¿Ingeniería electoral?: Horizonte aborda la 'ley de nietos' de Sánchez

La ley de nietos ha opacado la cantidad de noticias políticas que brotan diariamente alrededor de las cloacas de la corrupción.

Se regularizan nietos, tataranietos y todo aquel que diga que su tatarabuelo, bisabuelo o abuelo, tuvo que huir a otros países, y se les aplicará la Ley de Memoría Democrática. El tema ha sido el que ha abierto el programa Horizonte de Cuatro, dirigido por Iker Jiménez y Carmen Porter.

«Qué es lo que hay detrás de esa ingeniería electoral?», se preguntaba Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ante los miles de «argentinos, cubanos, brasileños y mexicanos» que han logrado la nacionalidad española; unos 650.000 ya están en la lista final para solicitar el voto.

Núñez Feijoo añade: «Lo que se detecta es un interés por conseguir nuevos votantes, como con los actuales no les salen las cuentas, a ver si lo consiguen fabricando votos». Socialistas se le han lanzado a la yugular: «es una política trumpista», «Tiene que rectificar» o desde Vox, sentenciando. Figueirido: «Es un golpe de Estado a cámara lenta».

Además, han recuperado declaraciones del año 2022 de Feijoo, acusándole de pedir lo que ahora lleva a la práctica el PSOE. ¿Qué dijo? «Hay que abrir un contexto de negociación para desembocar en una ley específica para recoger la nacionalidad de los descendientes de españoles, fuera de planteamientos ideológicos y fuera de rencores, que es lo que impulsa la ley de Bildu, conocida como la Ley de Memoria Democrática, o ley de nietos, como aquí la atribuye el PSOE para ocultar que no es una ley de nietos, sino una ley ideológica que reabre los rencores de la Guerra Civil.

Bernaldo de Quirós, colaborador de Horizonte, comentaba: «Independientemente de lo que vote la gente, es la vulneración sistemática del derecho de ciudadanía. Tipos que no han vivido nunca en España, que llevan generaciones viviendo fuera, que están acostumbrados a la cultura política de los países donde viven, que esta gente tenga acceso masivo a la ciudadanía española es absolutamente inaceptable».

María Jamardo, de El Debate, centraba el problema: « ¿Hay fraude?. Mafias y organizaciones están creando árboles genealógicos y proponiendo partidas que saben que no existen porque saben que pertenecen a parroquias o iglesias que fueron quemadas en el 36, y otra cosa es lo que se ha hecho desde el PSOE, que es quien impulsa esto por la puerta de atrás, al margen del Parlamento».

La intervención del ministro del Interior, Grande-Marlaska, en el Senado ha sido para demostrar, una vez más, que no acaba de centrar los términos que se barajan en su ministerio.

No ha acabado de definir qué eran «encuentros, comunicaciones, reuniones entre su directora general de la Guardia Civil y la fontanera socialista Leire». Y explica: «Si hubiera un encuentro y la UCO me lo dice así, habría una causa de cese de la directora general». Casi nadie ha entendido nada, los interrogadores sudaban tras cada respuesta del ministro.

María Jamardo ha explicado la situación actual de Grande-Marlaska en su ministerio: «No es ni su sombra de lo que fue cuando llegó al ministerio. Está noqueado. No sabe cómo reaccionar. Le llega la información a cuentagotas porque él no contaba con que la UCO no se debe al Ministerio del Interior. Se debe a los jueces de instrucción y a la fiscalía anticorrupción. Y por ahí —añade Jamardo— no habrá filtraciones, ni deslealtades de la UCO o de la Guardia Civil al Estado de Derecho, que es al que se deben».

Y la relación que tiene con los dos generales que dependen de él, Pardo y González, es cada vez más tensa. Si hay desconfianza con los dos segundos de a bordo que tienes en cada uno de los cuerpos que deben proteger la seguridad de los españoles y actuar, en consecuencia, contra la corrupción, la verdad es que la posición del ministro queda desacreditada».