Los caseros que no suban el precio de la vivienda a sus inquilinos se podrían ahorrar hasta 6.753 euros al año

El Gobierno sacó hace casi tres años la Ley de Vivienda con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre los colectivos más vulnerables. Pero, tal y como habían avisado los expertos, no solo no ha mejorado, sino que los efectos de esta norma han agravado este problema. Se ha debilitado el alquiler residencial, provocando una destrucción de la oferta de alquiler nunca vista hasta ahora y batiendo todos los récords de precios en prácticamente todas las provincias del país.

Quien ha buscado alquilar un inmueble en estos últimos años ya conoce las dificultades a las que se enfrenta. Pero hay un grupo de inquilinos que este año se van a dar de bruces con la realidad: aquellos que alquilaron una vivienda al inicio de la pandemia, y que cumplen los cinco años y a los que quizás no se les va a renovar el alquiler.

Sumar había pedido congelar los precios de estos alquileres para evitar que a esos inquilinos les suban la renta. El PSOE, para contentarles, ha anunciado que aplicarán una bonificación fiscal del 100 % en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los propietarios que no suban el precio del alquiler cuando les toque renovar el contrato a los inquilinos.

A partir de los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria, correspondientes a las estadísticas del IRPF del año 2023 –y sin tener en cuenta las del País Vasco y Navarra–, el Registro de Economistas de Asesores Fiscales (REAF) ha obtenido que en total 2,1 millones de españoles tienen un inmueble en alquiler. Teniendo en cuenta el rendimiento generado a raíz de esto, estima que este incentivo fiscal ahorrará de media casi 1.500 euros al año a los propietarios que tengan un piso en alquiler.

En 2023 se ahorraban de media 876 euros al año, ahora, con un incremento de la deducción al 100 %, esa cifra aumentaría en 584 euros, hasta los 1.460 euros. Una cifra que se va incrementando a medida que sube el nivel de renta, por lo que, en los tramos más altos, el alivio fiscal podría llegar hasta los 6.750 euros anuales.

«No compensará»

Son muchos los expertos inmobiliarios que, a falta de conocerse el texto definitivo, consideran que dicho ahorro «no compensará el beneficio que se obtendría si se actualiza dicho contrato». Y es que, los precios se han incrementado un 38,7 % de media. En zonas como Madrid o Málaga el incremento es incluso mayor, por lo que en estos casos los propietarios seguirán perdiendo poder adquisitivo.

Desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, FAI, ven con buenos ojos esta medida, aunque creen que no será determinante ni tendrá efecto si no se prioriza dotar a los propietarios de seguridad jurídica para aumentar la oferta y se vincula únicamente a congelar las rentas al margen del mercado.

Ninguna medida fiscal será eficaz mientras persista la actual inseguridad jurídica del arrendador, ya que es el principal motivo de la reducción de la oferta. «La imposibilidad real de recuperar la vivienda en caso de impago cuando el inquilino es declarado vulnerable, unida al colapso de los juzgados y a procedimientos de desahucio que se prolongan durante meses o años, constituye hoy el principal freno para que miles de propietarios saquen su vivienda al mercado del alquiler», asegura José María Alfaro, presidente de FAI.

Por su parte, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) piden una mayor concreción de las nuevas medidas fiscales para actuar sobre el mercado del alquiler, incluyendo incentivos y mecanismos de contención de precios para evitar fraudes y distorsiones.

Y es que, actualmente exista una bonificación del 90 % que se aplica a los propietarios que renuevan contratos reduciendo el precio, al menos, un 5 % en las zonas tensionadas. De no realizarse esta redefinición, los técnicos consideran que podría percibirse que los propietarios que mantienen el precio obtienen más ventajas fiscales que aquellos que lo rebajan.

Además, consideran que los técnicos recuerdan que las medidas fiscales pueden ser útiles para afrontar ciertos problemas del mercado inmobiliario, pero no son suficientes por sí solas para resolverlos.