Reforma de las pensiones: una decisión cortoplacista y contraproducente

El martes, Gobierno y sindicatos acordaron subir las cotizaciones de empresarios y trabajadores a la Seguridad Social, y lo hicieron con el rechazo de la patronal. Ya se venía mascando la tensión. En los últimos días, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, dijo que, sí o sí, habría cambios. Sobre la mesa se pusieron distintas opciones. Por un lado, aumentar las cotizaciones de trabajadores y empresarios; y, por otro, incrementar los años que se tienen en cuenta en el cálculo de la pensión. El Gobierno alega que, en las actuales circunstancias económicas y sociales, el sistema de pensiones no es viable.

Llevamos décadas oyendo que su reforma resulta imprescindible. Que no se puede mantener un sistema de reparto, como el que tiene España, con la creciente esperanza de vida, y con una tasa de natalidad tan baja como la nuestra. Como es bien conocido, los trabajadores de hoy pagan con sus cotizaciones las pensiones de los jubilados de hoy. Es lo que suele llamarse solidaridad intergeneracional.

Si repasamos la historia, las primeras reformas de calado del sistema de pensiones se llevaron a cabo en 1985, hace más de 35 años. Ya en aquel momento, decidió ampliarse el periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión, desde los diez años hasta los quince. Además, a la hora de fijar la base reguladora que determinaba la pensión, pasaron a computarse los ocho años previos a la cotización, frente a los dos que se tenían en cuenta hasta aquel momento.

Desde entonces, las reformas se han ido sucediendo, siempre con el mismo planteamiento de fondo: reducir el gasto en pensiones o incrementar los ingresos. Pero, si el problema no es nuevo, ¿por qué son necesarios tantos retoques?

En primer lugar, porque a ningún Gobierno le gusta dar malas noticias. Especialmente cuando éstas afectan al poder adquisitivo de un amplio número de electores, los pensionistas. En segundo lugar, porque es muy difícil tomar decisiones en solitario, sobre todo cuando no se cuenta con una amplia mayoría. Resulta impensable que un Gobierno cuente con el apoyo de la oposición para adoptar medidas impopulares. Y, finalmente, porque es difícil hacer recortes cuando se está en el Gobierno, que, previamente, se habían criticado desde la oposición.

Aunque parece haber consenso sobre la escasa viabilidad de las pensiones, no parece haberlo sobre las medidas que deben adoptarse. Las alternativas para reducir gastos, tales como retrasar la edad efectiva de jubilación, ampliar los años que se tienen en cuenta para calcular las pensiones, o exigir un mayor número de años de cotización para cobrarlas, parecían descartadas por impopulares.

En cuanto a las propuestas del Gobierno para aumentar los ingresos, éstas pasan por incrementar las cotizaciones empresariales, o por eliminar los topes salariales sobre los que se aplica la cotización. No es una buena noticia. Habría sido deseable, para la buena marcha de la economía, que el Gobierno no contribuyera a incrementar los costes empresariales. Sobre todo, en un contexto de subida del salario mínimo interprofesional, aumento del precio de las materias primas y otros componentes, y encarecimiento de la energía.

España es el decimocuarto país del mundo por volumen del PIB. Nuestra economía está formada por un complejo equilibrio de intereses. Si se cambia bruscamente un factor (las cotizaciones sociales), eso tiene repercusión sobre otras muchas variables: precios, sueldos, beneficios empresariales, contrataciones de trabajadores. Se tenía que haber evitado esta reforma, que, probablemente, avoca a los empresarios a repercutir, en el precio de los productos o en los ajustes de plantilla, la nueva carga para ellos: el aumento de las cotizaciones.

El Gobierno debería haber dado una respuesta realista a los problemas que presenta nuestro sistema de pensiones para hacerlo sostenible en el tiempo. De esa forma, habría tenido en cuenta las necesidades de los pensionistas actuales, pero también de las generaciones futuras. Eso sería trabajar por el interés general, haciendo compatible la competitividad de nuestras empresas y la viabilidad de los mecanismos de protección social.

Cristina Mingorance Arnáiz y Rafael Pampillón Olmedo son

profesores de la Universidad CEU-San Pablo