Polémica por el cambio del modelo de reciclaje que plantea el Gobierno: «Es ideológico, no técnico»

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) anunció el año pasado una revolución en el reciclaje español. Tras observar que los datos de separación de envases no eran los esperados, que deberían superar el 70 % según la ley de residuos, el Gobierno, siguiendo dicha norma, anunció la introducción del sistema de depósito, devolución y retorno (SSDR) para finales de 2026.

De esta manera, los consumidores pagarán una fianza de diez céntimos cuando compren un envase de plástico y, una vez utilizado, recuperarán ese importe si depositan el mismo en una de las máquinas establecidas para ese fin, que se colocarán en supermercados, gasolineras y otros espacios públicos.

No obstante, esta transición ha abierto un acalorado debate entre instituciones, consumidores e industria. Para entender la postura del sector industrial, El Debate conversó con Javier Fernández, responsable de Sostenibilidad y Asuntos Públicos para SIG Iberia, y Ana Ruiz del Árbol, Senior Marketing Manager para Iberia, Italia y SEEI en SIG.

Fernández es claro: «Creemos que es necesario hacer las cosas de forma diferente. Crear competencia al modelo actual, en el que solo está presente Ecoembes, ya mejoraría mucho». Uno de los mayores retos del nuevo sistema, según SIG, es el escaso trabajo pedagógico que lo acompaña. «Este es un cambio cultural», insiste Fernández. «No se está educando al consumidor, ni se está invirtiendo adecuadamente en sistemas de reciclaje. Se legisla desde la amenaza, sin acompañamiento».

Ana Ruiz del Árbol aporta otro matiz: «Incluso en países como Alemania, el sistema generó resistencias. Allí, la lata desapareció del mercado durante tres años tras implantarse el SDDR». Según Ruiz, trasladar este modelo a un país como España, con realidades económicas y sociales tan diferentes, requiere mayor sensibilidad.

Las críticas no se limitan a la falta de pedagogía. SIG advierte de inconsistencias prácticas que podrían comprometer el éxito del sistema, como la confusión para el consumidor a la hora de decirles que sí pueden devolver el brick de zumo pero no el de leche o gazpacho, o la complejidad logística propia de un país que tiene una dispersión geográfica enorme.

Ideología vs. criterio técnico

El sistema aún tiene muchas incógnitas sin resolver. ¿Quién será el dueño del material recogido? ¿Qué ocurrirá con el dinero de los envases no devueltos por el consumidor? «Todo esto tiene que estar definido por estatutos y hoy no lo está», insiste Ruiz. Por eso, considera inviable que el sistema esté operativo en noviembre de 2026. Ambos portavoces coinciden en que si se lanza de forma precipitada, será «cutre, caro e ineficaz».

Una de las denuncias más reiteradas es que la legislación ambiental se está construyendo desde la ideología y no desde el análisis técnico. «El mensaje es: ‘el plástico es malo, todo el plástico fuera’, cuando en muchos casos es el envase más eficiente si analizamos toda la cadena de valor», argumenta Fernández.

También critican la presión sobre la reutilización sin considerar riesgos como los sanitarios o la falta de condiciones logísticas. Ana Ruiz es contundente: «No me parece higiénico que alguien lleve su propio táper para la charcutería. Nadie garantiza su limpieza». Y, además, denuncian la incoherencia normativa: se exige usar un porcentaje de materiales reciclados en envases alimentarios, pero la legislación de contacto alimentario lo prohíbe en la práctica.

Javier Fernández cree que si tuviéramos «políticos de verdad, no se trataría de frenar el sistema, sino de mejorarlo». Un cambio estructural que exige voluntad política y visión a largo plazo. La posición de SIG no es de rechazo, sino de colaboración. «Queremos que se nos escuche. Estamos comprometidos con la sostenibilidad, pero pedimos que las medidas sean realistas, viables y con retorno», concluye Fernández.

El sistema de depósito podría ser una oportunidad histórica para redefinir la gestión de residuos en España, pero, como advierten desde la industria, su éxito dependerá de si se construye desde el consenso, la transparencia y la inversión en infraestructura. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un nuevo caso de buenas intenciones mal ejecutadas.