Denuncian que 2.000 bomberos forestales dejan de trabajar en noviembre y exigen plantillas estables todo el año

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este miércoles que al menos 2.000 bomberos forestales finalizaron su actividad el pasado 1 de noviembre, una vez concluida la campaña de verano. Ante esta situación, la organización, que se presenta como el sindicato más representativo de las administraciones públicas, ha reclamado que los dispositivos de prevención y extinción de incendios cuenten con plantillas «fijas y activas» durante los doce meses del año.

El sindicato considera que la reducción de efectivos al terminar el periodo estival responde a un modelo que no se ajusta a las actuales necesidades de prevención, especialmente por las consecuencias del cambio climático sobre la frecuencia y distribución temporal de los incendios.

«Constatamos que los efectivos y dispositivos contra incendios forestales vuelven a reducir al mínimo sus operativos, una práctica habitual que se repite cada año, pese al cambio climático que provoca que los incendios forestales en la Península ya no sean exclusivos de la época estival», ha advertido CSIF.

Con las elecciones generales del próximo 29 de noviembre como horizonte, la organización ha instado a los partidos políticos a incorporar en sus programas propuestas destinadas a incrementar y consolidar las plantillas de bomberos y agentes forestales y medioambientales. Su objetivo es garantizar que los servicios encargados de prevenir los incendios mantengan su actividad de manera permanente, sin depender exclusivamente de las campañas de mayor riesgo.

Entre las principales reivindicaciones figura la estabilización del empleo y el refuerzo de los equipos para asegurar tanto las labores preventivas como la disponibilidad de los operativos durante todo el año. De este modo, CSIF pretende evitar que el final del verano se traduzca automáticamente en la interrupción de la actividad de numerosos profesionales.

La organización también ha solicitado mejorar los programas de formación y entrenamiento de los trabajadores, además de organizar simulacros que permitan comprobar y perfeccionar la coordinación entre las distintas administraciones implicadas.

A estas propuestas se añade la puesta en marcha de campañas de concienciación dirigidas a los ciudadanos, con especial atención a la protección de las viviendas situadas en las proximidades de terrenos forestales. En materia de equipamiento, el sindicato considera necesario actualizar los equipos de protección individual, los vehículos y el resto de los recursos materiales, teniendo en cuenta las particularidades y necesidades de cada territorio.

Asimismo, ha defendido la aprobación de un Pacto de Estado para mejorar la coordinación administrativa y garantizar recursos «suficientes», cuya distribución responda tanto a la extensión de la superficie forestal como al riesgo de incendios existente en cada zona.

Otra de sus peticiones consiste en desarrollar en todas las comunidades autónomas las leyes básicas que regulan la actividad de bomberos y agentes forestales y medioambientales. CSIF reclama que se reconozcan adecuadamente las distintas categorías profesionales, los riesgos asociados a sus funciones y las diferencias salariales que existen entre territorios.

El sindicato también ha puesto el foco en las condiciones de trabajo. En particular, exige establecer una regulación adecuada de las jornadas laborales y los periodos de descanso para proteger la seguridad de los efectivos, después de advertir de que algunos profesionales llegan a encadenar hasta 16 horas de servicio.

Andalucía pierde el 40 % de los efectivos del INFOCA

Las diferencias entre comunidades autónomas constituyen otro de los principales motivos de preocupación para CSIF, que ha alertado de que la temporalidad y la escasez de trabajadores están debilitando los dispositivos forestales de distintos territorios. En Andalucía, la organización calcula que la plantilla del INFOCA se ha reducido un 40 % una vez finalizada la campaña de alto riesgo de incendios. Esta disminución se produce, según el sindicato, después de una temporada estival marcada por contrataciones que permanecieron pendientes y por la existencia de unidades que no contaban con todos los efectivos previstos.

La situación también genera preocupación en Castilla y León, donde CSIF ha denunciado jornadas especialmente prolongadas, deficiencias en la coordinación y problemas para organizar los relevos y garantizar los descansos de los profesionales.

En Castilla-La Mancha, la central sindical ha advertido de que alrededor de 700 trabajadores continúan sujetos a relaciones laborales temporales, con contratos de 103 días. A esta circunstancia se suma, según sus representantes, la existencia de dotaciones «insuficientes» para atender las necesidades del servicio. Por su parte, Cataluña ha registrado la finalización de la actividad de 372 efectivos que habían sido contratados durante tres meses.

En Murcia, el sindicato ha cuestionado el calendario previsto para aplicar las mejoras recogidas en el acuerdo de empleo, ya que la mayor parte de ellas se ha pospuesto al periodo comprendido entre 2028 y 2032. Entre los compromisos aplazados figuran los incrementos salariales, la ampliación del número de trabajadores y la implantación de contratos de duración anual para el 98 % de la plantilla. No obstante, el panorama presenta diferencias importantes en otras comunidades.

CSIF ha destacado que Cantabria dispone de plantillas de bomberos y agentes forestales con actividad permanente durante todo el año. En este caso, las principales reclamaciones laborales se concentran en la mejora de los complementos salariales, los horarios y los descansos.

En La Rioja, la mayor parte de los bomberos forestales cuenta con contratos fijos, mientras continúa la negociación para transformar la situación laboral de los trabajadores fijos discontinuos. Además, todos los agentes forestales forman parte de la plantilla.

En Aragón, las reivindicaciones se centran principalmente en revisar el sistema de guardias, la duración de las jornadas y las disposiciones que regulan el funcionamiento del operativo.

Brigadas BRIF

Frente a las diferencias detectadas entre territorios, CSIF ha recordado que corresponde a las comunidades autónomas asumir sus competencias en materia de organización, dotación de recursos y condiciones laborales de los servicios forestales. En este contexto, la organización ha señalado que las administraciones autonómicas pueden recurrir al apoyo de las once Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), integradas por aproximadamente 660 profesionales de TRAGSA.

Estos equipos permanecen operativos durante todo el año por encargo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), una continuidad que el sindicato contrapone a la situación de otros trabajadores vinculados a la protección de los espacios naturales.

En concreto, CSIF ha señalado el caso de los 170 empleados fijos discontinuos dedicados a la vigilancia de los parques nacionales, cuya actividad concluyó a finales de octubre. Según ha explicado, estos profesionales únicamente trabajan entre cuatro y seis meses al año. La central sindical considera que esta falta de estabilidad laboral se agrava por otras deficiencias relacionadas con las condiciones en las que se desarrolla el servicio.

Entre ellas ha mencionado la existencia de instalaciones que carecen de servicios básicos, así como la ausencia de un reconocimiento adecuado de determinadas categorías profesionales y de complementos económicos vinculados a los riesgos propios de la actividad.

Para corregir estas carencias entre el personal de TRAGSA, CSIF ha planteado ampliar la duración de los contratos hasta alcanzar los doce meses, mejorar la preparación física y reforzar las actividades de entrenamiento.

También ha solicitado avanzar en el desarrollo del Estatuto del Bombero Forestal, establecer categorías profesionales y complementos retributivos acordes con las funciones desempeñadas, homogeneizar los protocolos de intervención y mejorar las instalaciones de trabajo.

La organización sostiene que estas actuaciones deben acompañarse de una planificación de los servicios que tenga en cuenta el riesgo real de incendios, en lugar de concentrar los recursos únicamente durante los meses de verano.

«Nuestros delegados exigen a las comunidades autónomas plantillas suficientes y estables todo el año, una planificación ajustada al riesgo real, mejores condiciones de seguridad y salud laboral, mejor coordinación y planificación entre administraciones y la aplicación efectiva de las leyes básicas de bomberos y agentes forestales y medioambientales (en vigor desde 2024)», ha concluido CSIF.