El abandono rural y el fracaso de las políticas europeas avivan los incendios: «Cada vez somos menos en el campo»

España sigue en vilo, muy pendiente de los incendios que asolan una parte del país. Castilla y León, donde se han registrado más de una decena de fuegos, no es la única región afectada. Otras cinco comunidades autónomas están siendo víctimas de las llamas: Galicia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid.

Estos incendios no solo ponen en jaque núcleos urbanísticos, también explotaciones ganaderas y agrícolas que son el sustento económico de muchos ciudadanos que viven en la España rural. De hecho, según informa la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, se han intensificado en los últimos años, tanto en número como en dimensión.

Sin ir más lejos, entre el 1 de enero y el 12 de agosto de este año, los incendios ya han afectado a 79.482 hectáreas, y es el quinto peor año desde 2015. Así lo reflejan los datos publicados por el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS).

Aunque pueda parecer raro, entre las causas de este auge se encuentra las precipitaciones que han tenido lugar esta primavera hasta bien entrado junio. «Todas esas lluvias suponen una mayor vegetación y un mayor pasto para quemar. De hecho, muchos de los incendios comienzan precisamente ahí», asegura Ana Belén Noriega Bravo, decana presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales.

Sin embargo, Noriega señala directamente al abandono rural y a la falta de inversiones. «Hemos construido paisajes y en muy poco tiempo los hemos abandonado. Se han convertido en pueblos y áreas rurales fantasma. Sin población, sin actividad ganadera, agrícola o forestal, el territorio queda sin mantenimiento», explica.

Santos señala la extinción de la ganadería extensiva: «Cada vez hay menos. Y este tipo de ganado no solo reduce la vegetación, también mejora el suelo, aporta biodiversidad y genera trabajo, lo que ayuda a que más personas se queden en el territorio». «Es fundamental que haya personas dedicadas a la agricultura y a la ganadería extensiva para prevenir incendios», asegura.

La financiación europea para la prevención de los incendios ha aumentado en los últimos tiempos, sin embargo, los daños, en un contexto de disminución de explotaciones agrarias, van a más, lo que evidencia el fracaso de las políticas empleadas. De hecho, un informe del Tribunal de Cuentas Europeo subraya la ineficiencia del reparto de medios económicos sobre el terreno al no orientarse en planes a largo plazo.

«La inversión ha de destinarse a prevención y a equipos de extinción. Los incendios aceleran cuando las condiciones son favorables, en contextos de sequía, altas temperaturas y viento y el mejor freno es la actividad económica del medio rural. Cuando hay una finca rentable y con buena producción los agricultores son los que asumen el gasto para que esté en las condiciones de menor riesgo posible», apuntaba hace unas semanas a El Debate Francisco Bello, presidente de la Asociación Agraria de Galicia (Asaga), una de las regiones más expuestas a las llamas.

El análisis del Tribunal de Cuentas Europeo incide en que el dinero de la UE para luchar contra los incendios forestales no se gasta de manera sistemática donde las necesidades y los peligros son más elevados, ni con una perspectiva a largo plazo y concluye que el impacto de la acción de la UE en la prevención podría limitarse a un máximo de tres o cuatro años.

Los agricultores no están contentos con la Política Agraria Común (PAC) actual. Para percibir las ayudas ecorregímenes, se obliga a dejar la hierba desbrozada en el terreno. La buena primavera ha empujado aún más de lo habitual el crecimiento de estos pastos, que según la PAC pueden ser recortados, pero deben dejarse en el suelo, seco.

Se sienten indefensos ante una normativa única para toda la Unión Europea que no discrimina de la particularidad de cada entorno, como son las altas temperaturas. «Quizá esto funcione en Alemania, Dinamarca, Holanda o en otros países del norte y centro de Europa, donde llueve durante todo el verano. Pero en los países del sur no», asegura Lorenzo Rivera, secretario general de COAG Castilla y León.

Además, condenan la PAC de 1992, con la que se promovió la forestación de tierras agrícolas. «El monte debe estar donde siempre ha estado y las tierras de cultivo deben de seguir siéndolo», clama José Antonio Turrado, secretario general de Asaja Castilla y León. Y es que, «hoy en día este llega hasta los límites de los pueblos, y eso supone un problema de seguridad ciudadana: se están quemando casas», lamenta.

«Necesitamos más apoyo de la administración, porque los verdaderos afectados somos quienes vivimos en el territorio. Y, desde luego, no somos los que más incendios provocamos, al contrario. Sería tirar piedras contra nuestro propio tejado», sentencia Ángeles Santos, miembro de la Ejecutiva Nacional de COAG.