La reforma de la enseñanza por un ministro católico social

Una de las objeciones recurrentes que la historiografía suele hacer al catolicismo social en España es que careció de realizaciones prácticas, a diferencia de otros países de nuestro entorno, por ejemplo, Francia, Italia o Bélgica, donde el sindicalismo cristiano y los partidos políticos de signo católico alcanzaron significativas cotas de influencia social.

El libro que reseñamos desmonta ampliamente este argumento, al analizar la trayectoria pública de uno de los ministros más relevantes del primer franquismo: José Ibáñez Martín, titular del ministerio de Educación Nacional entre los años 1939 y 1951, y quien después continuó vinculado al régimen del General Franco ocupando otros cargos públicos, como la embajada de España en Portugal o la presidencia del Consejo de Estado. Estamos ante un personaje histórico que desarrolló una fecunda labor pública de indudable influencia en la sociedad española de su tiempo y ese ancho campo de realizaciones prácticas que él labró, no puede desvincularse de su piedad y trayectoria vital católica.

Natural de Teruel e Influido por el padre Conejos, quien le enseñó a leer a Balmes, Aparisi y Guijarro, Donoso Cortés y Menéndez Pelayo, el político turolense aprendió que el destino y la unidad del país radicaban en la fidelidad de España al catolicismo. De nuestro protagonista, al que pronto apodaron Padre Gracián por secundar el providencialismo ignaciano de este último, se le ha tachado de ser un hombre de rápida evolución y de no fácil colocación entre las diversas familias del franquismo. En realidad, Ibáñez Martín creyó siempre en la unidad de ideas y de acción en torno a la reconquista espiritual de España.

Promocionado en agosto de 1939 por Serrano Suñer para suceder a Sáinz Rodríguez en el Ministerio de Educación Nacional, Ibáñez Martín entró en el Gabinete junto a otro propagandista, José Larraz. Enseguida se rodeó de un equipo ministerial formado por nueve miembros de los que cinco eran propagandistas: José Pemartín, el marqués de Lozoya, Pedro Rocamora, Luis Ortiz y José María Albareda. También él pertenecía a la ACNdP, y el entonces presidente de la Asociación, Fernando Martín-Sánchez Juliá —a quien pensó proponer para una Dirección General de Escuelas Especiales, finalmente no llevada a la práctica—, le envió por carta la oración de la Asociación «para sobrenaturalizar todas tus tareas y hacerlas más gratas a Dios». Sus colaboradores traían a la vida pública soluciones ya perfiladas para los problemas de la enseñanza, la cultura y la ciencia, al ser veteranos combatientes de las luchas de los años veinte y treinta.

Eran tiempos en que había que extender la cultura intelectual y moral, defender los derechos de la Iglesia en la vida pública y cuidar la educación católica de los españoles, a fin de revertir esa otra desamortización que había sido la secularización de la sociedad. En este marco, Ibáñez Martín desarrolló dos virtudes políticas: la lealtad y la capacidad de interpretar y adaptarse a las maniobras de Franco. Fue un político prudente que supo encontrar el punto medio entre los grandes proyectos ideales y lo que daba de sí el penoso trabajo diario en el Ministerio.

El libro gira casi por completo en torno a la descripción de la reforma educativa que efectuó desde su Ministerio. El 13 de agosto de 1940, nacía el Consejo Nacional de Educación (CNE), con labores de asesoramiento intelectual y técnico, aunque el ministro no pudo evitar los trámites burocráticos de una Administración casi carente de medios materiales. El Estado —nos alerta el autor— podía instruir y fiscalizar, pero tenía serias dificultades para educar. También, en noviembre del año anterior había nacido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), probablemente la obra más apreciada por el Ministro y que el papa Pío XII quiso elogiar por escrito, porque trató de impulsar la investigación científica y la renovación de las ideas tradicionales, las del siglo XVI, incorporando, con sentido español, los progresos de la cultura moderna.

Su talante posibilista le permitió arrostrar la escasez de escuelas y la pobreza de los maestros, favoreciendo la participación corporativa de los estudiantes, pese al absentismo de muchos de ellos. Pensó en remediar, a través de la escuela, la situación de las clases populares mediante la Ley de Educación Primaria promulgada en 1945, desde la convicción de que todos, profesores y estudiantes, debían ser leales a los principios intelectuales que garantizaban la unidad ideológica del Estado, pues en eso radicaba la verdadera ciudadanía. El 21 de julio de 1944, introdujo en la Ley de Protección Escolar fórmulas como las becas de estudio, la asistencia médica gratuita a los estudiantes, las cooperativas de consumo o los comedores escolares. También, acordó la subvención de centros privados, el nombramiento de párrocos como maestros en las escuelas oficiales de pueblos pequeños y aseguró la selección del profesorado para quienes lo merecían, convencido de que cada docente debía ser maestro y, por lo tanto, padre para sus alumnos. Su buena gestión produjo que a finales de los años 40 hubiera ya más profesores que en el escalafón de 1935.

En el libro se desmontan varias acusaciones. La primera, que Ibáñez Martín se negara a que algunos monárquicos obtuvieran la cátedra universitaria, por ejemplo, Gil-Robles y Vegas Latapié; en realidad, quiso evitar que algunos utilizaran las cátedras para orientar el Régimen a su favor. También, su supuesta influencia en la penetración de miembros del Opus Dei en las oposiciones a cátedras. Sin embargo, entre 1939 y 1951, solo el 3,74% del total de catedráticos de la universidad española eran opusdeístas. Finalmente, se cuestiona que la guerra civil supusiera una fractura total con la universidad anterior: en 1940, casi la mitad de los nuevos catedráticos había solicitado o recibido una pensión de la Junta para Ampliación de Estudios. Asimismo, el Ministro entendía, con Albareda, que no debía suprimir las universidades de provincias porque en ellas radicaba el núcleo espiritual de España, y posibilitó el salto a la Universidad de los profesores del CEU. Ambos incorporaron también a antiguos catalanistas, sus instituciones provinciales e, incluso, la lengua catalana al CSIC.

Otra cuestión a tener en cuenta fue la posición de la jerarquía eclesiástica. Esta pugnaba por su independencia a la par que buscaba orientar al nuevo Estado sin la deriva estatista de la Falange, que a partir de 1940 quería educar a los estudiantes a través del Frente de Juventudes. Además, estaba la solicitud de que se autorizara una Universidad católica. Ibáñez Martín, que sellaba los libros de su biblioteca personal con el exlibris «sólo Dios basta» de santa Teresa de Jesús, pensaba que el Estado ya garantizaba los derechos de la Iglesia. Era el criterio de Franco. Y esto le provocó no pocas tensiones a cuenta de la Segunda Enseñanza. Con todo, en la ley de reforma de la universidad de 1943 se incluyó dicha posibilidad, lo que debía ser objeto de posterior negociación con la Santa Sede. Esa ley también contempló la dirección espiritual en los futuros colegios mayores, que llegaron a sesenta y ocho cuando abandonó el Ministerio; entre ellos, en 1951, el Colegio Mayor Universitario de San Pablo. A la postre, su drama vital fue el de soportar enormes críticas por parte de otros católicos.

En su momento tuvimos la oportunidad de leer la tesis doctoral del autor, en la que se basa la presente obra. Recomendamos ahora la lectura del libro de Veci Lavín, el cual ofrece claves de interés sobre la política, cultura y educación de la posguerra, y las vicisitudes del catolicismo político y social en España durante el siglo XX.