Los dos ritmos de la relación agroalimentaria entre España y Marruecos arrinconan al tomate nacional

Los detalles del flujo comercial entre España y Marruecos retumban como uno de los temas de mayor discusión en el campo.

El trato de favor de la Unión Europea (UE) con el país magrebí, que permite la entrada de miles de toneladas de productos hortofrutícolas libres de arancel al bloque del viejo continente, provoca un importante desgaste en las explotaciones.

Los agricultores situados al norte del estrecho de Gibraltar denuncian una avalancha de frutas y hortalizas procedente del reino de Mohamed VI que hunde sus precios en origen. La carga burocrática, las exigencias medioambientales y las restricciones que condicionan las producciones y la rentabilidad de los agrarios españoles desaparece en Marruecos, que disfruta de otras reglas de juego y al mismo tiempo compite en igualdad de condiciones en los mercados europeos.

Según denuncia el sector primario nacional, en la lista de dificultades que han lastrado los cultivos españoles en los últimos años la importación hortofrutícolas masiva desde Marruecos ocupa los puestos de mayor relevancia.

Esta problemática es especialmente visible con los datos de exportación de tomate español a la UE y de importación comunitaria con origen Marruecos, que evidencian una relación agroalimentaria con un ritmo muy distinto según el sentido.

Un estudio de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX) sitúa al tomate nacional como una de las grandes víctimas de esta relación comercial.

La exportación de tomate de España a la UE ha pasado de 786.599 toneladas en 2014 a 591.098 toneladas en 2024, (excluyendo a Reino Unido) reduciéndose un 25 %, mientras que las importaciones españolas de tomate de Marruecos han crecido un 269 % en el mismo período, pasando de 18.045 toneladas a 66.624 toneladas.

Según FEPEX, esta tendencia es consecuencia de la ineficaz aplicación del Acuerdo de Asociación de la UE con Marruecos de 2012: «En concreto de los precios de entrada que se fijaron para defender la producción comunitaria y que no ha cumplido su función. Es necesaria una modificación de este sistema, estableciendo un precio de entrada con valores de importación diferenciados para cada variedad de tomate, fijando un nivel de protección acorde con los costes de producción», apunta la organización, que incide en la necesidad de activar la cláusula de salvaguardia cuando las importaciones de Marruecos provoquen perjuicios graves a los productores comunitarios.

Los productores en suelo europeo han de cumplir una legislación considerablemente más estricta en la utilización de fitosanitarios, uso del agua y condiciones laborales; mientras, la monarquía marroquí subvenciona altos porcentajes de la producción de tomate, entre el 50 y el 70 % de su valor.

FEPEX indica a los europarlamentarios que el crecimiento de las explotaciones de invernadero en el Sahara Occidental está impulsando la producción destinada a la exportación, «lo que agudizará el desplazamiento del mercado comunitario de la producción española y francesa principalmente».

Estas producciones mencionadas por FEPEX llevan años en el punto de mira de los agrarios españoles, que insisten en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE al entender que los productos cultivados en el Sáhara Occidental son saharauis y no marroquíes y, por tanto, han de contar con el Sáhara Occidental como país de origen en el etiquetado y no Marruecos.

La COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) ha defendido en reiteradas ocasiones que el Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos vulneraba y vulnera los derechos de las personas consumidoras en la UE y no es acorde a la legislación europea de etiquetado de frutas y hortalizas, dado que limita la capacidad de los consumidores para discernir claramente si un producto etiquetado como originario de Marruecos procede de este Reino, o bien procede del Sáhara Occidental.