El amianto, una amenaza oculta en cientos de miles de edificios: «El mayor riesgo es no actuar a tiempo»

El amianto es un grupo de minerales muy utilizados en la construcción durante años hasta que se descubrieron sus efectos adversos para la salud y el medio ambiente. Su uso se prohibió en España en 2002, pero aún continúa presente en multitud de viviendas y edificios públicos a lo largo y ancho del país.

En concreto, el amianto se encuentra presente en cubiertas, bajantes o canalizaciones fabricadas con fibrocemento, la popularmente conocida como uralita. Ahora, 24 años después de esa prohibición de su uso, Cataluña ha aprobado la primera ley autonómica para su erradicación, lo que ha vuelto a poner el foco sobre un problema que, según los expertos, se extiende por todo el territorio nacional.

Esta es, por ahora, la única comunidad que ha cuantificado con precisión la dimensión del problema. El Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña ha identificado unas 120.000 cubiertas de fibrocemento, que suman cerca de 40 kilómetros cuadrados de tejados y contienen más de cuatro millones de toneladas de amianto. Sin embargo, Manuel Cocera, jefe de Operaciones y cofundador de Youdera, empresa que se encarga de instalar cubiertas solares, advierte de que la situación catalana no es una excepción, sino el reflejo más preciso de una realidad nacional.

«No existe todavía un censo oficial para el conjunto de España, pero las estimaciones del sector sitúan entre 580.000 y 740.000 las cubiertas de fibrocemento con amianto que siguen instaladas», explica. Además, recuerda que más del 80 % de los tejados construidos antes de 1980 han superado ya su vida útil, por lo que entre 1,6 y 2,5 millones de cubiertas necesitarán ser renovadas en los próximos años.

La dificultad, añade, es que muchas personas desconocen que conviven con este material. Como norma general, cualquier edificio construido antes de 2002 –y especialmente entre las décadas de los 60 y los 90– puede contener amianto. Ante cualquier sospecha, recomienda recurrir a una inspección realizada por profesionales acreditados.

El principal riesgo es sanitario. La Organización Mundial de la Salud atribuye al amianto más de 100.000 muertes anuales en todo el mundo. Cuando el material se deteriora o se manipula sin las medidas adecuadas, libera fibras microscópicas que pueden permanecer suspendidas en el aire y provocar enfermedades respiratorias y distintos tipos de cáncer décadas después de la exposición.

Del riesgo sanitario a las sanciones

A ese peligro para la salud se suma ahora un importante componente legal. La nueva normativa catalana obliga a los propietarios a declarar la presencia de amianto, mantener el material en condiciones seguras y retirarlo cuando así lo determine la administración. Además, introduce una novedad relevante para el mercado inmobiliario: las operaciones de compraventa o alquiler deberán acreditar mediante un certificado si el inmueble contiene o no este material.

El incumplimiento puede acarrear multas de hasta 100.000 euros en los casos más graves. Pero, según Cocera, el verdadero problema podría ser otro. La entrada en vigor de las nuevas obligaciones está disparando la demanda de empresas especializadas en desamiantado, mientras que el número de compañías homologadas sigue siendo limitado.

«Las empresas solventes del sector ya están ofreciendo fechas de inicio de obra para 2027», asegura. A su juicio, conforme se acerquen los plazos marcados por Europa –2028 para los edificios públicos y 2032 como horizonte para la erradicación del amianto– la lista de espera solo aumentará y también lo harán los costes de los materiales y de las intervenciones.

Frente a este escenario, el empresario considera que la retirada del amianto puede convertirse también en una oportunidad para modernizar los edificios. Su propuesta consiste en aprovechar la sustitución de la cubierta para instalar una nueva estructura con paneles solares, financiando la inversión mediante contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA), de forma que el propietario no tenga que realizar un desembolso inicial.

Además de eliminar un riesgo para la salud, recuerda que la legislación prohíbe instalar placas fotovoltaicas sobre cubiertas con amianto, por lo que su retirada desbloquea el aprovechamiento energético de miles de naves industriales y edificios. A ello se suma una mejora del aislamiento térmico, una reducción de las filtraciones y un importante ahorro energético que, según la compañía, puede alcanzar hasta el 70 % de la factura eléctrica en determinados casos.

Por eso, Cocera lanza un mensaje claro a los propietarios: no esperar a que llegue un requerimiento administrativo. «Anticiparse permite elegir empresa, acceder a las ayudas antes de que se agoten y evitar el riesgo de quedar atrapado entre una sanción y la falta de disponibilidad de empresas para ejecutar la obra», concluye. Cataluña ha dado el primer paso, pero el sector da por hecho que otras comunidades autónomas acabarán siguiendo el mismo camino hacia la desaparición definitiva del amianto en España.