El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero
El Libro Blanco de la Reforma Tributaria
El líder de los expertos encargados de la reforma fiscal apuesta por subir los impuestos
El Ejecutivo encargó en abril a un equipo de expertos diseñar las líneas maestras sobre las que girará la futura reforma fiscal. Su presidente, Jesús Ruiz-Huerta, apostó –en una comisión en la Asamblea de Murcia– por pedir «a los ciudadanos que colaboren un poco en sacar adelante al país», en referencia a una posible futura subida de impuestos
El presidente del comité de expertos a los que el Gobierno ha encargado los pilares sobre los que se construirá la futura reforma fiscal es un claro partidario de las subidas de impuestos, especialmente, en contextos de crisis y recuperación económica.
En junio de 2020, cuando el confinamiento estaba a punto de llegar a su fin, el profesor Jesús Ruiz-Huerta Carbonell compareció ante la Comisión sobre financiación autonómica invitado por los diputados de la Asamblea de Murcia. Durante su intervención, el Catedrático de Economía Aplicada de la Rey Juan Carlos dio varias pinceladas de su visión sobre la senda fiscal que debía tomar España. (LEA LA COMPARECENCIA COMPLETA)
Varios meses después, el Ejecutivo de Sánchez le encargó liderar los trabajos para establecer las conclusiones de cara a una futura reforma fiscal. Un documento de recomendaciones que su equipo, formado por otros 16 expertos, deberá entregar antes del próximo 28 de febrero de 2022.
«Después de una gran guerra y una desolación tremenda de un territorio, lo normal es que los gobernantes pidan a los ciudadanos que colaboren un poco en sacar adelante al país, y a mí me da la impresión de que estamos en esa situación», decía Ruiz-Huerta en junio de 2020, en un claro alegato a un incremento de la presión fiscal sobre los ciudadanos.
Lo normal es pedir a los ciudadanos que colaboren un poco en sacar adelante al país
Durante su comparecencia, el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos no detalló qué impuestos sería más oportuno elevar, pero si dio algunas pistas de por donde podrían girar las conclusiones sobre las que se construirá la futura senda fiscal.
En la nota de prensa en la que el Gobierno anunciaba la creación del equipo dirigido por Ruiz-Huerta, se hacía hincapié en la fiscalidad medioambiental, la imposición en sociedades, la tributación de la economía digital y en la armonización patrimonial.
«No podemos oponernos tan drásticamente a la búsqueda de ingresos adicionales para hacer frente a una situación tan dramática como la que estamos viviendo. Yo creo que cae por su propio peso», insistió el presidente del grupo de expertos fiscales.
Ruiz-Huerta afirma que una parte muy importante del presupuesto es destinada a pagar los intereses de las emisiones del enorme volumen de deuda que mantiene España. Es por ello, por lo que el Estado debe acudir a elevar los ingresos a través de los impuestos.
Es más, el catedrático afirma que España tiene una presión fiscal muy inferior a la de otros miembros de la Unión Europea como Alemania, Francia e Italia, pero también otros como Letonia, Estonia o Chequia, «estamos cinco puntos por debajo. Parece que hay un cierto margen, ¿no? Lo importante es hacerlo bien», decía, antes de saber que sería él el encargado de recomendar cómo gestionar ese posible aumento de la presión fiscal.
Lealtad institucional de las CC.AA.
Ruiz-Huerta apuesta por replantear el reparto de la financiación autonómica, alejándose de la disputa política que suele invadir el debate técnico. Es por ello, por lo que el profesor apuesta por una ‘lealtad institucional’ capaz de derrumbar los agravios comparativos entre comunidades.
«Hay grupos de ciudadanos que piensan que mientras no haya un partido regionalista o nacionalista no va a tener los beneficios que tienen las comunidades que sí cuentan con partidos nacionalistas o regionalistas. Esto es una tragedia realmente», afirmó en su comparecencia.
En este sentido, el catedrático pidió a los presidentes autonómicos encargados de negociar la financiación autonómica responsabilidad y solidaridad. «La lealtad institucional significa que si yo, Gobierno central, estoy negociando en Bruselas, lo ideal sería que negociara con el apoyo de las comunidades autónomas afectadas».
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