Oficina de Muface en la calle Pablo Iglesias de Madrid
La sanidad pública sigue sumando funcionarios que huyen del modelo concertado de Muface
En la última hornada de cambios dentro de la mutualidad, buena parte de los servidores públicos han optado por migrar al INSS
Algo más de un año después del fin de la grave crisis de Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), que a punto estuvo de acabar con el sistema, son muchos los que continúan cuestionando su continuidad y prevén un nuevo terremoto en el momento en el que haya que volver a negociar la asistencia sanitaria para los funcionarios, que será el próximo año, cuando venza el actual concierto.
Pese a las diferencias iniciales entre las aseguradoras que prestan el servicio y el Gobierno, el ministerio de Función Pública, que dirige Óscar López, consiguió mantener el modelo a golpe de talonario, aumentando la prima un 41,2 % en los próximos tres años. Se prevé, no obstante, que las empresas eleven sus exigencias a la hora de negociar el próximo concierto, lo que puede tensar la cuerda y abrir el melón del posible desmantelamiento de este sistema que, entre otros servicios, presta asistencia sanitaria a 1,5 millones de funcionarios.
Es precisamente esta inestabilidad y la vivida durante los meses que duró la crisis lo que ha provocado que los servidores públicos hayan comenzado a optar por la sanidad pública en vez de apostar casi unánimemente por la privada, como venía ocurriendo hasta ahora. Según se recoge en los Datos Abiertos de la mutualidad, los funcionarios que eligen la pública han pasado de 167.953 en 2010 a 436.593 en 2025, lo que supone un aumento de aproximadamente el 160 %.
Pero es más llamativo atender a los datos de los cambios realizados el pasado mes de junio, momento en el que los mutualistas pueden moverse entre las dos aseguradoras disponibles (Adeslas y Asisa) o cambiar hacia el INSS, y viceversa. Tal y como avanza Redacción Médica, de los 12.515 cambios realizados en junio, casi la mitad (6.286) se corresponden con la salida de los funcionarios y beneficiarios de la sanidad concertada hacia el sistema público.
Huida hacia la pública
La tendencia resulta clara: durante el acumulado de 2026, los cambios a la sanidad pública se imponen en 45 de las 52 circunscripciones, lo que supone el 86,5 % del territorio analizado, una tendencia que la propia mutualidad ya había señalado en su último Consejo General.
Entre las provincias donde más mutualistas han pasado al sistema público destaca Gerona, con un saldo positivo de 668, seguida de La Coruña (+421), Alicante (+420), Tarragona (+304) y Pontevedra (+297). También registran aumentos significativos Cáceres (+281), Barcelona (+274), Salamanca (+262), Las Palmas (+251), Murcia (+246), Valencia (+240) y Santa Cruz de Tenerife (+221).
El listado continúa con Badajoz (+217), Asturias (+181), Granada (+177), Cantabria (+155), Lérida (+148), Lugo (+145), León (+132) y Zaragoza (+130). También se decanta por la sanidad pública Ciudad Real (+98), Vizcaya (+90), Madrid (+81), Valladolid (+74), Orense (+63), Sevilla (+62), Albacete (+59) y La Rioja (+52).
El resto de territorios con un saldo favorable al sistema público son Zamora (+51), Baleares (+49), Huelva (+49), Jaén (+49), Palencia (+48), Álava (+47), Castellón (+45), Córdoba (+39), Huesca (+30), Teruel (+30), Guipúzcoa (+29), Cádiz (+24), Segovia (+23), Soria (+12), Melilla (+7), Burgos (+4) y Guadalajara (+1).
La fotografía cambia en las siete circunscripciones donde se registra un movimiento neto en sentido contrario, es decir, de la sanidad pública hacia la sanidad concertada. El mayor incremento corresponde a Navarra, con 99 mutualistas más, seguida de Ávila (+91). A mayor distancia aparecen Almería (+28), Málaga (+26), Toledo (+9), Ceuta (+6) y Cuenca (+1).
De este modo, los datos del acumulado de 2026 dibujan un mapa claramente favorable al sistema público, con 45 territorios donde el saldo de mutualistas es positivo frente a solo siete en los que gana la concertada. La evolución territorial muestra, no obstante, diferencias importantes entre provincias y permite observar dónde está siendo más acusado el trasvase de beneficiarios de Muface hacia la red pública.