Veterinarios en peligro por las nuevas normas
La atención veterinaria a los perros de rehala se verá afectada como consecuencia de las nuevas obligaciones legales al colectivo veterinario
Un veterinario aplica un tratamiento a una vaca en Galicia
Los veterinarios se han convertido, aupados por la sanidad animal y el concepto de one health (Una Sola salud) en una de las comunidades más relevantes e influyentes en una sociedad en la que el número de perros supera los 9,3 millones, y de dos a tres millones de gatos (muchos no están registrados). El número de mascotas supera ya ampliamente al número de niños de 0 a 4 años, que en 2023 fueron 1.786.000. Las clínicas veterinarias no han parado de crecer, la facturación del sector mascotas no ha parado de aumentar. Hasta Mercadona vende piensos y productos para animales.
Pero la actividad de los veterinarios clínicos, los de a pie, los que atienden al mastín, al caballo, a la vaca, al perro de rehala o la oveja, está cada día más amenazada por la sobrerregulación e intervención que sufre el colectivo. La burocracia los inunda y eso es precisamente de lo que se quejan a raíz de la irrupción del polémico RD 666/2023 por el que ya no pueden dispensar directamente antibióticos, sino que tienen previamente que hacer unos cultivos que impiden dispensar los tratamientos de forma rápida y eficaz en casos urgentes. Y por supuesto, nada de utilizar los antibióticos más eficaces: para los animales, sólo los de toda la vida, frente a los que muchas bacterias ya han desarrollado resistencias.
El profesional tiene cada vez menos margen, se ve más intervenido, más encorsetado y asume cada vez más riesgos de ser empurado
El retraso y la menor eficacia en los tratamientos será la norma. Además de un aumento del coste para los propios veterinarios y los usuarios, que tendrán que hacer frente a otra traba, otro obstáculo burocrático, otro papel más. Se imponen limitaciones para estos tratamientos que, según Moreno del Val, Vicepresidente del Consejo General de Veterinarios de España, lleva a una «criminalización de la profesión» y a que «existan serias dificultades para ejercerla con garantías técnicas, jurídicas y científicas». Las profesiones libres, como la de veterinario, lo son cada vez menos. El profesional tiene cada vez menos margen, se ve más intervenido, más encorsetado y asume cada vez más riesgos de ser empurado por infracciones administrativas o incluso responsabilidad penal. No podemos olvidar la polémica reforma del delito de maltrato animal en 2023 que amplió enormemente las penas y los supuestos constitutivos de delito.
Las profesiones liberales como la de abogado, arquitecto, veterinario o médico, requieren de libertad en el ejercicio. Para eso son profesiones ordenadas y tuteladas a través de colegios profesionales que afortunadamente garantizan la ética y la deontología profesional. En otras palabras, que esto no sea la ley de la selva.
Me preocupa y mucho el régimen sancionador del nuevo decreto. Introduce una profunda inseguridad jurídica, miedo e inestabilidad en el ejercicio profesional. Que haya que cogérsela con papel de fumar no sólo para atender bien al animal, sino también para evitar que a uno le puedan empurar por recetar un medicamento o hacer alguna práctica contraria a este Real Decreto o cualquiera de las tropecientas normas que modulan el ejercicio de la profesión de veterinario. Trabas y más trabas. Y más responsabilidades que transforman el ejercicio de la profesión en un campo de minas.
En este escenario es fácil imaginar que las clínicas pequeñas, los veterinarios autónomos, irán desapareciendo sepultados por el alud de cargas administrativas y legales que tienen encima. Ya está pasando con la ganadería y la agricultura a las que literalmente se las triturado a base de la dictadura digital y la burocracia más abyecta y desmedida o una fiscalidad para amantes de los puzles de cinco mil piezas. Como ejemplo la PAC, un laberinto, dentro de un jeroglífico. Esto sin duda afectará a la atención veterinaria en los núcleos rurales donde ese autónomo cumple una función social impagable en la atención de los animales, la sanidad animal y la salud de las personas (otro día hablamos de los análisis de triquina). Las rehalas sufrirán sin duda una merma en la atención veterinaria y en los servicios disponibles a raíz de todas estas nuevas normas. Y eso a pesar de que nuestros rehaleros son cada día más necesarios en un contexto de sobreabundancia de ciervos y jabalíes que convierten al perro de rehala y a su cuidador en un elemento esencial.
Santiago Ballesteros Rodríguez es abogado en ejercicio y asesor jurídico de ARRECAL
