Alina López Hernández
Alina López Hernández: «Estoy dispuesta a ir a prisión, pero no a pagar una multa o a hacer trabajo correccional»
La intelectual cubana se enfrenta a una pena de seis meses a un año de privación de libertad: no acatará ninguna sentencia que no sea una exoneración total por un proceso que considera «ilegal e ilegítimo».
Es más bien de izquierdas, de ideas socialistas, y nunca ha hecho activismo o formado parte de un grupo disidente. Se llama Alina Bárbara López Hernández, tiene 58 años, es doctora en Ciencias Filosóficas y miembro correspondiente de la Academia de Historia de Cuba. Está afincada en Matanzas, ciudad ubicada a unos 100 kilómetros de La Habana y capital de la provincia homónima, donde se encuentra Varadero. Hoy en día se ocupa de una editorial que también lleva el nombre de la ciudad.
En declaraciones a El Debate, afirma que lleva «unos seis años, más o menos, escribiendo, haciendo análisis fundamentados en las Ciencias Sociales, sobre la sociedad en que vivo. Estuve de articulista en el portal de análisis La Joven Cuba, siendo su coordinadora general hasta el pasado febrero». En junio fundó, junto con otras personas, el proyecto 'Cuba X Cuba, laboratorio de pensamiento cívico'.
Alina López Hernández
«Es evidente –prosigue– que durante todo este tiempo, fui mal vista, y a veces criticada, en los medios oficiales. En la televisión se me mencionaba como una persona disidente por esos análisis que hacía». En mayo fue invitada a un evento académico en Estados Unidos. Al iniciar los trámites de viaje, se le comunicó que tenía prohibido sacarse el pasaporte y que no podía salir del país. «Ante esa situación, denuncié públicamente el caso en las redes sociales y decidí manifestarme pacíficamente en contra de esta determinación».
A partir de ahí, empezó también un proceso de represión por parte de la Seguridad del Estado, que ya el 6 de abril había intentado secuestrarla por la fuerza en un parque de Matanzas. «Cuatro agentes de paisano intentaron montarme en un automóvil, me agarraron y forcejearon. Mi hija y mi yerno, allí, presentes, ayudaron a que aquello no se pudiera realizar».
El 13 de junio, recibió una citación para que me presentara en una entrevista en la sede de la Policía de Matanzas. Se asesoró con abogados, no se le dijo que estuviera inmersa en un proceso legal o que hubiera una causa abierta contra ella, ya fuera como imputada o como testigo. Decidió, por lo tanto, no acudir: «Ese tipo de situaciones son ilegales y tienen por objetivo amenazar a las personas, presionarlas, negociar con ellas el silencio para, quizás, permitirles salir al extranjero».
Días antes, el 25 de mayo, López Hernández había sido invitada en la representación de la Unión Europea en La Habana para encontrarse con Josep Borrell, Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad. «En esa reunión, tanto yo como las otras personas, conversamos sobre la situación en Cuba. No puedo decir de lo que se habló: debe de ser secreto. Pero yo puedo decir lo que ya había dicho en otros espacios sobre la violación de derechos humanos en Cuba y características del sistema cubano, que es una fábrica en potencia de presos políticos».
Dos días después, supo que estaba regulada, es decir, la notificación oficial de que no podía abandonar Cuba. Recuerda que lo siguiente fue la acusación por desobediencia por no haberme presentado. Sin que hubiera un proceso legal abierto. «Es evidente que esa persecución política se ha incrementado por mi asistencia a la reunión con Borrell. Quisiera que se visibilizara, porque esto no es un caso particular: este modus operandi lleva mucho tiempo». Está convencida de que es la manera en que el Estado se ha asegurado de que las personas no ejerzan los derechos recogidos en la Constitución de 2019, en la que están claramente expuestos los derechos de libertad de expresión, de manifestación pacífica, reunión y asociación.
El caso es que el 16 de noviembre se celebra un juicio que, con arreglo a la ley, ha de ser público. «Dudo que lo sea. Tal vez pueda acudir mi familia. Hay muchas personas que quieren acompañarme, pero no creo que lo vayan a permitir. Por el delito de desobediencia, son de seis meses a un año de privación de libertad, multa o ambas. He dejado claro que no voy a acatar ninguna sentencia que no sea una exoneración total por un proceso ilegal e ilegítimo».
–¿Está preparada para ir a prisión si fuera necesario?
–Sí. No porque lo merezca, pues no estoy dispuesta a pagar ninguna multa ni a hacer ningún tipo de trabajo correccional. Yo no he violado la ley. La ley fue violada al ser yo detenida sin orden de detención. La denuncia se hizo cuando llevaba detenida muchas horas. Se me engañó diciendo que me podía representar para que hiciera una declaración sin abogado.
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