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Ada Colau durante el acto de inicio de campaña del Frente Amplio

Ada Colau durante el acto de inicio de campaña del Frente AmplioEuropa Press

Frente Amplio apuesta por dinamitar Muface, Mugeju e Isfas y que los funcionarios se integren en la sanidad pública

El partido de Ada Colau propone en su programa electoral acabar con el mutualismo administrativo en medio de una crisis sobre el concierto sanitario de militares y guardias civiles

A pocos días para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los partidos políticos que concurren a las urnas van desgranando sus programas electorales, de manera que los ciudadanos conozcan cuáles son las prioridades y las rutas a seguir por parte de cada grupo.

Un aspecto especialmente relevante pasa por la sanidad, un pilar de la sociedad que ocupa un espacio definido en cada programa. No obstante, de los cuatro grandes partidos, solo uno menciona el mutualismo administrativo, es decir, las mutuas de funcionarios que prestan servicios sanitarios a los empleados públicos y que funcionan desde los años 70.

Hablamos de Muface, Mugeju e Isfas, las mutuas de funcionarios civiles, judiciales y militares, respectivamente. En los últimos años, las tres han tenido dificultades para llegar a un acuerdo por el concierto de su sanidad con las diferentes aseguradoras. De hecho, en la actualidad la licitación de Isfas ha quedado desierta y el Ministerio de Defensa trabaja para preparar otra que contente a Adeslas y Asisa y garantice la continuidad del modelo.

Como decimos, solo Frente Amplio menciona en su programa electoral a las tres mutualidades, y lo hace para fulminarlas. Según el documento del partido de Ada Colau, se apuesta por una sanidad pública «más fuerte» y para ello defienden la integración de las mutualidades de funcionarios en el sistema público.

«Aplicaremos el plan propuesto para la integración definitiva de todas las mutuas de funcionarios al Sistema Nacional de Salud», rezan en su programa, sin más especificaciones. Con «el plan propuesto» entendemos que se refiere al informe de la AIReF en el que la autoridad independiente proponía una integración paulatina, de manera que los nuevos funcionarios ya no tuvieran la opción de acudir a la sanidad privada.

La realidad es que desde el Ministerio de Función Pública, de Justicia o de Defensa, de los que dependen las tres mutualidades, nunca se ha hablado de diluirlas, aunque sí es cierto que las complicaciones de los últimos años hacen que planee el fantasma de su desaparición.

Posible colapso del sistema público

Desde Frente Amplio sostienen que la integración de los funcionarios en el Sistema Nacional de Salud sirve para reforzar la sanidad pública. Sin embargo, los expertos y los sindicatos de médicos advierten que eso supondría que la Seguridad Social tendría que absorber a unos 2,1 millones de servidores públicos.

Esta integración masiva podría hacer colapsar el sistema público, especialmente en zonas en las que se concentran gran cantidad de funcionarios o en áreas rurales donde el hospital privado alivia notablemente al público de referencia.

Además, según un informe realizado por la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) junto a ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española), la supresión del modelo supondría a la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones de euros al año al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas en el Sistema Público de Salud (SNS).

Esto llevaría, asimismo, a un incremento en un 266 % de las listas de espera para consulta externa y del 115 % para una intervención quirúrgica. A nivel de infraestructuras, todo según este informe, el sistema público precisaría de 3.975 camas adicionales, lo que supondría incrementar un 3,8 % la capacidad actual a nivel nacional, algo muy complejo para algunas provincias.

De igual manera, sería necesario incorporar más profesionales, algo que ya es de por sí difícil en el contexto actual de escasez del que adolece el sistema en su conjunto. En cuanto a las empresas aseguradoras, el trabajo asegura que perderían un 18 % de su facturación, mientras que los prestadores de servicios hospitalarios perderían un 8 % de sus ingresos.

Como consecuencia de estas pérdidas, estiman que muchos centros estarían abocados a cerrar. En concreto, creen que un total de 19 provincias verían reducida su oferta hospitalaria como resultado de esta migración de pacientes, la mayor parte de ellas de Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León.

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