Noelia: la vida que no quiso ser salvada

Noelia murió el pasado 26 de marzo de 2026. Con su muerte se ponía fin a casi dos años de lucha en los tribunales, dos años en los que, como letrado de Abogados Cristianos, pude comprobar cómo funcionan los sistemas procesal y sanitario. En ese tiempo me cansé de gritar, a tiempo y a destiempo, una serie de verdades evidentes que todo el mundo desatendió. Al final del camino, me quedo con el agradecimiento de la familia que, emocionada, me dio las gracias por haber podido disfrutar dos años más de la vida de su hija. También con cierta reacción pública ante los acontecimientos finales, desencadenada, sobre todo, al poder ver con sus propios ojos a la paciente y comprobar que, contrariamente al relato de enferma terminal consumida por los dolores que se les había presentado, ante sus ojos tenían a una joven con toda la vida por delante, y más preocupada por su maquillaje que por las terribles consecuencias de la decisión que había tomado.

El 4 de octubre de 2022, como ya había intentado en otras ocasiones, Noelia trató de quitarse la vida precipitándose desde un quinto piso. El impacto no la mató, pero le provocó una fractura vertebral (burst L1) y una lesión medular a nivel L2/L3 que la dejó parapléjica y postrada en una silla de ruedas. En ese momento, el sistema sanitario se movilizó con una eficacia admirable para salvarla. Fue ingresada en el Hospital Joan XXIII y, posteriormente, trasladada al prestigioso Institut Guttmann para someterse a una pauta de neurorrehabilitación intensiva de varios meses. El esfuerzo humano y económico de la sanidad pública fue titánico. Los médicos, fisioterapeutas y enfermeros lograron lo que parecía un milagro: Noelia, que había llegado con el cuerpo roto, aprendió a adaptarse, logró ponerse de pie con ayuda, e incluso pudo volver a caminar utilizando un andador, muletas y férulas. Aprendió a subir escaleras y recuperó una autonomía asombrosa para las actividades de su vida diaria. El sistema la salvó de la muerte que ella misma había buscado y demostró unas capacidades asombrosas para recuperarla; el mismo sistema que después, echando por tierra todo ese trabajo, la mató.

El mismo sistema que gastó incontables recursos en reconstruir su cuerpo, decidió abandonar su mente.

Lejos queda ya la reivindicación de una ley de cuidados paliativos, y más lejos aún que comprendamos a los pacientes mentales como lo que son: personas con la máxima dignidad, y, a la vez, personas que necesitan apoyo, y quizá corrección, en su toma de decisiones. Puedo poner un ejemplo que todo el mundo entenderá: si nos hallásemos ante una paciente con anorexia y 30 kg de peso que creyera, producto de su enfermedad, que está obesa, lo que una sociedad sana y un sistema sanitario normal haría sería sacarla de su engaño y reconducir su autopercepción nublada por la enfermedad; es decir, por mucho que tenga capacidad volitiva y cognitiva, y aunque sepa fehacientemente las consecuencias de no comer y pueda intelectualmente entender que morirá, lo que debemos hacer es tratar su psique, llevarla a la verdad objetiva de las cosas: ayudarla, no afirmarla en su trastorno.

Y con Noelia, no obstante, se ha hecho todo lo contrario. Cualquiera que lea los informes médicos de la paciente —cualquiera, insisto—, se dará cuenta de que en los mismos se recogen, como si de un copia-pega de un manual de psiquiatría se tratase, una serie de rasgos característicos de las personas con el trastorno mental de Noelia: su lectura nos informará, así, con aséptica precisión, de que los pacientes con trastorno límite de la personalidad en conjunción con un trastorno obsesivo compulsivo con ideaciones suicidas presentan un «pensamiento dicotómico, con marcada tendencia a los extremos, alto grado de impulsividad al interpretar toda situación de forma exagerada, problemas para controlar los comportamientos como las autolesiones» y, finalmente, «una fuerte desregularización emocional con la consiguiente dependencia emocional». Y tras tamaña enumeración, nos encontraremos con la conclusión del informe, el cual, con absoluta indiferencia, y en un non sequitur flagrante, decreta que la paciente está en pleno uso de sus facultades volitivas y cognitivas. Ante lo cual, el lector con dos dedos de frente se preguntará, anonadado, cómo es posible que toda esa caterva de síntomas no tenga una relación directa con la toma de decisión de morir. ¿Cómo es posible que alguien con una tendencia recurrente al suicidio no despierte suspicacias precisamente en una solicitud de la eutanasia?

He hablado con varios médicos sobre este caso para informarme y prepararme de la mejor manera; todos ellos me aseguraron que una eutanasia así no habría pasado los filtros de la inmensa mayoría de las Comunidades Autónomas. Y es que la ley exige un «contexto eutanásico»: una enfermedad grave e incurable, o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, con un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. Pero en el caso de Noelia, su dolor físico (dolor neuropático) estaba «bien controlado» con medicación, según los propios informes de alta de enfermería. Además, no había una dependencia absoluta ni un contexto de fragilidad progresiva; al contrario, Noelia, con 24 años, tenía toda la vida por delante y había demostrado una capacidad de mejora física innegable.

De hecho, la paciente presentaba una discapacidad reconocida del 68% en atención sola y exclusivamente a su estado mental. Tras el intento de suicidio, lanzándose desde un quinto piso, el grado de discapacidad aumentó solo hasta un 74%, apenas 6 puntos más. Resulta paradójico e increíble que un 68% de discapacidad intelectual no fuese indicador de vicio en su consentimiento, y más aún que la gravísima lesión que le permitía pedir la eutanasia fuese insuficiente para alcanzar al menos el 75% de invalidez que le hubiera dado acceso a toda una serie de ayudas a las que no pudo aspirar con el 74%. Parece que tenía el grado de invalidez justo para que confluyera el no poder vivir con el no querer hacerlo.

De lo más sorprendente del proceso médico-administrativo fue la actuación de la llamada «dupla» (el médico y la jurista encargados de verificar los requisitos legales). Durante el juicio, ambos reconocieron, sin ningún atisbo de rubor, que fingieron un desacuerdo entre ellos. Faltaron a la verdad en un documento público, emitiendo un informe de «desacuerdo» ficticio con el único y fraudulento objetivo de que el caso fuera elevado al Pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación para que la decisión fuera tomada por 19 miembros y así diluir su propia responsabilidad. Lo más escandaloso fue que el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña calificó esta actuación de «irregularidad procedimental», «censurable», «sorprendente» y afirmó que «causaba rubor» que los evaluadores se separaran de las normas y mintieran en informes oficiales.

Y, sin embargo, la actitud de los Altos Tribunales de este país fue lamentable. Para ambos, Supremo y Constitucional, la cuestión no ha tenido el interés necesario para que entrasen al fondo del asunto. Al final, supongo que es fácil para un juez lavarse las manos y ceñirse a lo que acríticamente diga un informe pericial; se establece así una justicia formal que no tiene nada de justicia real, material; nos encontramos solo ante el mero formalismo del trámite cumplido.

Y este caso reviste particular gravedad. Como yo mismo le dije a la juez, desde el momento en que en España dejó de existir la pena de muerte, ni siquiera en la jurisdicción penal hay en juego una vida. Y ahí estábamos, hablando de si una joven de 24 años merecía morir en la jurisdicción contencioso-administrativa, la misma jurisdicción donde se ventilan las multas por mal aparcamiento.

Al final, el sistema legal solo convalidó la decisión ya asumida desde el sistema sanitario. Es una lástima, pero, de nuevo, era el camino más fácil para el que no se quiere comprometer y ejercer la justicia. Y es que el mero ejercicio de la justicia, algo que solemos dar por sentado en un tribunal, se está convirtiendo en una labor de valientes.

No obstante, cabe recordar que no todas las decisiones judiciales fueron adversas: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos estimó parcialmente al reconocer nuestra legitimación para llevar adelante el asunto. Y esta pequeña victoria tiene más importancia de lo que parece, abre la puerta a otras muchas familias que puedan encontrarse en una situación parecida a la de la familia de Noelia; se nos reconoció el derecho a plantar batalla. Pero nos encontramos ante una evidente disparidad de armas, ya que la administración contaba con una serie de peritos que ya habían concedido la eutanasia, y yo solo podía tratar de deslegitimar dichos informes periciales, sin poder presentar otros en contrario debido a la imposibilidad de acceder a la paciente por su negativa contumaz a colaborar con aquellos que pretendían oponerse a su decisión.

Era plenamente consciente desde el principio de las dificultades del proceso, por lo que su resolución me apenó, pero no me sorprendió. Nunca le oculté a la familia esas dificultades, y he de decir que su firmeza hasta el final ha sido encomiable.

La familia de Noelia es gente humilde y sencilla, que ha pasado por problemas a lo largo de su vida. En un intento por desprestigiar a los que tratábamos de oponernos a la muerte de Noelia se sacaron a la luz algunos de los problemas y enfermedades que sufrían el resto de los miembros de la familia, como si alguien, por el mero hecho de tener un problema de alcoholismo, no pudiera querer a su hija; o incluso algo peor y poco menos que kafkiano, que su familia, es decir, los únicos que la cuidaban, se preocupaban menos por ella que los funcionarios de la Generalitat. Olvidaban lo complicada que es la relación con una persona con TLP y lo complejo que fue todo una vez empezado el proceso, con toda la presión mediática y una hija que empieza a verte como un enemigo.

Otra de las cosas que me han sorprendido ha sido comprobar cómo se sacó de contexto en un momento determinado una supuesta visita de un grupo religioso que trató de entregarle un crucifijo a Noelia. Debo decir con rotundidad que, en todo este penoso camino, todas las personas que han tratado de ayudar a Noelia (creyentes o no), se han comportado con ella con una delicadeza y un tacto encomiable.

Asunto aparte ha sido el de los abusos sexuales sufridos por Noelia. Ante el mar de bulos y amarillismo que este caso ha despertado, considero necesario aclarar que no han sido los detonantes de los trastornos mentales de la paciente, aunque sí que han supuesto momentos de crisis dentro de unas enfermedades que, como lo son todas las mentales, son de larga duración, y en ocasiones con tendencia a la cronicidad. Me enteré de los abusos sexuales ya comenzado el procedimiento, a través de la testifical de una de las facultativas; luego amplié la información al ver las declaraciones de la propia paciente en televisión, y he de decir que comparto con muchas personas la sensación de vergüenza ante una sociedad que parece que no ha hecho nada ante tales atropellos. Dentro del compromiso que tengo con la familia de llevar el asunto hasta el final, más allá incluso de la muerte de Noelia, trataré de hacer justicia sobre ese punto también.

Cuando la paciente salió ante las cámaras de televisión contando su historia creo que mucha gente pudo comprobar la realidad del caso: solo era una niña con ganas de notoriedad y de atraer hacia sí atención, una pobre muchacha que había sufrido mucho y que no había encontrado manos amigas. Creo que muchos de los que habían tratado a la familia, a esta defensa letrada, y a la fundación que represento, Abogados Cristianos, con evidente injusticia recapacitaron. Se dieron cuenta de la gravedad del hecho, de que ni siquiera estábamos ante una eutanasia sino ante un terrible suicidio asistido y retransmitido por televisión, ante el fracaso flagrante de toda una sociedad que asistía boquiabierta a una muerte anunciada y certificada judicialmente.

Temo profundamente que el ejemplo de Noelia pueda inspirar a más suicidas a tratar de solicitar la eutanasia, y, temo aún mucho más que nuestro gobierno, siempre ávido de avances legales, acabe por certificar en la ley lo que jurisprudencialmente se está certificando en la práctica: que la ley de eutanasia que nos vendieron para casos extremos es de facto una ley de suicidio asistido por petición. La pendiente resbaladiza que se abre ante nosotros es inquietante.

Pasado el tiempo me quedo con la sensación de haber puesto todo de mi parte y de haber tratado hasta el último momento de salvar su vida; no ha quedado puerta a la que llamar, ni entrevista que conceder para conseguir tener voz en el espacio público. Cientos de personas se han puesto en contacto tanto con nosotros como con la familia para darnos su apoyo y aliento, algunos de ellos me han conmovido profundamente por su sencillez y limpieza de intenciones. A todos ellos, gracias de todo corazón.

Creo sinceramente que quizá hayamos salvado a otras Noelias y que, probablemente, esta muerte no haya sido en vano, que es probable que el caso sirva como revulsivo para que todos tomemos conciencia de la sociedad que estamos construyendo y paremos antes de que sea demasiado tarde. Al final, el último tribunal al que siempre queda apelar es al de la conciencia de cada cual.

José María Fernández Abril, de Abogados Cristianos, es el letrado que ha impulsado todo el proceso para intentar evitar la eutanasia de Noelia.