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Emisiones de CO2 de una fábrica

Emisiones de CO2 de una fábricaGetty Images/Rui Noronha

España debería reducir un 43 % más sus emisiones de gases efecto invernadero para cumplir el objetivo

Según un estudio de Funcas, la UE «tendrá dificultades» para cumplir los objetivos de 2030 si no se aumenta el ritmo de descarbonización

España necesita recortar todavía un 43 % adicional sus emisiones de gases de efecto invernadero para poder alinearse con el Objetivo 2030 fijado por la Unión Europea, que prevé una reducción del 55 % de estos gases. Así se recoge en el número 187 de Papeles de Economía Española, la revista trimestral que edita Funcas, cuyo monográfico, bajo el título Transición hacia la neutralidad climática: objetivos y realidad y coordinado por María J. Moral, examina la situación actual del cumplimiento de los compromisos climáticos europeos.

Los investigadores Jesús Rodríguez, Gustavo Marrero y Andrés Lorente exponen en su trabajo, centrado en el periodo 1990-2023, que «el ritmo actual de reducción de emisiones no es suficiente». En ese mismo análisis identifican al transporte como «un importante escollo en el logro de los objetivos climáticos». Además, indican que, pese al descenso registrado en la intensidad energética, la intensidad del carbono «se ha mantenido plana en las tres décadas analizadas».

El nuevo volumen de Papeles de Economía Española también subraya que la transición climática no avanza de manera uniforme en todo el territorio español. Esa es la conclusión a la que llegan Pilar Más y Lucien Antonio en su investigación, en la que detallan que, en comunidades como Galicia, Cantabria, La Rioja o Asturias, la caída de emisiones responde a mejoras de eficiencia y a una menor demanda eléctrica. En cambio, en Aragón, Andalucía, Baleares o la Comunidad Valenciana, el elemento decisivo ha sido la creciente presencia de las energías renovables en el mix eléctrico.

Dentro de ese panorama territorial, Galicia y Aragón destacan por registrar las reducciones más elevadas, próximas al 30 % entre 2019 y 2023, muy por encima de la media nacional, situada en el -17 %. En el extremo contrario aparecen Extremadura y Castilla-La Mancha, que muestran ajustes más contenidos.

El monográfico dedica asimismo un apartado al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de descarbonización industrial, que ha repartido 530 millones de euros en subvenciones directas y cuyo plazo de ejecución se extiende hasta marzo de 2026. Sobre esta cuestión, el investigador Pedro Linares advierte de varios límites relevantes. «Por una parte, los plazos tan estrechos que se manejan para ejecutar las inversiones junto con la falta de disponibilidad tecnológica competitiva para algunos sectores hacen cuestionable lograr avances significativos en la reducción de emisiones. Por otra parte, articular las ayudas mediante subvenciones a la inversión, y no como ayudas al coste de operación, también limita las opciones para la descarbonización», explica en su aportación.

En el ámbito de la automoción, Esther Gordo y María J. Moral sostienen que los grandes grupos del automóvil con plantas en España «se están adaptando muy lentamente al vehículo eléctrico en comparación con la industria alemana». Esa evolución, según ha destacado Funcas, confirma «una pérdida de competitividad en los mercados europeos», que continúan siendo el principal destino de la producción española orientada a la exportación.

También se examinan las políticas de movilidad urbana. Albert Gragera y Anna Matas concluyen que iniciativas como las subvenciones al transporte público o la implantación de zonas de bajas emisiones impulsan el uso del transporte colectivo, pero precisan que «el efecto total sobre la reducción de las emisiones de CO2 es limitado» porque «el incentivo al uso del automóvil privado no cambia significativamente». Los autores insisten, además, en que «Medidas como la reducción del precio del transporte público no son efectivas si no van acompañadas, por un lado, de una mayor internalización de los costes externos generados por el vehículo privado y, por otro, de mejoras sustanciales en la fiabilidad y el tiempo de viaje del transporte público».

En relación con los hogares, el estudio elaborado por María Victoria Román, Arkaitz Usubiaga-Liaño e Iñaki Arto señala que «el nivel de gasto constituye el principal determinante de las emisiones asociadas al consumo», de manera que un mayor gasto se traduce también en un mayor volumen de emisiones. Aun así, el trabajo apunta que «Los resultados del trabajo muestran que, aunque la huella de los hogares españoles está lejos de la senda de la descarbonización, hay hogares con un nivel de huella sostenible que sirven para identificar las claves de este cambio de hábitos».

Funcas extiende además su advertencia al conjunto de la Unión Europea y considera que Bruselas encontrará obstáculos para alcanzar sus metas climáticas de 2030 si no acelera el ritmo de descarbonización. El objetivo intermedio del bloque pasa por reducir al menos un 55 % sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 antes de 2030, como etapa previa para lograr la neutralidad climática en 2050. Los distintos trabajos reunidos en este monográfico coinciden en que «los sectores económicos están reduciendo emisiones», mientras que los hogares afrontan «mayores dificultades» a la hora de disminuir su huella.

En el plano internacional, el investigador Gerard Llobet observa que «la economía mundial se ha vuelto menos intensiva en el uso de energía» y añade que el aumento de más del 80 % del PIB per cápita mundial desde 1990 «se ha llevado a cabo con alrededor de un 10 % de crecimiento en las emisiones per cápita». No obstante, también avisa de que las consecuencias del cambio climático «son y serán profundamente heterogéneas entre países», dado que las economías desarrolladas cuentan con una capacidad superior para amortiguar sus efectos negativos, una circunstancia que, según su estudio, «acentuará la brecha de desigualdad mundial».

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