Las piratas de la fruta hacen sangre en los cítricos: una sola empresa acumula el 43 % de las multas

Los productores españoles viven una etapa de dificultad extrema. Los costes de las explotaciones han experimentado una escalada sin precedentes en los últimos años como consecuencia de la sequía y el complicado panorama geopolítico.

Las labores del campo se han convertido en muchos casos en un trabajo de supervivencia. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2024, el sector agrícola perdió 119.500 empleados. La burocracia excesiva y la competencia creciente de terceros países con menores costes laborales y estándares de producción menos exigentes asfixia al pequeño empresario nacional, que brega insistentemente por un precio justo para el fruto de su trabajo.

Una de las reivindicaciones más recurrentes entre los agricultores es la de vender por encima de los costes de producción. La lucha ha sido tan firme que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que encabeza Luis Planas actuó en consecuencia en diciembre de 2021 con la reforma de la Ley de la Cadena.

El reglamento de 2013 se modificó con el objetivo de lograr unos precios más justos para todos los operadores; «en particular los que ocupan una posición negociadora más débil, la norma prohíbe, con carácter general, la destrucción de valor en la cadena alimentaria», anunciaba el Ministerio en su momento.

La AICA ha notificado multas a 30 infractores. Los motivos de sanción recogidos señalan a los operadores por no incorporar en el contrato el precio recogido en el artículo 9.1.c, realizar modificaciones del precio incluido en el contrato que no estaban expresamente pactadas por las partes, incumplir los plazos de pago, no formalizar por escrito los contratos alimentarios, o obstruir o mostrar resistencia o negativa a las actuaciones de la Administración.

El gremio donde más trampas han sido localizadas es el de frutas y verduras. 17 empresas mayoristas hortofrutícolas han sido sancionadas, por nueve bodegueras, dos aceiteras, una cárnica y una de bebidas.

La compañía que ha recibido la reprimenda más contundente por parte de la AICA es Limones Lázaro El Lurdo, S.L. La exportadora murciana ha cometido cuatro infracciones que le costarán 175.808,6 euros; es decir, un 43,15 % del total notificado. 138.006 euros –la multa más cuantiosa del período– por no formalizar por escrito los contratos alimentarios, 18.001 euros por obstrucción a las actuaciones de la Administración, 18.001 euros por no incorporar en el contrato el precio recogido en el artículo 9.1.c, y 1.800,6 euros por incumplir los plazos de pago.

Las prácticas irregulares han atacado a los productores de fruta y con especial énfasis a los que se dedican a los cítricos. Seis empresas que han cometido infracciones operan con cítricos: Seragro-Iberian, S.L., Natural Fruit Europe, S.L.U., Agriconsa, Expo Eurofrut, S.L., Fertofrans y la ya mencionada Limones Lazaro.

Los agricultores con cultivos de cítricos como naranjas, limones o mandarinas han denunciado en repetidas ocasiones el bajo precio al que se pagan sus frutos. El Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD) de enero elaborado por COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) refleja que el limón tiene una diferencia entre precio de origen y destino del 549 %: de 0,35 euros el kilo para el productor a los 2,27 euros el kilo al que se vende en las grandes superficies; mientras que en diciembre la naranja destacaba con una multiplicación del campo a la mesa por 7,26, un 626 %.

Empresas como Agribur, S.L., J. García Carrión, S.A, Fertofrans, S.L., Aljarafruit, S.L., Bodegas Fernandos Castro, S.L., Dcoop S.C. Andaluza, Juan Ramón Lozano, S.A. y Natural Fruit Europe, S.L.U. son reincidentes.

La organización profesional agraria mayoritaria en España, Asaja, ha apuntado a través de su sectorial andaluza a uno de los gigantes del mercado, García Carrión: «Empresa repetidora, que produce y comercializa zumo de naranja y que publicita en los medios de comunicación que utiliza naranja española y es amiga de los agricultores, pese a que es incapaz de pagar un precio justo por las naranjas que compra, y una y otra vez incumple la Ley de la Cadena Alimentaria».

Los agricultores exigen endurecer las sanciones para que realmente tengan un efecto disuasorio y ejemplificante. «En la mayoría de los casos, para empresas que mueven volúmenes de producción tan altos y que tienen unos beneficios tan elevados, la cuantía de las sanciones actuales es extremadamente baja y no está logrando que pongan fin a estas prácticas contrarias», concluyen.