La UE desperdició 1.000 millones por no tener en cuenta las necesidades del campo

La falta de relevo generacional en las labores agrarias sobresale como una de las principales cuestiones a resolver en el sector primario.

La producción agroalimentaria se presenta como un entorno cada vez más hostil para aquellos que quieren vivir del campo, ya que a la dedicación exigida tradicionalmente se ha sumado una competencia feroz –y en algunos casos desleal– que estrecha los márgenes de beneficio y cierra las puertas a los potenciales aspirantes para ejercer esta renovación.

La media de edad de los agricultores y ganaderos en España ronda los 62 años, 15 por encima de la media de otras actividades. Desde las explotaciones apuntan a la desconexión entre los legisladores y los que están a pie del terreno como una de las causas fundamentales de este desajuste, algo que respalda un informe especial publicado recientemente por el Tribunal de Cuentas europeo.

El ente señala que el instrumento de la Unión Europea (UE) para impulsar la agricultura a través de la innovación (AEI-AGRI) no ha alcanzado todo su potencial por «no tener en cuenta las necesidades prácticas de los agricultores».

El informe destaca que entre 2014 y 2022, se destinaron casi 1.000 millones de euros de fondos nacionales y de la UE al fomento de prácticas agrícolas innovadoras en el marco del instrumento; sin embargo, la conclusión es que rara vez se dieron innovaciones útiles, prácticas o ampliamente adoptadas. «Los auditores recomiendan centrarse en las necesidades prácticas de los agricultores, mejorar la selección de proyectos y difundir los resultados con mayor eficacia para que la innovación llegue a todo el sector agrícola», indica el documento.

La auditoría del Tribunal de Cuentas europeo incide en que, cuando hubo implicación directa de los agrarios, se potenció en gran medida las probabilidades de éxito del mecanismo, por lo que «se desaprovecharon algunas oportunidades por no tener en cuenta las necesidades prácticas de los agricultores», advierte João Leão, miembro del Tribunal.

La participación activa de los agricultores en los proyectos aumentaba tanto la consecución del objetivo como la calidad de la innovación generada, cuestión difícilmente factible cuando se trataba de impulsar cuestiones que no eran requeridas en el campo.

Según el Tribunal de Cuentas europeo, casi un tercio de los proyectos examinados apenas tenían relación directa con la agricultura, mientras que algunos proyectos se centraban en ámbitos como la transformación industrial de productos alimenticios o el desarrollo de marcas minoristas.

«Un proyecto ejecutado en Polonia se centraba en la producción de mantequilla y solo contribuyó modestamente a la sostenibilidad económica de los productores de leche locales; otro proyecto llevado a cabo en España solo tenía por objeto reforzar la marca de una cadena de supermercados», revela el Tribunal, que recoge que los fondos de la AEI-AGRI proceden de la Política Agraria Común (PAC) y la política de investigación e innovación de la UE (programa Horizonte). Entre 2014 y 2022, la PAC financió más de 4.000 proyectos de este carácter.

'El guardián financiero de la UE', tal y como se refiere a sí mismo el Tribunal de Cuentas europeo, condena que estos fondos no produjeron resultados prácticos, abarcaron necesidades muy específicas o beneficiaron principalmente a particulares. Los auditores consideran que, en contra del espíritu del mecanismo, hay fondos que se utilizaron para inversiones que podrían haberse llevado a cabo de todos modos y que no aportaban beneficios claros al resto del sector.

La sentencia de «oportunidad desaprovechada» empapa las conclusiones del Tribunal de Cuentas europeo, que ahonda en deficiencias en la difusión de los resultados e ineficiencia en las sinergias.