí que se han hecho varios estudios sobre esta cuestión que pueden arrojar un poco luz. Los informes señalan que el consumo de prostitución en España se mantiene estable en los últimos años.
114.576 mujeres en situación de prostitución
El Ministerio de Igualdad, liderado por Ana Redondo, publicó en septiembre de 2024 el Macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres, que recogería las últimas cifras sobre este tipo de actividades sexuales con el objetivo de poner en práctica políticas que puedan erradicar con la prostitución. El estudio fue realizado por la Delegación del Gobierno contra la violencia de Género.
La ministra Ana Redondo durante la presentación de la campaña institucional del 8M
«De lo que no se habla no existe. Es necesario, por tanto, tener una cifra aproximada de una población oculta y de difícil acceso como son las mujeres y niñas víctimas de trata, explotación sexual y prostitución, para poder conocer la magnitud del problema y, en consecuencia, abordarlo desde las políticas públicas», afirmó Ana Redondo en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para explicar este informe. También lo definió como «un estudio pionero en Europa que por primera vez ofrece una aproximación cuantitativa a la situación de trata, explotación sexual y prostitución de mujeres en España».
Para su elaboración, se extrajo información de 654.000 anuncios en webs y otros soportes, y se utilizó la inteligencia artificial y Big Data. Según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el 75 % de las víctimas de trata y prostitución se anuncian en la web.
Con esa metodología se identificó a 114.576 mujeres en contextos de prostitución. Esto supuso que en 2023 al menos el 0,56 % de las mujeres de 18 o más años estaban en situación de prostitución en España a través de anuncios web. A partir de esta muestra obtenida, se realizó una estimación del tamaño de la población total de mujeres en situación de prostitución en España en 2023, calculando que hubo entre 152.735 y 184.234 mujeres en esta situación.
De entre todas estas, entre 9.764 y 17.639 mujeres estaban en riesgo de trata con fines de explotación sexual, es decir, entre el el 8,52 % y el 15,40 % del total de mujeres prostituidas. También se identificó hasta 27.757 mujeres en riesgo de explotación sexual, lo que supondría el 24,23 % del total.
Por edades, el grupo situado entre los 18 y los 24 años representaría el de mayor tasa de mujeres en situación de prostitución, lo que supondría una media de 189 mujeres por cada 10.000 en ese rango de edad.
Grupos de edad de mujeres en situación de prostitución
El 51,30 % de las mujeres identificadas corresponderían al grupo de «latina», mientras que el 16,32 % del total corresponderían a la de origen europeo. En En el 29,11 % de los casos no hubo información sobre esta variable.
La identidad étnica de las mujeres identificadas
Baleares sería la comunidad autónoma con mayor tasa de mujeres en situación de prostitución, con una media de 121,38 mujeres por cada 10.000 mujeres de 18 años o más. La segunda sería Cataluña, con una media de 103,86.
Tasa de mujeres en situación de mujeres por cada comunidad autónoma
Por provincias, Lérida tendría la tasa más alta de mujeres en situación de prostitución, con una media de 127,54 por cada 10.000 mujeres de 18 años o más.
Número de mujeres en situación de prostitución por provincias
El 27,5 % de los hombres reconoce haber consumido prostitución, según el CIS
El pasado mes de junio se publicó la Encuesta Nacional de Salud Sexual que realizó el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el Ministerio de Sanidad. El estudio se realizó entre los meses de octubre y noviembre de 2025, con una muestra de 9.009 participantes.
El 27,5 % de los varones encuestados reconoció haber pagado por tener sexo «alguna vez», remarcando que «un 9,6 por ciento lo ha hecho una sola vez en la vida y un 17,9 por ciento más de una vez».
Esta misma encuesta recogía además que casi el 69 % de los hombres encuestados se mostraba bastante o muy de acuerdo con que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, porcentaje que se eleva hasta el 75,1 % entre la población femenina encuestada. El 79,1 % respondió que estaba bastante o muy de acuerdo con que la prostitución pone en riesgo la dignidad de las personas que se prostituyen y el 75 % alegó que la mayor parte de las mujeres prostituidas son víctimas de explotación sexual.
En este sentido, tres cuartas partes de la población aseguró que la prostitución no es un trabajo «como otro cualquiera» y que el 79,8 % rechazó la idea de que es «una forma de ejercer la libertad sexual».
El 82 % de los encuestados consideró que pagar para mantener relaciones relaciones sexuales es un comportamiento más propio de los hombres, al tiempo que afirmó que la prostitución es concebido como un comportamiento más propio de mujeres.
El 63 % de los entrevistados respondió que le parecería mal que un hombre de su familia pagase por mantener relaciones sexuales. El 91,2 % de las mujeres encuestadas aseguraron que no tendrían ninguna disposición a mantener una relación de pareja con una persona que pague por tener relaciones sexuales.
El 10,6% de jóvenes ha pagado alguna vez por mantener relaciones sexuales
Todos los informes apuntan a que el consumo de prostitución en España se mantiene estable de forma sostenida en los últimos años. También inciden en que ha cambiado quién la consumo y cómo. El tipo de cliente se ha ido rejuveneciendo, tal y como demuestra el Informe Juventud de 2020: el 10,6% de jóvenes de 15-29 años ha pagado alguna vez por mantener relaciones sexuales.
Los investigadores apuntan en este sentido que ha cambiado el desplazamiento para esta actividad, es decir, los clientes han pasado de frecuentar las calles y clubes dedicados a esta tipo de actividad a acudir a pisos por anuncios en la web. También se afirma que la prostitución se ha expandido y diversificado por que «el sistema poscapitalista la ha legitimado como ocio».
¿Es legal la prostitución en España?
La prostitución en España se encuentra en un limbo legal, puesto que la prostitución por cuenta propia no está regulada como una actividad laboral formal, pero tampoco está prohibida de forma general.
Su consumo sí que está sancionado administrativamente cuando se solicite o se practique en la vía pública o en zonas de tránsito público, así como en lugares frecuentados por menores, como puede ser el caso de colegios o parques. La Ley de Seguridad Ciudadana impone multas en este sentido que van desde los 601 hasta los 30.000 euros.
En España sí que está penado el proxenetismo, es decir, aquellos que explotan o que se lucran con los servicios de prostitución, o aquellos coaccionan a las mujeres para que ejerzan este tipo de actividad.
El delito de proxenetismo está penado y regulado en el artículo 187 del Código Penal, que dice lo siguiente: «El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses».
«Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma», se añade en este apartado.
Además, se podrá aplicar un agravante por abuso de autoridad, pertenencia a grupo criminal o si se pone en peligro la vida o salud de la víctima.
Artículo 187.2 del código penal
a) Cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. En este caso se aplicará, además, la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.
b) Cuando el culpable perteneciere a una organización o grupo criminal que se dedicare a la realización de tales actividades.
c) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.
3. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida.
El PSOE intentó abolir la prostitución
En marzo de 2024 el PSOE, presentó una proposición de ley en el Congreso con el objetivo de avanzar hacia la abolición de la prostitución en España. La iniciativa buscaba reformar el Código Penal con el objetivo de perseguir y endurecer las penas contra el proxenetismo en todas sus formas.
Los socialistas planteaban castigar a los clientes y proxenetas, así como a los que alquilaban locales para ejercer la prostitución. La iniciativa buscaba reformar el artículo 187 del Código Penal antes mencionado, alegando que dicho artículo «no castiga cualquier forma de obtención de lucro de la prostitución ajena, sino que exige que esa obtención de lucro se haya llevado a cabo mediante la 'explotación' de la persona prostituida».
La formación liderada por Pedro Sánchez planteaba una pena de prisión de dos a cuatro años y una multa de 12 a 24 meses para todo aquel que «con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma».
La proposición pretendía incluir además un tipo penal denominado tercería locativa para perseguir penalmente a quien ceda o alquile una habitación o un piso para ejercer la prostitución. Las penas iban de dos a cuatro años de prisión y a multas de entre 18 y 24 meses.
La iniciativa de los socialistas pretendía castigar a los clientes de la prostitución con una multa de 12 a 24 meses, agravándose en caos de que la persona prostituida fuese un menor o en situación de vulnerabilidad. En dicho caso, las penas serían de uno a tres años de prisión y las multas de entre 24 a 48 meses.
Finalmente, la proposición presentada por el PSOE no salió adelante por la negativa, entre otros, de Sumar, el socio de los socialistas en el Gobierno de coalición que ha encabezado Pedro Sánchez. PSOE, BNG y Coalición Canaria votaron a favor, mientras que votaron en contra PP, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Junts. El resultado final fue el siguiente: 122 'síes', 184 'noes' y 36 abstenciones (Podemos y Vox).
Los casos del PSOE con prostitutas
En los últimos años varios han sido los dirigentes del PSOE que se han visto involucrados en escándalos relacionados con el consumo de prostitución vinculados a tramas de corrupción.
El más sonado y célebre fue el de José Luis Ábalos, el que fuera ministro de Fomento entre 2018 y 2020 y ministro de Transportes entre enero de 2020 y julio de 2021. Además, fue también mano derecha de Pedro Sánchez dentro del PSOE, ya que ocupó el cargo de secretario de Organización de los socialistas entre junio de 2017 y julio de 2021.
El exministro José Luis Ábalos atendiendo a los medios tras el registro policial de su vivienda de Valencia
Ábalos fue investigado en el marco del caso Koldo. La filtración de audios y de sumarios revelaron que tanto el dirigente socialista como su asesor en el ministerio, Koldo García, gestionaban o contrataban servicios de prostitutas durante los desplazamientos oficiales. Además, el caso implicó su relación con Jésica Rodríguez, una joven a la que Ábalos escogió de un catálogo de prostitutas y que en declaración ante el juez llegó a confesar que cobró sin trabajar en las empresas públicas en las que fue enchufada.
Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, y el piso que se compró en Madrid
Asimismo, el caso implicó su relación con Jéssica Rodríguez, a quien se vinculó con viajes pagados por la trama y colocaciones en empresas públicas, un asunto que ha negado. Rodríguez admitió también que no sabía quién pagaba el alquiler de 2.700 euros del piso en el que estuvo residiendo durante dos años y que estaba situado en la Plaza de España de Madrid.
José Luis Ábalos fue condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de prisión en el caso mascarillas, la trama de corrupción relacionada con la adjudicación irregular de contratos públicos para la compra de material sanitario durante la pandemia de Covid-19. El exdirigente socialista fue condenado por los delitos de delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.
Otro caso que saltó a los medios fue el de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como 'Tito Berni'. Tuvo que dimitir como diputado del PSOE por Canarias después de haber cobrado presuntamente mordidos en dinero y en especie por arreglar subvenciones para empresarios de Canarias, conocido como el caso Mediador, del que se le considera uno de los cabecillas principales.
El exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni',
La instrucción judicial y las grabaciones de la causa probaron que participa en cenas, fiestas y visitas a locales de alterne y prostíbulos junto con otros involucrados en esta trama de corrupción. Entre las pruebas se encontraron chats de Whatsapp con fotos en las que aparecía en fiestas de prostitutas y cocaína.
Uno de los casos más sonados de socialistas relacionados con la prostitución fue el de Fernando Villén, el que fuera director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) durante los gobiernos del PSOE en la región. Villén fue condenado a seis años de cárcel por pagar en prostíbulos con dinero público e intentar manipular la contabilidad para que pareciera que había devuelto el dinero.
El exdirector de la Faffe Fernando Villén, a su llegada a la Audiencia de Sevilla
Mercedes Alaya, la jueza del caso de los ERE que afectó al PSOE andaluz, aseguró en su sentencia que en el seno de la formación socialista había una «afición descontrolada» a la prostitución. Alaya alegó que se había pagado hasta en 40 ocasiones con dinero público locales de alterne, llegando a gastarse más de 30.000 euros en «fiestas, orgías y festivales». En una noche de 2010 se llegaron a gastar 14.737 euros en el club Don Angelo de Sevilla, una fiesta en la que estuvo presente Fernando Villén.