El gran bulo de la mascarilla: seis años de miedo oficial y silencio cómplice

El pasado 13 de marzo se cumplieron seis años del día en que el Gobierno español anunció el confinamiento estricto a causa de la pandemia de Covid-19. Recuerdo perfectamente la primera semana de confinamiento en mi barrio de Barcelona: la gente empezó a salir a la calle con mascarilla, sin nadie más alrededor. Seis años después, siguen ahí. No pocos. La mascarilla se ha convertido en un elemento fijo del paisaje urbano barcelonés. Y en uno de los símbolos más perfectos de la absurdidad de los tiempos que vivimos.

Pedro Sánchez lleva años denunciando los bulos que circulan por internet —ahora los quiere combatir con su último invento, la Huella del Odio y la Polarización. Sin duda hay bulos en las redes sociales, pero los bulos más persistentes y más dañinos de los últimos seis años no vienen de ningún canal de Telegram ni de ninguna cuenta anónima. Han venido del propio Estado.

El bulo de la mascarilla. La mascarilla, que protege y es necesaria, y cuya utilización sigue siendo recomendada, en particular cuando aumentan los casos de gripe o de Covid, lleva seis años en circulación con el sello oficial del Ministerio de Sanidad. Y nadie en el discurso público tiene la valentía de corregirlo. Es el tipo de bulo que solo puede sostenerse cuando las élites políticas, mediáticas y académicas que controlan la narrativa pública actúan al unísono, no necesariamente por conspiración, sino por la misma comodidad ideológica, los mismos incentivos institucionales y el mismo miedo a la controversia.

Puedo entender lo que ocurrió en primavera de 2020. La gente tenía miedo y los activistas pedían a través de las redes sociales que el uso de las mascarillas fuera obligatorio. El virus suponía un peligro real para las personas mayores y vulnerables, y los gobiernos sentían una presión brutal para demostrar que estaban actuando. La mascarilla se convirtió en el símbolo perfecto de la firmeza gubernamental.

Lo que no tiene justificación es que, seis años después, nadie haya tenido la honestidad de reconocer que aquello fue un error.

Lo que la ciencia dijo, y nadie quiso escuchar

Antes de que el SARS-CoV-2 apareciera en escena, existía un consenso sólido entre los expertos europeos en salud pública: el uso generalizado de mascarillas por la población general no estaba recomendado en epidemias de virus respiratorios. De hecho, tan tarde como en abril de 2020, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) seguía manteniendo esta postura. No era una postura caprichosa. Era el resultado de décadas de estudios que evaluaban el uso real en el mundo real, no en laboratorio.

Esos estudios tenían en cuenta lo que los modelos teóricos ignoran: que la gente se toca la cara al ajustarse la mascarilla, la reutiliza durante días, la lleva húmeda y contaminada, se la baja para hablar. La incomodidad no genera más higiene, genera más manipulación de mucosas. Las mascarillas quirúrgicas y las higiénicas de tela no filtran los aerosoles microscópicos por los que se transmiten los virus respiratorios. Están diseñadas para retener gotas grandes del portador, no para protegerle de inhalar partículas que flotan en el aire a su alrededor. En el exterior, con la dilución que proporciona el volumen de aire libre, el riesgo de contagio por simple proximidad peatonal es prácticamente inexistente. Ponerse una mascarilla para caminar solo por la acera nunca tuvo base científica.

En febrero de 2023, la Colaboración Cochrane, considerada el estándar de oro de la evidencia médica, publicó la actualización de su revisión sobre intervenciones físicas para reducir la propagación de virus respiratorios. El estudio, analizó 78 ensayos clínicos. Su conclusión fue nítida: llevar mascarilla en un entorno comunitario probablemente supone poca o ninguna diferencia en la transmisión de enfermedades similares a la gripe o al Covid-19. Antes, el ensayo controlado danés publicado en Annals of Internal Medicine en 2020 había llegado a conclusiones similares respecto al uso de mascarillas quirúrgicas para proteger al propio portador. Los médicos del hospital St. George de Londres informaron que la exigencia de mascarillas en sus instalaciones durante 2020 y 2021 no supuso una diferencia perceptible en las infecciones adquiridas dentro del propio hospital.

Pero quizá la prueba más incómoda vino de aquí mismo. En 2022, un equipo del Institut Català de la Salut y de la Universidad Politécnica de Cataluña realizó un estudio con alrededor de 600 000 alumnos de escuelas catalanas. Compararon la incidencia de la COVID entre los niños de infantil (de 3 a 5 años, sin mascarilla obligatoria) y los de primaria (de 6 a 11 años, con mascarilla durante toda la jornada). El resultado fue que la incidencia no fue menor entre los niños que llevaban mascarilla. De hecho, la incidencia fue mayor entre los niños de seis años que entre los de cinco. La conclusión de los investigadores no dejaba lugar a dudas: la obligatoriedad de las mascarillas en las escuelas no se asoció con una menor incidencia ni transmisión, lo que sugiere que la medida no fue efectiva.

Además, hay un aspecto del que casi nunca se habla: los efectos negativos del uso prolongado de mascarillas FFP2 en personas mayores y personas con patologías respiratorias o cardiovasculares. Un estudio sistemático reveló que más del 63 % de los profesionales sanitarios que las utilizaban de manera prolongada informaron de dificultades respiratorias moderadas, el 54 % de problemas de concentración y el 85 % de una disminución de la capacidad de trabajo. Las propias normas de seguridad laboral limitan su uso a turnos de ocho horas en entornos profesionales. Para una persona de ochenta años con insuficiencia cardíaca o EPOC, caminar con una FFP2 bajo el sol no es una precaución inocente, sino una amenaza real para su salud. El daño es real. Y ocurre al aire libre, donde el riesgo de contagio es prácticamente nulo.

No obstante, conviene hacer una salvedad: hay personas que hoy llevan mascarilla en el transporte público o en espacios cerrados porque están enfermas y quieren proteger a quienes les rodean. Esta lógica tiene algún respaldo: las mascarillas pueden reducir la emisión de gotas respiratorias de quien ya está infectado, especialmente en interiores con poca ventilación. Pero esto no justifica que nadie, y menos las personas mayores, lleve mascarilla por la calle, ni que las autoridades sanitarias la hagan obligatoria en los centros de salud, como ha sucedido en repetidas ocasiones en Cataluña y otras partes de España en los últimos años. Estamos, una vez más, ante una medida de uso comunitario general con la misma base científica endeble, aplicada esta vez a personas que ya se encuentran en un entorno médico y que, a menudo, precisamente tienen las patologías que hacen más difícil llevarla.

¿Vamos camino de una nueva Edad Oscura?

Detrás de toda la gestión pandémica hay un presupuesto teórico que conviene examinar: la primacía casi absoluta de la teoría del germen como explicación de la enfermedad. Según esta visión, la salud se protege eliminando o bloqueando los agentes patógenos. Es útil pero muy incompleta, y durante la pandemia se convirtió en el único marco de referencia políticamente aceptable.

La teoría del terreno, de raíces más antiguas y mucho más holística, plantea algo distinto: que la susceptibilidad del organismo huésped es tan importante o más que la presencia del patógeno. Lo que nos protege de enfermar no es la ausencia de gérmenes a nuestro alrededor —algo imposible en cualquier caso—, sino la fortaleza del sistema inmunitario, la calidad de la alimentación, la práctica de ejercicio físico, el descanso, las relaciones sociales y el estado emocional. Esta visión conduce a políticas de salud pública radicalmente distintas: en lugar de prohibir que la gente fuera al bosque, habría que haberles animado a hacerlo.

La pandemia hizo exactamente lo contrario. Prohibió el deporte al aire libre. Cerró los parques. Confinó a personas mayores que necesitaban moverse. Generó una soledad masiva con consecuencias inmunológicas directas. Impuso mascarillas que dificultan la respiración y la comunicación. Y todo ello mientras ignoraba sistemáticamente los factores que de verdad determinan si una persona cae gravemente enferma: la obesidad, el sedentarismo, la malnutrición, el aislamiento. Ninguno de estos factores recibió ni la décima parte de la energía política que se dedicó a perseguir a quien saliera a correr sin mascarilla.

No se trata solo de una mala gestión sanitaria. Es el síntoma de una transformación cultural más profunda que lleva décadas gestándose: la elevación de la seguridad, o de la sensación de seguridad, a la categoría de valor supremo por encima de la libertad, la racionalidad o la vida misma. En 2009, la escritora alemana Juli Zeh publicó Corpus delicti (El método), una novela distópica en la que imagina una sociedad gobernada por el MÉTODO, un régimen sanitario totalitario que ha convertido la salud en el deber supremo del ciudadano y el cuerpo en objeto permanente de vigilancia estatal. Cualquier disidencia, como fumar, no hacer ejercicio o rechazar los protocolos, se convierte en un crimen político. Lo que Zeh describió como ciencia ficción en 2009 se ha revelado en los últimos años como una hoja de ruta siniestramente precisa.

El confinamiento estricto fue posible porque existe una disposición cultural profunda a aceptar restricciones enormes de la libertad individual cuando vienen envueltas en el lenguaje de la protección colectiva. No está claro que hayamos salvado más vidas de las que destruimos con dos años de parálisis, daño mental en menores, diagnósticos no realizados, soledad de mayores y ruina económica. Pero dimos la sensación de seguridad. Y eso, al parecer, era lo que contaba.

No son pocos los intelectuales que llevan tiempo argumentando que estamos entrando en una nueva edad oscura. No la de la ignorancia por falta de información, sino la del oscurantismo voluntario: sociedades con acceso sin precedentes al conocimiento que son incapaces de procesarlo racionalmente, que prefieren el símbolo al análisis, el consenso impuesto a la evidencia incómoda. Cuando una sociedad es incapaz de corregir durante seis años un error de salud pública bien documentado, cuando el periodismo renuncia a su función crítica por miedo al estigma social, cuando los expertos prefieren el silencio cómodo a la controversia, estamos ante algo más que incompetencia administrativa. Es una forma de estupidez colectiva que se autoalimenta.

¿Quién se lo dice a las élites?

La pandemia también supuso un momento de gran poder para una clase particular: la que pudo trabajar desde casa sin perder sueldo ni exponerse al virus en una fábrica, repartiendo o trabajando en un bar. Esta clase, formada por académicos, funcionarios y profesionales, pudo sentirse segura. Además, se sintió virtuosa, convencida de que apoyar las medidas más restrictivas era una forma noble de proteger a los más vulnerables. El hecho de que estos últimos —cuidadores, trabajadores de hostelería, personas mayores en residencias y niños sin espacios abiertos— pagaran el precio más alto de las restricciones fue un detalle que muchos prefirieron no examinar demasiado de cerca.

El periodismo español, con contadas excepciones, nunca intentó informar de forma objetiva sobre la eficacia real de las mascarillas. Se adoptó la narrativa oficial sin escrutinio. Quien se desviaba de ella se exponía a ser tachado de negacionista o de difundir desinformación peligrosa. Hubo y sigue habiendo una minoría que lo ha cuestionado en las redes sociales, citando exactamente los mismos estudios que aparecen en este artículo. A estas personas se les descalificó sistemáticamente tachándolas de teóricos de la conspiración. Ese es el mecanismo clásico de control de la narrativa por parte de las élites: no rebatir el argumento, sino desacreditar a quien lo expone. El miedo al ataque social fue más poderoso que el compromiso con la verdad. Y, mientras tanto, todos hemos visto las mismas imágenes: políticos que se colocan la mascarilla en cuanto detectan una cámara y se la quitan en cuanto desaparece. Aquello era teatro. Pero este teatro tenía consecuencias reales para la ciudadanía que lo observaba y lo imitaba.

Hoy en día, en muchas calles de Barcelona y de otras ciudades españolas hay personas, en su mayoría mayores, que siguen paseando solas con una mascarilla FFP2 bajo el sol, sin nadie a su alrededor. No lo hacen por elección libre e informada. Lo hacen porque en estos seis años nadie con autoridad suficiente les ha dicho con claridad que ese miedo concreto no tiene fundamento científico.

Si quienes nos gobiernan actuaran con honestidad, la tarea sería sencilla: reconocer que el uso de la mascarilla en la calle nunca se basó en pruebas científicas sólidas. Pero, en lugar de hacerlo, administran la narrativa y siguen alimentando el bulo de las mascarillas. Muchos de los bulos de los que habla Sánchez en realidad no lo son. Además, es hipócrita exigir responsabilidad ajena mientras se rehúye la propia.

A estas alturas, parece cada vez menos probable que la respuesta vaya a venir de arriba. Pero la fisura en el control de la narrativa de las élites ya existe: una minoría cada vez mayor no se cree el discurso oficial, busca información por su cuenta, compara fuentes y llega a sus propias conclusiones. Eso no es conspiranoia. Es pensamiento independiente. Y es precisamente lo que se necesita para hacer frente a la desinformación oficial, que, debido a su alcance y autoridad, es la única que causa un daño verdaderamente masivo. En lugar de esperar a que la corrección venga de arriba, es necesario que más gente tome conciencia, piense de forma crítica y rechace el conformismo generalizado de nuestra época.