La burocracia que puede dejar sin ayudas para los fertilizantes a los agricultores más veteranos

El exceso de papeleo destaca como una de las principales quejas que retumban desde las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Las normas a las que están sujetos los agrarios condicionan su actividad diaria hasta el punto de que la sensación en el sector es que dedican más tiempo a la gestoría que a sus cultivos y sus animales.

Esta acumulación de obligaciones se traslada a todos los ámbitos que afectan al campo, incluso –y ahí aparece el gran perjuicio– a los trámites para recibir apoyo económico en situaciones de crisis como la actual, con los insumos disparados por el conflicto bélico en Irán.

El bloqueo del Estrecho de Ormuz deja un considerable impacto en productos básicos en el campo, con encarecimientos del 40 al 50 % en el precio de los fertilizantes y del 28 % en el gasóleo agrícola; por lo que el Gobierno ha activado un plan de urgencia aprobado para aplacar este golpe; sin embargo, los requisitos para acceder a estas ayudas pueden resultar excluyentes para buena parte de los potenciales beneficiarios.

Este es el caso de la dotación movilizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por el aumento de precios en los fertilizantes como consecuencia de la guerra en Oriente Medio. Según ha denunciado Asaja, las trabas burocráticas pueden impedir que los agricultores más veteranos opten a los 500 millones de euros de ayuda directa para la compra de fertilizantes.

El Gobierno ha fijado un procedimiento que obligará a los agricultores y ganaderos a presentar telemáticamente una declaración responsable, en la que, además de tener una firma digital y entender los pasos informáticos, deberán cumplir unos ingresos agrarios de al menos 5.000 euros en la declaración de la renta de 2024 y conservar las facturas de compra de abonos durante cuatro años.

«Si el Gobierno quiere ayudar de verdad al campo, que lo haga fácil, como hizo con la ayuda de Ucrania, de oficio y sin necesidad de trámites. Si pide una declaración responsable a través de la sede electrónica del Ministerio, con todas las trabas y requisitos que ello conlleva, en la práctica estará excluyendo sobre todo a pequeños agricultores y agricultores mayores, que igualmente están pagando unos sobrecostes inasumibles», condena Cristóbal Aguado, presidente de Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja).

Estas complicaciones pueden resultar especialmente dañinas entre los agrarios españoles, cuya edad media ronda ronda los 62 años. En Europa, solo el 12 % de los agricultores tienen menos de 40 años y la media de edad es de más de 57. En España, el dato es más preocupante y hace pensar en una barrera digital todavía mayor: solo el 7,7 % de los agricultores tienen menos de 40 años y la edad media es 59 años.

El Real Decreto Ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, contempla una ayuda de 55 euros por hectárea en regadío y 22 euros por hectárea en secano, con un máximo de 300 hectáreas por beneficiario y un mínimo de 100 euros. Aguado condena que «el Gobierno pide demasiada burocracia para una cantidad tan exigua, que será totalmente insuficiente».

La organización reprocha al Ejecutivo la ausencia de programas formativos para explicar el uso de aplicaciones informáticas que se han convertido en vitales ante la imposición de nuevas cargas como el cuaderno de explotación digital o el registro telemático de tratamientos fitosanitarios. Además, en Asaja recuerdan que hay carencias de cobertura de internet en numerosas áreas rurales que imposibilitan la gestión de trámites digitales, por lo que exigen al Ministerio de Agricultura que rectifique y adopte un sistema de concesión automática, similar al aplicado en la guerra de Ucrania.