Los agricultores alertan del «fraude verde» de los próximos 10 años con los productos ecológicos

La diferencia entre los estándares de producción de la Unión Europea (UE) –los más exigentes del mundo–y los de sus socios comerciales de terceros países erosionan el día a día en las explotaciones del viejo continente.

Los productores europeos reprochan a la UE que favorezca la entrada masiva de frutas y hortalizas cultivadas en unas condiciones ventajosas para los competidores extracomunitarios. La queja sostiene que la institución favorece la competencia desleal, ya que permite que ciertos productos agroalimentarios entren con las mismas garantías en el mercado europeo pese a contar con costes laborales considerablemente inferiores y una legislación más laxa.

Los agricultores españoles, que viven tiempos de elevada tensión con la Comisión por el avance del trato con Mercosur, han alarmado de que la problemática por la apertura a terceros países afronta un nuevo capítulo que debilita su forma de vida.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) advierte «del fraude verde que viene», una modificación del Reglamento de Producción Ecológica en la que trabaja la Comisión Europea para que los productos agroalimentarios importados puedan comercializarse como ecológicos en el mercado comunitario sin cumplir exactamente las mismas normas que se exigen a los productores europeos.

«No podemos permitir que productos de terceros países se vendan como ecológicos en Europa sin cumplir las mismas condiciones. Es un fraude en toda regla. No se puede utilizar la etiqueta ECO de la UE para productos importados», condena José Manuel Benítez, responsable de Agricultura Ecológica de COAG.

La organización profesional agraria, que ha recriminado la variación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, indica que la simplificación administrativa no puede servir de coartada para rebajar garantías ni para generar competencia desleal y desvirtuar el valor del sello ecológico europeo.

«El prestigio de la producción ecológica europea se lo han ganado los agricultores y ganaderos con muchos años de esfuerzo, cumpliendo un marco normativo exigente y sometido a control público. No se puede permitir que ese valor se diluya», asevera Benítez, que es tajante en su reclamación: «Ningún producto importado debería poder utilizar el sello ecológico europeo, aunque exista un reconocimiento de equivalencia. Permitirlo supone engañar al consumidor, devaluar el sello ecológico de la UE y penalizar a los productores europeos, que asumen mayores costes regulatorios y mayores exigencias de control».

COAG propone una redacción clara del reglamento para que el sello ecológico europeo mantenga su razón de ser y que el uso del logotipo de producción ecológica de la UE quede reservado exclusivamente a los productos que cumplan íntegramente las disposiciones del Reglamento (UE) 2018/848, impidiendo su utilización por productos importados de terceros países, incluso cuando procedan de sistemas reconocidos como equivalentes.

Los agrarios denuncian de las insuficiencias del sistema actual de supervisión de las importaciones ecológicas, basado en gran medida en certificadoras privadas que operan en terceros países. «Estos modelos generan un evidente conflicto de intereses y no ofrecen las garantías del mercado europeo, por lo que reclama controles públicos reforzados en los puntos de entrada a la UE, auditorías independientes y una menor dependencia de certificadoras privadas como único sistema de verificación», reivindica COAG, que defiende que la producción ecológica no puede convertirse en una etiqueta vacía al servicio de la liberalización comercial.

«Defender lo ecológico es defender a quienes cumplen las normas, invierten en sostenibilidad y sostienen el territorio. No vamos a aceptar que se degrade ese esfuerzo por decisiones políticas que priorizan el mercado sobre la coherencia», sentencia COAG.