El Instituto Panhispánico y Héroes de Cavite denuncian la eliminación oficial de los topónimos en español

El Instituto Panhispánico del Español Global y la asociación Héroes de Cavite denuncian la progresiva eliminación de los topónimos en español del ámbito oficial en distintas comunidades autónomas bilingües, una situación que consideran contraria a la Constitución y lesiva para los derechos lingüísticos de millones de españoles.

Ambas entidades advierten de que diversas leyes autonómicas han impuesto como únicas formas oficiales los topónimos en lenguas regionales, excluyendo deliberadamente las denominaciones tradicionales en español. Como ejemplo paradigmático, señalan la Ley de Normalización Lingüística de las Islas Baleares, cuyo artículo 14 establece que «los topónimos de las Islas Baleares tienen como única forma oficial la catalana».

Según el Instituto Panhispánico del Español Global y Héroes de Cavite, esta política supone una vulneración del artículo 3 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a usar el castellano en cualquier ámbito. Ambas organizaciones sostienen que el español, como lengua común de todos los españoles, posee una tradición histórica y cultural plenamente legítima para denominar localidades y territorios de toda España.

«La pluralidad lingüística no puede convertirse en una herramienta de exclusión», afirman ambas entidades, que denuncian un modelo basado en la «discriminación sistemática» de los hablantes de español bajo el pretexto de la protección de las lenguas minoritarias.

El comunicado recuerda además las advertencias realizadas por destacados intelectuales y filólogos españoles como Juan Ramón Lodares, Gregorio Salvador o Francisco Rodríguez Adrados, quienes alertaron del peligro de utilizar la lengua como instrumento político y de fragmentación social.

El Instituto Panhispánico del Español Global y Héroes de Cavite subrayan que «las lenguas no son sujetos de derecho; las personas sí lo son», y critican que determinadas políticas autonómicas establezcan ciudadanos con distintos niveles de reconocimiento y protección según la lengua que utilicen.

Asimismo, denuncian la existencia de una «doble vara de medir» en el uso institucional de los topónimos. Mientras se excluyen oficialmente formas españolas tradicionales como Lérida, Gerona o La Coruña, medios públicos autonómicos emplean sin reparos versiones en lenguas regionales de ciudades castellanohablantes como Zaragoza («Saragossa») u Huesca («Osca»).

Las entidades consideran especialmente preocupante el clima de descalificación que, aseguran, sufren quienes defienden la cooficialidad real del español en las comunidades bilingües, siendo etiquetados frecuentemente como «franquistas», «centralistas» o «ultraderechistas» por reclamar igualdad de derechos lingüísticos.

En este contexto, el Instituto Panhispánico del Español Global y Héroes de Cavite reivindican la legitimidad histórica y cultural de los topónimos en español y animan a los ciudadanos a seguir utilizándolos con normalidad. Ambas organizaciones recuerdan unas palabras del filólogo Juan Ramón Lodares: «Los diputados no son los amos del idioma».

Finalmente, hacen un llamamiento a las instituciones del Estado para garantizar el pleno respeto a los derechos lingüísticos de todos los españoles y frenar unas políticas que, a su juicio, «van contra la historia, el entendimiento mutuo y la convivencia».