Las subidas del SMI hunden el empleo agrario: «No sale a cuenta contratar trabajadores»

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España en 2018 era de 735,9 euros al mes en 14 pagas. Ocho años después, esta cifra escala hasta los 1.221 euros mensuales recibidos por trabajador.

El impacto de este ascenso gradual impuesto por el Gobierno y, como ha sucedido con la última actualización sin el visto bueno de los empresarios, deja importantes consecuencias en el ámbito agrario, uno de los sectores con más problemas para dar continuidad.

Según el informe Evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social en el periodo 2019-2025 elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la comparación de las afiliaciones en el tramo delimitado refleja «un muy favorable comportamiento de las afiliaciones a la Seguridad Social, con un aumento de su número en casi 2,4 millones»; sin embargo, el análisis muestra una realidad sangrante en el Régimen Agrario, que ha perdido 107.967 afiliados (-14,1 %) en el mismo espacio de tiempo.

Los expertos de Fedea señalan al fuerte incremento del SMI «como una de las causas de esta evolución negativa» que salpica también de manera muy similar al sector Empleados del holgar (-14,2 %), que aunque registra un desplome similar al Régimen Agrario en términos porcentuales, sufre una pérdida de 57.290 afiliados, lejos de los más de 100.000 que tambalean el Régimen Agrario.

«El problema no es el salario mínimo, es el coste total que tiene que soportar el empleador. Estamos a favor de que los trabajadores cobren más, pero no siempre a costa del empresario. El Gobierno tiene que incentivar, no aumentar las cargas para el campo», apunta en conversación con El Debate Francisco José García Navarrete, presidente de Asaja Madrid.

El impacto real para una explotación agraria por contratar un trabajador por el salario mínimo es de 1.989 euros mensuales, sumando salario y cotizaciones: «Muchas veces no sale a cuenta contratar trabajadores. La sensación que transmite el Ejecutivo es que 'invita' a esta subida, pero con el dinero de los agricultores y ganaderos. Entre las dificultades para encontrar mano de obra y el coste para los empresarios el resultado es este hundimiento en la contratación», indica García.

El dirigente de Asaja ahonda en cómo el sobrecoste de contratar trabajadores y los problemas para dar con candidatos ha provocado que las nuevos agrarios se decanten por cultivos con menos dependencia de mano de obra: «Hay personas que tenían trabajadores a los que han tenido que despedir, otros que han descartado posibles ampliaciones y luego están los que se incorporan que apuestan por explotaciones en las que prime la mecanización» explica García, que recalca la tendencia por producciones que eliminen lo máximo posible la mano de obra.

Desde 2018, el SMI ha levantado su cifra un 66 %, con el consecuente encarecimiento para los empleadores, lo que deja un saldo negativo muy dañino para el Régimen Agrario que no sigue la tendencia general. «La comparación de las afiliaciones en el periodo más amplio delimitado por 2019 y 2025, refleja un muy favorable comportamiento de las afiliaciones a la Seguridad Social, con un aumento de su número en casi 2,4 millones», destaca la investigación de Fedea.

Los agricultores lamentan que esa escalada únicamente se dé en la cuenta de costes y no se repercuta en los precios en origen: «Ojalá tuvieran ese alza lo que se percibe en las explotaciones por los productos, pero la realidad es que hay producciones clave, como por ejemplo el cereal, que están en valores de hace 30 años. Pagamos en euros y cobramos en pesetas», concluye García, que condena las trabajas a estas actividades económicas.