El Gobierno quiere usurpar casas de la costa por el cambio climático: «Nos hacen pagar hasta la demolición»

Este 15 de septiembre los vecinos de Babilonia (Guardamar del Segura, Alicante) lo tienen marcado como una fecha negra en el calendario. Ese día está prevista la demolición del antiguo núcleo de viviendas situado en la playa homónima al pie de la pinada de Guardamar, que se levantó el siglo pasado, bajo el Gobierno de la Segunda República.

Este caso no es aislado. Lugares como Cabo de Palos (Murcia) o enclaves de las costas de Baleares, Cantabria o Valencia tendrán que ver en los próximos meses cómo el Ministerio de Transición Ecológica tira abajo sus casas en pos de la protección de las costas y con el cambio climático como bandera.

Manuel López, portavoz del movimiento cívico Somos Mediterrania, que agrupa a más de 50 asociaciones, ha declarado en conversación con El Debate que existen tres principales problemas en lo que a la Ley de Costas se refiere. En primer lugar, están los concesionarios con derechos adquiridos antes de 1988, a los que se les recortan concesiones a 30 años «y se les hace la vida imposible para vivir con normalidad en sus casas», lamenta.

Por otro lado, están los deslindes, en los que la Administración cambia la línea que separa dominio público de suelo urbano «con criterios jurídicos y técnicos insuficientes», sostiene López. Por último, la erosión costera. En esta cuestión, el portavoz de Somos Mediterrania afea al Gobierno central que «tras un temporal, en vez de analizar por qué desaparece la playa, la Administración mueve la línea de deslinde hacia dentro. Si se lleva casas o pueblos por delante, como ocurrió en Guardamar, pues es lo que hay», asevera.

«Entendemos que este sistema de gestión de la costa no analiza los problemas reales, solo tapa la responsabilidad de la Administración. El hecho de que 54 asociaciones se hayan unido demuestra la amplitud del problema más allá de cualquier posición partidista», denuncia ante los micrófonos de este medio.

Según explica López, la excusa principal del Gobierno central para justificar las demoliciones es el cambio climático. Sin embargo, estudios de la Politécnica de Madrid, de la Politécnica de Valencia, Universidad de Alicante, Generalitat y Cedex dicen que el problema de la desaparición de las costas en España, especialmente en el Mediterráneo, no es el cambio climático.

«El cambio climático puede explicar un 6 %, quizá un 10 % como máximo. El problema principal es la falta de aporte sedimentario. La Administración ha encontrado en el cambio climático un comodín para tapar décadas de mala gestión del litoral y de los ríos. Creemos que la gobernanza de la costa ha tocado fondo. No puede ser que miles de familias en España pierdan sus casas por esta razón», sostienen desde este movimiento cívico.

Asimismo, Manuel López sostiene que no se trata de expropiaciones, sino de confiscaciones. «Cuando un deslinde quita a un particular la propiedad de su casa, no le indemnizan. Le dan una concesión por los años y condiciones que el Estado quiera. Eso impide hipotecar, hacer mantenimiento o reformas. Y si implica demolición, nos hacen hasta pagarla de nuestro bolsillo», explica. «Ojalá fueran expropiaciones. Si el Estado quiere hacer una carretera o un aeropuerto, expropia y paga un justiprecio. Eso es un proceso garantista. Aquí no», señala.

El problema de la Ley de Costas

La Ley de Costas de 1988 acumuló miles de quejas en toda España y llegó hasta la Comisión Europea. El Parlamento Europeo resolvió en contra del Estado español y expuso que la ley era arbitraria, que no protegía el medio ambiente y que debía reformarse. Esa reforma llegó en 2013, bajo el mandato de Mariano Rajoy, dando oxígeno a núcleos históricos como Babilonia, Nules, El Perelló, la Marina o Torreblanca. Pero López sostiene que no se aplica porque el funcionariado la bloquea.

«La reforma de 2013 permitía mantener viviendas históricas, pero sigue habiendo muchas trabas. Ahora hay dos propuestas de reforma legislativa, en Senado y Congreso, bloqueadas por la Mesa del Congreso, que impide que se debatan», critican desde Somos Mediterrania. «La Administración quiere hacernos responsables de la desaparición de playas, cuando la causa real es su gestión. Los estudios técnicos lo demuestran. Quieren que las víctimas parezcamos culpables», concluye.