Por qué Meta afronta en California el juicio más caro de su historia mientras Europa aprieta las tuercas

Meta se sienta desde ayer en el banquillo de un tribunal federal de Oakland, en California, acusada por 29 fiscales generales estatales de haber diseñado deliberadamente funciones para generar adicción en niños y adolescentes a través de Instagram y Facebook.

No es la primera vez que la compañía de Mark Zuckerberg se enfrenta a la Justicia por este motivo, pero sí es la primera ocasión en que un litigio por incumplimiento de la ley federal COPPA llega a ser evaluado por un jurado. La jueza Yvonne Gonzalez Rogers y ocho miembros del jurado deberán determinar si Meta recopiló ilegalmente datos de menores de 13 años y si violó las leyes de protección al consumidor en California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. La cifra que se maneja como posible indemnización, 1,4 billones de dólares, da la medida de lo que está en juego.

Salud mental juvenil

El fiscal general de California, Rob Bonta, resumió la acusación sin matices: «Explotar a nuestros residentes más vulnerables para aumentar las ganancias corporativas no solo es moralmente incorrecto, sino también ilegal». Su colega de Colorado, Phil Weiser, fue más allá al vincular el caso con una emergencia de salud mental juvenil que exige que «las poderosas» tecnológicas respondan ante la ley. Meta, por su parte, tacha las acusaciones de «infundadas» y sostiene que los fiscales no aportan pruebas de que ningún residente concreto haya sido perjudicado, y que se pretende penalizar a la empresa por retos que afectan a todo el sector, como la verificación de la edad.

Explotar a nuestros residentes más vulnerables para aumentar las ganancias corporativas no solo es moralmente incorrecto, sino también ilegalRob BontaFiscal general de California

Este juicio es la punta de un iceberg. En febrero, Zuckerberg tuvo que testificar por primera vez ante un jurado en Los Ángeles, donde admitió fallos en la detección de usuarios menores de 13 años y acabó culpando a quienes «mienten sobre su edad» para acceder a Instagram.

Aquel proceso terminó en marzo con un veredicto histórico en el que el jurado declaró a Meta y a YouTube «negligentes» por diseñar productos adictivos y las condenó a pagar seis millones de dólares a la demandante. Y hace apenas dos semanas, un tribunal de Nuevo México obligó a la compañía a pagar 567 millones de dólares a un fondo de salud mental para adolescentes y a limitar el uso de sus plataformas entre los más jóvenes durante cinco años.

Sin normas

Lo que revelan estos procesos es el precio de casi veinte años de redes sociales sin apenas normas. Instagram y Facebook crecieron en un ecosistema donde el negocio premiaba cada minuto de atención capturada, sin que ninguna autoridad exigiera medir el coste emocional de ese diseño.

Documentos internos citados en el libro Los irresponsables (Ediciones Península, 2025), de la exempleada Sarah Wynn-Williams, apuntan a que la propia Meta sabía que sus algoritmos detectaban a adolescentes que se sentían «inseguros» o «inútiles» para dirigirles publicidad en esos momentos de vulnerabilidad, mientras públicamente negaba cualquier daño. Esa opacidad, sostenida durante años bajo el paraguas de la primera enmienda y la autorregulación, es precisamente lo que ahora se juzga, si esas plataformas actuaron, como sugieren varios fiscales, con la misma lógica de captación que una sustancia adictiva.

El contraste con Europa es cada vez más evidente. Mientras Estados Unidos dirime estas responsabilidades caso por caso, a golpe de demanda, la Unión Europea ha optado por una arquitectura normativa preventiva a través de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que obliga a las grandes plataformas a evaluar y mitigar los riesgos para los menores bajo amenaza de multas de hasta el 6 % de su facturación anual. Bruselas ya ha desplegado una aplicación de verificación de edad y el Parlamento Europeo ha planteado fijar en 16 años la edad mínima para acceder a redes sociales. España, de hecho, ya ha anunciado su propia prohibición para menores de 16 años dentro de ese marco comunitario.

El resultado son dos filosofías enfrentadas ante el mismo problema. Por un lado, la hiperregulación europea, que actúa antes de que el daño se produzca, frente a la desregulación estadounidense, que solo empieza a poner límites cuando los tribunales certifican que ya se ha hecho daño. El juicio de Oakland, que se prolongará entre cuatro y seis semanas y en el que se espera la comparecencia de Zuckerberg y del responsable de Instagram, Adam Mosseri, será una nueva prueba de si ese modelo reactivo puede, finalmente, ponerle coto a una industria que durante casi dos décadas ha operado con las manos libres.