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Transición Ecológica saca a información pública la norma para modificar el Reglamento General de Costas

Con esta modificación, el Ministerio busca adaptar el reglamento a la normativa comunitaria en materia de concurrencia competitiva para las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre destinadas a actividades económicas

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha sacado a información pública el anteproyecto de real decreto por el que se modifica el Reglamento General de Costas, según ha informado este lunes el departamento dirigido por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen. El periodo de información pública permanecerá abierto desde el 9 de marzo hasta el 1 de abril de 2026. Durante este plazo, los ciudadanos, organizaciones y entidades interesadas podrán presentar sus aportaciones al texto.

Con esta modificación, el Ministerio busca adaptar el reglamento a la normativa comunitaria en materia de concurrencia competitiva para las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre destinadas a actividades económicas. Según ha recordado, la propuesta de cambio responde a la apertura de un procedimiento de infracción a España por parte de la Comisión Europea, que considera que estas concesiones deben ajustarse a las reglas de concurrencia competitiva de la Directiva de servicios.

El texto introduce cambios para garantizar la existencia de procedimientos de selección «imparciales, transparentes y sujetos a concurrencia competitiva cuando se trate de actividades económicas», según Transición Ecológica. En concreto, establece un marco organizativo de los procedimientos de selección imparciales y transparentes, «evitando el otorgamiento de prórrogas automáticas para concesiones vinculadas a actividades económicas».

De acuerdo con MITECO, los cambios propuestos son de carácter reglamentario y desarrollan los textos legales vigentes, adaptando los procedimientos de otorgamiento de concesiones a las exigencias del derecho comunitario para garantizar que no se concedan títulos de ocupación contrarios a la normativa europea.