La renuncia de Adeslas y Asisa a Isfas podría dejar sin sanidad a medio millón de militares y guardias civiles

Apenas un año después de dar por finalizada la crisis de Muface, el Gobierno de Pedro Sánchez debe enfrentarse a una nueva antes de la celebración de las elecciones del próximo 29 de noviembre. En este caso, es la sanidad concertada de los militares y los guardias civiles la que corre riesgo de desaparecer.

Este martes, tanto Asisa como Adeslas, las dos aseguradoras que prestan servicio a este colectivo mediante Isfas (Instituto de las Fuerzas Armadas) dejaron desierto el concierto, aunque sí que acudirán al de la mutualidad de jueces y fiscales (Mugeju). Ambas empresas justifican su decisión a las condiciones económicas, que se consideran «insuficientes».

¿Qué supone este paso al lado de las únicas aseguradoras que prestaban servicio sanitario privado a las Fuerzas Armadas? Ambas empresas fuerzan al Gobierno a renegociar las condiciones de la licitación para volver a plantearla, al igual que ocurrió el año pasado con Muface, cuando el Ministerio de Función Pública que dirige Óscar López se vio obligado a publicar una segunda licitación y, posteriormente, modificar las primas para contentar a las compañías y poder llegar a un acuerdo.

Todo parece indicar que el Ejecutivo tendrá que recalcular estas primas si quiere que las aseguradoras se presten a continuar con este servicio. En cualquier caso, esto tendría que ocurrir antes de finalizar el año, ya que es entonces cuando finaliza el contrato actual con Adeslas y Asisa. Esta vía, no obstante, se vería obstaculizada por las elecciones y la posible formación de un nuevo Gobierno.

Otra vía pasa por que el Ejecutivo imponga una orden de continuidad, al igual que sucedió con Muface, a pesar de que este mecanismo legal, presente en la Ley de Contratos del Sector Público, se encuentra en este momento en manos de los tribunales.

Absorción por la sanidad pública

Si finalmente la licitación queda desierta, serían casi medio millón de personas las que deberían de pasar directamente a la sanidad pública.

En concreto, cerca de 550.000 personas –entre titulares y beneficiarios– están adscritas a los conciertos de asistencia sanitaria del Ifas, de las cuales más del 90 % eligen la sanidad privada a través de una de estas dos entidades. Estaríamos hablando, por tanto, de unos 495.000 usuarios que se verían obligados a utilizar el sistema público. Y es que, cabe recordar, los afiliados de Isfas que escogen recibir asistencia mediante las aseguradoras no tienen tarjeta sanitaria de su comunidad autónoma ni pueden asistir a los centros públicos, únicamente a las clínicas concertadas para ello.

Al igual que ocurrió con la crisis de Muface, los profesionales de los servicios públicos temen que esta migración masiva pueda saturar algunas zonas, aunque es cierto que no es el millón y medio de personas que se estimaba en el caso de la mutualidad de funcionarios civiles.

Desde las asociaciones militares comentan a Redacción Médica que se trata de una «muerte anunciada» porque la propuesta económica de Isfas «no era suficiente», y es que el Ejecutivo cifraba en un 2 % el aumento presupuestario tanto para Isfas como para Mugeju. La Asociación Unificada de Guardias Civiles Decana va más allá y tilda de «desprecio a quienes se juegan la vida por este país» lo ocurrido con la licitación y corroboran que se debe a una «financiación insuficiente».